Rebelde, desobediente, inconformista, indócil, insubordinado, insumiso, indisciplinado. Cualquiera se estos sinónimos podría pintar la idiosincrasia de una buena parte de los tucumanos ante la ley. Las picadas forman parte del folclore urbano tucumano desde hace años. Las avenidas Perón y Belgrano suelen ser las predilectas de los "tuercas", pero también figuran como pistas de diversión la ruta 305, la avenida que conduce al aeropuerto; la ruta 9, a la altura del ingreso a San Cayetano; el camino de sirga, en el límite con San Pablo; así como las avenidas Francisco Solano en el barrio Soeme, de Las Talitas, y Wenceslao Posse, detrás de la terminal de ómnibus.

En la madrugada del miércoles pasado, por una nueva solicitud de los vecinos que están hartos de los ruidos molestos, la Policía efectuó un amplio operativo con alrededor de un centenar de hombres y secuestraron 26 automóviles y dos motos. Entre los infractores había menores, aunque algunos de ellos sólo estaban mirando el espectáculo. Los padres de estos jóvenes fueron notificados y se ocuparon de buscarlos en la comisaría, según dijo el jefe de la Unidad Regional Oeste. Según establece la ley, los propietarios de los vehículos confiscados deberán pagar una multa para recuperarlos.

El operativo también abarcó las localidades de Santa Lucía, Teniente Berdina, Sargento Moya, Capitán Cáceres, Soldado Maldonado, Los Sosa, Monteros y Acheral. En ambos procedimientos intervinieron distintas divisiones operativas de la regional Oeste.

A comienzos de febrero pasado se había efectuado un procedimiento en contra de las picadas, que se organizan en San Pablo. En aquella ocasión se incautaron 57 motocicletas que estaban tuneadas para carreras de corta distancia.

En San Miguel de Tucumán, el artículo 297 del Código de Tránsito de la Municipalidad prescribe que las carreras en la vía pública están prohibidas y se las considera una falta grave. La norma establece penas que van desde el secuestro del vehículo por 60 días, la suspensión del carnet y multas. En la ley nacional 24.449, que fue modificada en 2008, se indica que se reprimirá con prisión de seis meses a tres años, e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo que dure la condena, a quienes pongan en riesgo la vida o integridad física de personas por realizar pruebas automovilísticas en la vía pública, sin autorización de autoridad competente.

El año pasado, la Legislatura sancionó una ley por la cual se legalizaban las picadas. Se establecía que las medidas de seguridad y los parámetros bajo los cuales se desarrollarían estas carreras deberían ser reglamentadas por el Gobierno. Para poder hacer suya la norma los municipios debían adherirse mediante ordenanza a la norma. El fundamento se apoyó en la necesidad de blanquear una actividad que sobrevive por inacción del Estado y que atentaba contra la seguridad vial. La norma fue vetada por el Ejecutivo.

Los transgresores tuercas no sólo ponen en peligro la vida propia, sino también la de los demás. Si las autoridades se animaran a aplicar con todo rigor la ley 24.449 y sus modificatorias, y los indomables fueran a prisión y se les retirara la licencia de conducir, posiblemente estas competencias disminuirían o, en el mejor de los casos, desaparecerían. La educación y la ley son las herramientas fundamentales para generar conciencia y desalentar a los rebeldes.