Cuando el histórico ex hotel Savoy vuelva a ser de los tucumanos el gobernador José Alperovich tendrá 107 años y estará transitando su decimoquinta reelección. Distinta suerte correrán los legisladores, ya que son simples mortales. Excepto un par de ellos, que rondan los 30 años y con fortuna podrían estar vivos dentro de 50 años, la mayoría de los parlamentarios se habrá ido de esta Tierra mucho antes de que caduque la concesión que este jueves aprobaron. Por 38 votos a favor, siete en contra y cuatro ausencias, los representantes del pueblo resolvieron que la empresa Impresora Internacional de Valores SA (Ivisa) administre por medio siglo el emblemático edificio de Barrio Norte y siga explotando las 200 tragamonedas que noche a noche esquilman a cientos de ludópatas en las instalaciones del Casino. "Siempre son los mismos, jugadores compulsivos que dejan la vida en las maquinitas y otros que no apuestan tanto, pero vienen todas las noches a perder unos pesos. Los jugadores ocasionales, esos que vienen a divertirse, son los menos", comentó hace un mes una empleada del Casino mientras transcurrían las asambleas de los 180 trabajadores estatales temerosos de perder sus puestos a raíz de la privatización.

El juego es otra de las adicciones con las que hace negocios el Estado (en el mejor de los casos es el Estado el que hace los negocios), promoviendo la instalación de cientos de locales con tragamonedas -exacta definición de lo que hacen con el dinero de los incautos-, un rubro que funciona las 24 horas en Tucumán y que junto con la prostitución están de facto exceptuados de la desatinada ley de 4 AM, que obliga a cerrar sus puertas a los peligrosos boliches, bares, restaurantes y teatros por la seguridad de la población.

Los argumentos del Gobierno, repetidos por sus asalariados que ocupan bancas legislativas, tienen menos sustento que el que sostiene que en Tucumán hay un 3% de desocupación, según Alperovich. "¿A quién se le ocurriría, en su sano juicio, comprar una casa que tiene inquilinos?", justificó un parlamentario, en referencia a que le dieron todo el inmueble, por medio siglo y sin licitación ni cotejo de precios, a una empresa sólo porque tiene concesionadas unas tragamonedas dentro del Casino, que a su vez representa sólo una parte del histórico edificio. Es el argumento exactamente opuesto al que utilizó el viceministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, para expropiarle nada menos que YPF a nada menos que Repsol.

Tampoco hay plan de obras -sólo un plazo de ejecución de 24 meses-, algo gravísimo para un edificio amparado por la Ley 7.535 de Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia.

¿Patrimonio Cultural? Qué ingenuidad estamos diciendo. Si se cargaron con los pulmones de manzana de la capital porque pensaron que iba a ser un gran negocio (en realidad para una sola empresa), ordenanza que ahora los concejales están por derogar o modificar porque descubrieron que los dividendos proyectados no eran tales.

Otro de los argumentos del oficialismo es que el edificio se está cayendo a pedazos y había que hacer algo rápido. A sólo una cuadra gastaron 130 millones de pesos para hacer la nueva Legislatura. No costaba nada llevar algunas bolsas de cemento y tarros de pintura que sobraron, como tantas veces hicieron algunos funcionarios para arreglar sus casas particulares. Pero este es un edificio público, es decir, de nadie.

Con la misma urgencia se pasaron por alto las denuncias de coimas contra Ivisa, se aprobó la exención al Impuesto de Sellos y se otorgaron créditos públicos para hacer las obras. Sí, leyó bien, las inversiones se harán con el dinero de la gente. Y el dinero de sus hijos, nietos y bisnietos.