La "sintonía fina" puesta en marcha por el gobierno de Cristina Fernández al modelo económico, hizo eclosión política esta semana, en la que nuevas pulseadas se sumaron a problemas de arrastre. La Presidenta necesitó o se tomó más tiempo que nunca para presentar el estado de situación del país ante la Asamblea Legislativa, en medio de anuncios, cuellos de botella y "fatalidades" que marcan el actual tiempo político y económico.

El cuadro de situación configurado en las últimas semanas muestran más malas noticias que buenas para un Gobierno acostumbrado a enviar mensajes de abundancia y que ahora debe justificar los porqué de la coyuntura actual. Esto acentuó las divisiones en las alianzas políticas que el kirchnerismo había forjado con la mayoría de los gremios. A la ya ruptura con el titular de la CGT, Hugo Moyano, se sumaron dirigentes que habían acompañado a la administración kirchnerista en etapas de bonanza como los de Ctera.

La Confederación lanzó un paro nacional para mañana en reclamo de un salario de $ 3.000 y la Presidenta, que ve naufragar su intento de contener las ambiciones sindicales, les pegó donde más duele: dijo que trabajan cuatro horas y que tienen tres meses de vacaciones, lo cual no es real. Más certera estuvo al reprochar los altos niveles de ausentismo docente.

En el fondo de esa discusión subyace una puja por controlar a la inflación, aunque otras decisiones tomadas en las últimas horas pueden llegar a ser contraproducentes para esa misión como la de permitir que el Banco Central use más reservas -ya no solo las de libre disponibilidad- para pagar deuda.

Precisamente este anuncio, uno de los principales que formuló la jefa de Estado ante el Congreso y que será formalizado por ley, también tiene otra explicación: la imposibilidad de acordar con el Club de París para facilitar el regreso a los mercados voluntarios de crédito. Una de las primeras medidas derivadas de la "sintonía fina" fue la eliminación de subsidios. En ese contexto, la Casa Rosada buscó desprenderse del servicio del Subterráneo de Buenos Aires al que asignaba $ 700 millones anuales y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, lo había aceptado con la premisa de mostrar "gestión" para su proyecto presidencial.

El problema aquí precisamente es ése, la pelea por el poder de cara a 2015, que lamentablemente para más de un millón de usuarios del subte se adelantó tres años y medio. Luego de algunos sinsabores en la negociación, el jefe de Gobierno intuyó que convenía pagar el costo político de devolver el servicio ahora y no más adelante cuando los probables problemas con los gremios combativos, la falta de recursos y la imposibilidad de ejecutar obras se lo cobren.

De paso se plantó como el único contendiente de peso a la administración central, teniendo en cuenta que la UCR no tiene un líder claro y a Hermes Binner ya le cuesta encontrar su rol tras haber abandonado el ejecutivo santafesino.