El peso de la realidad es concluyente. El intento de la Casa Rosada por "Malvinizar" el país resultó estéril y sólo sirvió para mitigar algún apetito chauvinista.

Los controles cambiarios y a las importaciones quedaron sólo en controles policíacos sin efectos positivos sobre la economía y con un saldo neto de absoluta desconfianza e inseguridad jurídica. La economía argentina está entrando en el escenario menos deseado: estancamiento e inflación.

Las medidas sobre el tipo de cambio y sobre la compra de productos foráneos desalientan las inversiones y generan desabastecimiento en algunos sectores críticos, debido a la falta de insumos. Si el objetivo era generar una sustitución de importaciones, no se logró; y si lo era generar más empleo local, tampoco.

La inflación y la caída en la actividad económica son los efectos no deseados de estas políticas vigilantes. El nivel de precios saltó de un promedio del 1,5% mensual al 2% por mes; y la caída en la actividad económica ya se tradujo en menores pedidos de empleos. El último relevamiento realizado por la Universidad Torcuato di Tella da cuenta de una baja del 23% de la demanda laboral, respecto de 2011.

Si el Gobierno insiste en retener artificialmente las importaciones, poniendo más trabas al ingreso de insumos, el escenario que enfrentará en breve la economía será la suspensión de personal. Y esto ocurrirá el próximo mes, cuando se avecinen las discusiones paritarias. Si algo le faltaba al candente ambiente de las relaciones laborales era una baja en la actividad. La presión gremial se hará más ostensible y empezará también a estrecharse el cerco empresario. La Unión Industrial Argentina (UIA) ya sentó posición y pidió al Gobierno medidas que aseguren el mantenimiento del nivel de actividad.

Mientras la Casa Rosada se encuentra atrapada en su propia telaraña malvinista y deja el control de la economía en manos de burócratas que entorpecen la actividad privada ya comienzan a verse los primeros síntomas de desabastecimiento. En particular, en el sensible sector de los medicamentos. Para colmo la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) decidió adherirse al polémico sistema de ventanilla única.

Incomprensible

No se entiende muy bien cual es la preocupación de la administración kirchnerista en el control de las importaciones, cuando el ingreso de productos importados de consumo apenas representa el 18% del total de los bienes que ingresan al país. La cuenta de importaciones es muy simple: 40% son bienes de capital; 30%, bienes intermedios; 12%, combustibles, y sólo el 18% restante son bienes de consumo final; y en su mayoría, no producidos en el país. Queda claro que es muy poco lo que puede sustituirse por producción local. Sin dudas, el control sobre las importaciones es una decisión errónea, avalada por la Casa Rosada.

Por otra parte, los inconvenientes que tienen los bancos y las empresas para girar utilidades aumenta el clima antinegocios para el país. Esto se traduce en temores de los hombres de negocios a la hora de decidir inversiones. El primer indicio de este malestar se está viendo en la cotización bursátil, donde los papeles del sector financiero y de algunas empresas de capital extranjero sufren un duro castigo en sus precios.

Lo que muestran los cortes

La falta de inversiones en bienes de capital no es nueva y encuentra reflejo en los reiterados cortes en el suministro eléctrico en todo el país, durante un verano extremadamente tórrido. La salida de servicio de la Central Nuclear Atucha muestra que existe una sobrecarga en la red de alta tensión por falta de inversiones. También se refleja en el reciente enfrentamiento de los Gobiernos nacional y provinciales contra Repsol-YPF, por mayores inversiones.

La Nación y las Provincias, agobiadas por políticas fiscales de despilfarro, buscan ahora nivelar las cuentas públicas mediante el ingreso extraordinario proveniente de las regalías hidrocarburíferas. El objetivo de la Nación es que con la producción local de petróleo y de gas se reemplacen las costosas importaciones que la misma gestión kirchnerista fomentó desde 2003, al congelar los valores en boca de pozo. El objetivo de las provincias es que con mayor producción local aumenten los ingresos por regalías que en muchos casos servirán para poder pagar los sueldos de la voluminosa plantilla de burócratas y subsidiados.

De allí la presión sobre la petrolera española y sobre sus socios locales, para que realicen mayores inversiones. La presión oficial apunta a la reinversión de utilidades para el desarrollo de las áreas vinculadas con el petróleo no convencional (shale oil).

Sin embargo, el deseo oficial choca contra algunas limitaciones. La primera es que las utilidades de la filial local servirán para pagar la compra de una porción del paquete accionario de Repsol por parte de los socios argentinos. La segunda es que el desarrollo exploratorio -hasta que comience a producir el área de Vaca Muerta- requiere de unos U$S 250.000 millones de inversión, durante 10 años, de acuerdo con una auditoría realizada por la firma Ryder Scott. Tiempo y dinero que juegan en contra del modelo. Otro triunfo de la burocracia nihilista.