Casi la mitad de las empresas de transporte público de pasajeros podría perder la concesión de las líneas interurbanas que explotan actualmente, debido a que todavía no han cumplido con las presentaciones legales que determinan la solvencia y una administración regularizada ante los organismos provinciales de control.
La Dirección de Transporte, con competencia en los servicios de ómnibus de jurisdicción a jurisdicción -no así intramunicipal en la capital, por ejemplo- informó que se otorgó un plazo de 60 días a los propietarios para que formalicen y regularicen el estado empresarial, según exige la Ley de Transporte.
El director del organismo oficial, Roberto Viaña, confirmó que se inició un proceso una renovación de licencias para la explotación de los servicios de colectivos en el interior de la provincia y que esta medida evidenció incumplimientos de empresarios o sociedades anónimas, a cargo de la prestación del esencial servicio público.
"Hay empresas que se tienen que poner al día con la norma. Se pide todo lo que establece la ley", aseveró el funcionario ante una consulta de LA GACETA.
Citas e intimaciones
La disposición, detalló Viaña, estipula las presentaciones de las figuras de Libre Deuda impositiva, la regularización de los aportes previsionales y la titularización de los vehículos, entre otras medidas que deben cumplirse.
"Se las notificó e intimó (a las empresas) en varias oportunidades. Cité a cada uno de los empresarios y firmaron un acta mediante la que realizaron sus descargos. Los empresarios acusaron demoras impositivas y ante ello se fijó un plazo de 60 días, que ya está corriendo", advirtió el funcionario del Poder Ejecutivo y ex subsecretario de Gobierno de la capital, durante la gestión de Raúl Topa.
Según la Dirección de Transporte, las compañías que se encuentran en esta situación son 25 de las 51 que funcionan bajo la figura legal denominada "concesiones bajo acuerdo", sin haberse realizado un llamado a licitación pública para la concesión de esos recorridos en el interior.
La reglamentación se aplica desde 2003, aunque las licencias no son licitadas desde años anteriores a esa fecha. "Las empresas, desde antes de 2003, tenían permisos precarios", explicó el titular del departamento vial de la provincia.
Controles y falencias
En caso de no formalizar las condiciones que enmarca la norma provincial, las empresas perderían la habilitación del servicio público. En ese caso, Viaña propuso que las concesiones se concreten mediante concurso de interesados o licitación pública.
A pesar del incumplimiento, el titular de Transporte de la Provincia afirmó que se evidencia un crecimiento de la prestación interurbana de ómnibus. "Tratamos de controlar lo máximo posible, que no haya abusos de precios y que se mejore la calidad de los servicios, aunque todavía hay falencias por revertir", finalizó.
El último aumento en la tarifa del boleto interurbano y rural fue autorizado por la Dirección de Transporte en agosto de 2010. Aquella vez, el funcionario autorizó una suba del 15% proporcional al precio del boleto que corresponde a cada código (distancia en kilómetros, estados de los caminos y cantidad de pasajeros).