El sector del campo logró un avance en su pretensión de que el Poder Ejecutivo decrete la emergencia agropecuaria: la Dirección de Agricultura -dependiente, en última instancia, del Ministerio de Desarrollo Productivo- comenzó ayer con las inspecciones en distintos terrenos de la provincia.
"Nos reunimos con el Gobierno; y ellos resolvieron comenzar a instrumentar las inspecciones, en atención a la urgencia que hay", contó el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Manuel Avellaneda. Admitió que las gestiones para que se decrete la medida continúan, pero señaló que recorrer los campos para evaluar la afectación resulta positivo: "se va ganando tiempo, que luego resultará valioso; ellos inspeccionan las zonas, y evalúan el daño; es decir, dónde se afectó más 50%, para conceder la emergencia agropecuaria".
En ese sentido, el ruralista aprovechó para recordar que, en caso de que se decrete, la emergencia agropecuaria regirá sólo para aquellas zonas que se califiquen como afectadas -es decir, que presenten daños iguales o mayores al 50%-. "Si luego de la inspección surge que el campo resultó afectado, al productor se le dará un certificado, y él deberá iniciar los trámites", precisó.
En concreto, la emergencia agropecuaria permite al ruralista obtener ciertos privilegios. En el ámbito provincial, estos se traducen, básicamente, en beneficios impositivos. "Hasta ahora, se conceden beneficios en torno del impuesto Inmobiliario; y quizá algún otro favor que pueda otorgar la Provincia", afirmó.
En el ámbito nacional, esta medida implica, además de reducciones impositivas, dinero en efectivo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca distribuye entre los productores afectados, prórrogas de pagos, mejores tasas de interés en el banco Nación, entre otros. "Si se dicta en la provincia resulta más sencillo gestionar la nacional", dijo Avellaneda.