Hace pocos días, en San Pablo, una impecable operación de la Unidad Regional Oeste de la Policía de Tucumán, sorprendió a más de medio centenar de motociclistas que se aprestaban a iniciar una "picada". Como lo informamos (LA GACETA, 7 de febrero) fueron secuestradas allí 57 motos de diferentes cilindradas, por violar la Ley Nacional de Tránsito. Resulta ilustrativo añadir el dato de que quienes montaban 32 de estos vehículos, eran menores de edad, y que ninguno de los integrantes del grupo utilizaba casco. Sabemos que las "pícadas" constituyen una peligrosa modalidad, que estos últimos años se ha multiplicado en Tucumán. Sus escenarios son variados. Suelen localizarse, por ejemplo, en la avenida Wenceslao Posse, del ex aeropuerto; en la avenida Perón, de Yerba Buena; en la ruta 347, a la entrada de El Cadillal; en La Arboleda, en el camino a Villa Nougués, y en otros lugares.
Se trata de una actividad que desafía de frente a la muerte, y cuyos jóvenes cultores parecieran no darse cuenta del tremendo riesgo que corren, tanto ellos como los terceros. Como se recordará, en marzo de 2011 se llegó a sancionar una ley que autorizaba estas llamadas "pruebas de aceleración". La norma desató una tempestad de críticas, del público y de los jefes municipales, y finalmente el gobernador José Alperovich decidió aplicarle el veto. No es una cuestión sencilla impedir las "picadas".
En la larga nota que dedicamos al asunto un año atrás (LA GACETA, 10 de abril de 2011), el director del Instituto de Seguridad Vial recordó que la Ley de Tránsito, a la que Tucumán está adherida, prevé la realización de "picadas", pero dentro de un marco legal. Es decir, en lugares previamente establecidos y organizadas con autorización y recaudos diversos, que incluyen seguros contra terceros. Comentó que "a nivel mundial, las ciudades que mejor enfrentaron las ?picadas? ilegales lo hicieron buscando parques cerrados o acondicionando autódromos".
Sea como fuere, entre nosotros las "picadas" han causado muertos y heridos muy graves, a lo largo de los años, tanto entre los conductores como entre ocasionales transeúntes. En junio del año pasado, en Concepción, un vecino aseguró a nuestros periodistas que "la fiebre por las ?picadas? parece aumentar, y la muerte no dá tregua: por mes fallece aquí al menos un joven. Es algo inadmisible" (LA GACETA, 17 de junio de 2011).
Buscando alguna explicación psicológica, se ha dicho que acaso opere en el asunto cierto mito de un mundo vertiginoso, de permanente aventura, donde el hombre se siente impulsado a la velocidad competitiva, a la destreza de conducir de modo audaz y magistral, a intentar la maniobra de un superdotado. Y como si eso no bastara para conformar una actitud peligrosa, tiene asimilada también la noción de que vive un tiempo donde todo debe ser veloz y urgente, para no sentirse un rezagado de la civilización.
Lo que no puede discutirse es que esas carreras donde los protagonistas se juegan la vida, contradicen el sentir del ciudadano común, que aspira a horizontes más generosos para la vida comunitaria pacífica, sensata y respetuosa. Le duele que tales competencias de loca velocidad hayan destrozado familias y cerrado la trayectoria de existencias que pudieron haber tenido muy otro destino. Así las cosas, cabe destacar como positiva la acción policial llevada a cabo en San Pablo. Es de esperar que operativos similares se concreten con frecuencia en toda la provincia. A la larga, tienen que lograr los resultados disuasivos que se persiguen.