El comisionado rural de Colombres, Daniel Hernández, comenzó el año 2012 tal como finalizó 2011: desfilando por el Tribunal de Cuentas (TC). El delegado rural alperovichista deberá ahora explicar por qué no efectuó los aportes previsionales y de riesgos de trabajo a más de 40 empleados contratados.

El último día de febrero, el TC firmó el Acuerdo N° 337, mediante el que expone los resultados de una auditoría efectuada en la localidad del este. Según el documento, se detectaron irregularidades administrativas en los legajos de 43 trabajadores transitorios. "Estos empleados no se encuentran liquidados por el Centro de Cómputos de la Provincia, y cobran sus haberes por liquidaciones de sueldo de la comuna", reza el texto firmado por Miguel Chaibén Terraf (presidente) y los vocales del TC Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

Sin embargo, el dato llamativo de la auditoría es que estos trabajadores sufren los descuentos de ley en sus haberes, pero no reciben los aportes correspondientes. "Ante la solicitud de esta delegación con respecto al depósito de los aportes y descuentos previsionales practicados a estos empleados, responden a través de nota en la que se informa que los aportes y contribuciones previsionales de la seguridad social descontados no pueden ser depositados por cuanto sólo pueden efectuarse con el CUIT del Superior Gobierno de la Provincia y no con el CUIT de la comuna", sostiene el Acuerdo.

Además, estos empleados contratados tampoco tienen una cobertura en caso de riesgos de trabajo, según consta en el Acuerdo. "Con respecto a los aportes de ART del personal, la comuna no realiza los mismos al igual que los aportes y contribuciones de la seguridad social", advirtieron los auditores.

El ente de control, paralelamente, aclaró que estos empleados transitorios fueron tomados, incluso, sin la autorización previa del Ministerio del Interior, paso exigido por la normativa vigente. "Surge de lo manifestado por el comisionado comunal que a este personal se les efectúan retenciones de carácter previsional que no son depositadas por cuanto la comuna rural carece de CUIT como empleador y la Dirección de Sistemas no los incluye en las liquidaciones de haberes porque no cuentan con el decreto de nombramiento…", detalló el Tribunal.

En consecuencia, ante las "irregularidades administrativas", el Tribunal de Cuentas dispuso el inicio de una comprobación sumaria en la delegación rural a fin de deslindar responsabilidades y determinar la existencia o no de un daño al patrimonio del Estado.

Hernández asumió por primera vez en 1999. Cuatro años después, su lugar fue ocupado por su hermano, Miguel Hernández. Luego, Daniel volvió a tomar las riendas del pueblo en 2007, y en agosto pasado fue reelecto. Su hermano, en tanto, fue contratado por el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, junto a otros 50 ex delegados comunales oficialistas.

En noviembre, el Tribunal de Cuentas le inició a Hernández un juicio de cuentas, debido a que se designó personal en 2008 sin notificar al Poder Ejecutivo, como indica la norma. La erogación irregular, según el ente de contralor, asciende a $ 368.910 en dos meses.