Así como hay sociedades, cuyos gobernantes tratan de encontrar soluciones a sus problemas, hay otras que tienen la extraña costumbre de crear organismos con esa finalidad, pero logran el resultado contrario, es decir convertir los problemas en crónicos. Ello sucede con frecuencia en San Miguel de Tucumán, por ejemplo, en materia de taxis. "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie... una de esas batallas que se libran para que todo siga como está", decía un personaje de la novela "El gatopardo", de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

El Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa) sigue sin ordenar este servicio público. De acuerdo con el informe presentado por el titular de esa repartición y funcionarios del área de Transporte a pedido de los ediles capitalinos, de los 8.000 vehículos que fueron inscriptos como taxis desde que se aprobó en 2006 la ordenanza que regula la actividad, sólo 1.098 cuentan con licencias definitivas aprobadas por decreto, es decir el 13% del total. Se informa que 3.003 licencias fueron dadas de baja y que otras 3.900 se hallan con permisos precarios, porque deben completar los papeles. La tardanza de los propietarios de los autos en la entrega de la documentación solicitada es la causa principal por la que se dan de baja los permisos. El organismo cuenta con 45 inspectores para controlar los 8.000 o más vehículos que circulan por la ciudad. Se estima que alrededor de 5.000 trabajarían en forma ilegal.

El intendente dijo que el municipio llamará a una licitación en no más de 30 días para hacer un control con un sistema electrónico y afirmó que el número de 8.000 autos es en toda la provincia, no en la capital, contradiciendo las cifras proporcionadas por las reparticiones. "Llaman ilegales a los que están legales en otros municipios que vienen a traer gente y se retiran", agregó. Respecto del nuevo sistema de control, dijo que hay dos alternativas. A través de un chip que tendrá el taxi se sabrá quién es el dueño, la licencia, si no adeuda el canon; quiénes son los choferes y si tiene la revisión técnica. La otra modalidad consiste en una antena que informa cada vez que el chip entra a un sector de la ciudad. Pero nada dijo de la ineficacia del Sutrappa para ordenar este servicio público.

Tras la muerte de Paulina Lebbos (2006), el Gobierno decidió finalmente intentar ordenar el caos de este servicio. El Concejo Deliberante creó el 11 de abril de 2006 el Sutrappa. Ese mismo día, tras la aprobación, se dijo que el sistema era incompatible con la Ley Nacional de Tránsito, que establece 10 años de antigüedad para el transporte de pasajeros. El 3 de agosto de ese año, el Concejo otorgó mayores facilidades a los taxistas y remiseros ilegales para poder ingresar en el Sutrappa. La norma permitía que circularan legalmente, por lo menos, 830 autos de alquiler de más de 14 años de antigüedad. El sistema había sido diseñado para 6.200 vehículos, pero inscribieron cerca de 8.000 automóviles.

Han transcurrido seis años desde la creación de un organismo cuya misión era cambiar una realidad que atentaba contra la seguridad del ciudadano y combatir la ilegalidad. Ello habla no sólo de ineficacia, sino de algo más preocupante, de una falta de voluntad de las autoridades para solucionar este problema serio. Mientras la ley no se aplique con rigor y a todos por igual, los tucumanos seguirán sintiendo temor al subir a un auto de alquiler.