Al final, el comisionado rural de Colombres, Manuel Daniel Hernández, no se mostró por los pasillos del Tribunal de Cuentas (TC), donde lo esperaban para escuchar su versión sobre los resultados de una auditoría que lo compromete. Sin embargo, el delegado envió a su abogado, quien les entregó una carpeta a los investigadores contables con documentos para tratar de regularizar su situación ante el ente de contralor.

De todas formas, no hubo buenas noticias para Hernández. Desde el Tribunal de Cuentas lo notificaron para presentarse a declarar el próximo martes por dos procesos administrativos (se tramitan tres en su contra).

El primero de ellos es el más complicado. A las 11 de ese día, el delegado tendrá una de las últimas chances de aclarar por qué, durante el primer bimestre de 2008, gastó $ 368.910 en personal contratado por la comuna de manera irregular, según el expediente del TC.

Luego, a las 17.30 de esa jornada, Hernández deberá explicar por qué la comuna les pagó sueldos a 43 empleados durante 2011, aunque no figuraban en el Centro de Cómputos de la Provincia, y por qué los trabajadores no recibían aportes de ART ni de seguridad social, pese a que sí se realizaban esos descuentos en las boletas, tal como indica el informe.

Cada dos meses, las comunas están obligadas a rendir cuentas ante el TC. Los auditores reciben los biblioratos y cotejan los ingresos y los egresos. De esta manera, los auditores detectaron irregularidades en Colombres.

En noviembre, se inició un juicio de cuentas contra Hernández y su secretaria, Marta Casaballe. En varias instancias, los contadores les requirieron a los funcionarios que justificaran la contratación de empleados sin respetar las normas vigentes. Pero eso, por ahora, no ocurrió. El martes a la mañana, el instructor del expediente, José Agustín Poviña, aguardará al delegado en las oficinas del TC. Según trascendidos, no le quedan demasiadas oportunidades más para regularizar su situación. El proceso puede terminar con el sobreseimiento de Hernández, pero también las autoridades del tribunal, Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, pueden imponer sanciones que van desde el apercibimiento, pasando por la reposición económica del patrimonio en cuestión, hasta la notificación a la Justicia penal para determinar posibles delitos.

Para colmo, el comisionado tiene dos apercibimientos en los archivos del ente de contralor. Eso es algo que el TC también tiene en cuenta a la hora de emitir un acuerdo definitivo.

Pero esto no es todo. El 29 de febrero, luego de una auditoría, se detectó que en Colombres hubo 43 empleados contratados irregularmente durante 2011. Ayer, el abogado de Hernández aportó algunos datos para tratar de justificar la situación. Sin embargo, el propio comisionado deberá comparecer el próximo martes ante el instructor, Jorge Pedraza, para tratar de evitar que el proceso en su contra avance.

El tercer expediente que compromete a Hernández se convirtió en un sumario de cuentas el pasado 9 de marzo. En el acuerdo, el TC le requiere al delegado comprobantes por un valor total que ronda los $ 2,1 millones. El monto es alto, por tratarse de una comuna, pero el polémico funcionario tiene confianza en que podrá regularizar su situación ante los auditores.

Los últimos meses fueron muy complicados en lo contable para Hernández, que el martes deberá rendir un examen en dos de las investigaciones que realiza el Tribunal de Cuentas. Y el reloj ya está corriendo.