El oficialismo no asistirá a la mesa panel que se desarrollará en la sede del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán (Cgcet), en la que se debatirá la última reforma al Código Tributario provincial (CT). Esto generó un cruce de versiones. Mientras la entidad profesional sostiene que la invitación formal fue realizada, el legislador alperovichista Ramiro González Navarro (preside la Comisión de Hacienda) no se considera invitado.

"No me sentí invitado personalmente. Recibí una invitación, pero nadie me habló. No me dijeron cuáles eran las condiciones; ni el tiempo de exposición, ni quiénes son los otros panelistas", expresó el parlamentario oficialista. Al debate, que comenzará a las 20.30, asistirán especialistas de diversas áreas para analizar el impacto que causará la enmienda aprobada.

El ex secretario general de la Gobernación consideró que no están dadas las condiciones para realizar un debate abierto. "El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas tiene una posición tomada sobre el tema, que no comparto pero que respeto. El diálogo siempre es la mejor forma para llegar a soluciones, pero en este caso particular no existe imparcialidad; es decir, una condición de equidad para poder plantear una propuesta o poder desarrollar un debate", aseveró González Navarro.

El legislador oficialista recordó que la modificación de la ley impositiva (5.636), que determina las subas impositivas nominales (numéricas) para las distintas actividades, y las 72 reformas al Código Tributario, que establece los procedimientos tributarios y las bases imponibles, fueron aprobadas por una amplia mayoría legislativa. "Con esta nueva ley se busca combatir la morosidad, la evasión fiscal", planteó. Además, destacó el respaldo de la ciudadanía al Gobierno en el cumplimiento de su obligaciones tributarias.

"Se logró incrementar la recaudación. Esto implica que la confianza de los tucumanos se ha visto reflejada en el cumplimiento de sus obligaciones", indicó.

La reforma al Código Tributario fue intempestiva. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, ingresó a la Cámara pocos días antes de la última sesión de 2011. El 22 de diciembre fue aprobado rápidamente con los votos del alperovichismo.

La oposición y los empresarios reaccionaron por la rapidez y la discrecionalidad con la que se trataron los cambios, según adujeron. Inmediatamente, organizaciones que representan al empresariado y colegios de profesionales reaccionaron y reclamaron al Gobierno que no aplique los cambios.