Ni el voto en contra de los cuatro ediles opositores, ni el pedido de postergación del tratamiento del proyecto que realizó por nota el Colegio de Abogado de la capital obraron como impedimento para que los concejales oficialistas aprobaran la adhesión del municipio a un artículo del Código Tributario provincial.
La norma que calentó el debate en el recinto establece que la Municipalidad podrá diferir el pago de bonos profesionales y aportes previsionales de los abogados que litigan en nombre del municipio, para cuando finalice el juicio y no al inicio del pleito. Para ello, los ediles adhirieron ayer al tercer párrafo del artículo 174 del Código Tributario provincial. Las críticas a la iniciativa del intendente, Domingo Amaya, se agudizaron durante los últimos días por parte del representante del Colegio de Abogados de la Capital, Eudoro Aráoz y del titular de la Caja de Previsión y Seguridad Social, Pedro Yane Mana. Los letrados habían asegurado que la adhesión de la Municipalidad al Código Tributario provocaría el desfinanciamiento del ente previsional.
En el recinto, el proyecto fue defendido, en primer lugar, por el alperovichista Iganacio Golobisky. "Al municipio les cuesta $ 700.000 anuales el pago de los bonos profesionales y de los aportes previsionales a los abogados. Con esta ordenanza el municipio no eludirá el pago, sino que lo postergará hasta el final del litigio si es que el estado municipal pierde el juicio. Por otro lado, los representantes de los abogados manifiestan que la ordenanza pretende vulnerar la ley de creación de la Caja de Previsión. Esto no es así, el municipio solamente está adhiriendo a una ley, en este caso el Código Tributario", afirmó Golobisky.
Por su parte, el amayista Germán Alfaro señaló que la medida no pretende eliminar el pago de los bonos profesionales. "La medida sólo busca diferir el pago y utilizar esos fondos para más servicios. También se busca equiparar a los abogados del municipio con los de la provincia", explicó el ex diputado nacional. Desde la oposición, Sandra Manzone (Coalición Cívica) advirtió que la ordenanza aprobada "viola los principios constitucionales sobre la autonomía municipal".