BUENOS AIRES.- Políticos de la oposición salieron ayer a rechazar la imputación que les lanzó el Gobierno de fogonear las "extorsivas" protestas sociales callejeras y acusaron a la Casa Rosada de afectar la paz social con sus políticas y de "privilegiar" a las organizaciones afines al kirchnerismo. El diputado de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, replicó a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien ayer lo vinculó con los cortes de calles "desestabilizadores", y dijo que la funcionaria estaba "en una pendiente cuesta abajo" y usaba "términos de la Ley Antiterrorista que el Gobierno votó". En la misma sintonía, el dirigente del Frente Amplio Progresista (FAP) Hermes Binner acusó a la Nación de "discrecionalidad" y de excluir, entre otros, a Santa Fe del Plan Argentina Trabaja, presuntamente porque no comulga con el ideario kirchnerista. Binner se solidarizó con los reclamos de grupos sociales que piden ser beneficiarios de ese programa asistencia.
El viernes, Garré evaluó como una "extorsión permanente" y una "metodología salvaje" las protestas callejeras de organizaciones sociales y apuntó contra grupos conducidos por "Vilma Ripoll, (Néstor) Pitrola, (Juan Carlos) Alderete y Solanas", a quienes acusó de "desestabilizar". También aludió a Binner.
A la réplica opositora, se sumó el jefe del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, quien presentó un proyecto para que el Gobierno informe qué criterios usó para otorgar un presunto aumento de $ 550 a beneficiarios de Argentina Trabaja y si 100.000 personas quedaron excluidas de ese plan. En este marco, Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete, dijo que el Gobierno "construye una realidad con un discurso muchas veces falaz". Advirtió que la gestión de la presidenta, Cristina Fernández, "tiene muchas dificultades" para entender la realidad. (DyN)