"La idea verdaderamente democrática es que todos debemos contribuir al fondo común de los servicios estatales, del cual tenemos derecho a obtener una particular variedad de prestaciones. Pero la idea populista que predomina en nuestro país tiene otro enfoque. Cree ciegamente que los impuestos son sólo un instrumento para redistribuir la renta, imponiendo cargas fiscales más pesadas a quienes se supone que tienen más dinero. Sin embargo, esto transcurre en el ámbito retórico porque la realidad nos demuestra lo contrario". Antonio Margariti, Impuestos y pobreza.
¿En qué le afecta al común de la ciudadanía la reforma del Código Tributario? ¿Y por qué el Gobierno ha hecho eso? Siempre resultó complicado responder esas dos preguntas de una manera sencilla. No es para menos. Para el caso, lo de "siempre" es porque, con suerte dispar, el alperovichismo hizo que la Legislatura, en siete ocasiones, le aprobara reformas a ese críptico digesto. Ese que es cada vez es más indescifrable para el ciudadano que paga sus impuestos. Ese que mantiene en vigencia normas anacrónicas, coercitivas e inequitativas. Y hace 30 días, cuando la Legislatura le metió manos por séptima vez, le incorporaron medidas rayanas en la inconstitucionalidad, en lo antidemocrático, en la ilegalidad y en lo antirrepublicano.
Por un lado, regularon el embargo preventivo. Y pautaron en el artículo 9 que basta el acta de deuda emanada por el Director General de Rentas para que el juez deba conceder la medida que solicite el funcionario. A pesar de que, según el Estado de Derecho y la jueza suprema, Claudia Sbdar, "nadie debe dar o intentar dar órdenes a los jueces" (LA GACETA 02/01/2012). Por otro, casi aniquilaron los derechos del contribuyente: "La sentencia de trance y remate será inapelable", dice el artículo 179. O sea, la Cámara de Documentos y Locaciones no puede revisar fallos de jueces de Cobro y Apremios contra un tucumano que tiene un quiosco. Y esos son apenas dos cambios. Para qué hablar de que, prácticamente, abolieron el instituto de la prescripción, fijando nuevas formas de cómputo de plazos, aunque esa es materia de normas nacionales.
Cargos para todos
Se entiende que la legalidad no importa. El oficialismo prefiere reformar normas antes que cumplirlas. A la vez que agrega mecanismos de apriete, sigue sin crear el Tribunal Fiscal (previsto desde hace años en la ley), que debe revisar las medidas de Rentas. Pese a ello, seguía siendo difícil contestar el "por qué" y el "a mí qué". Hasta que llegó 2012. El de trágico inicio. Y mostró que, a los efectos políticos y económicos, es un año pedagógico. Porque respondió aquellos interrogantes desde los hechos. Desde la toma de la comuna de Garmendia (botón de muestra de las delegaciones rurales). Desde los vecinos exigiendo contratos. Desde el legislador José Gutiérrez reconociendo que el 97% de los hogares de esa localidad tiene un ingreso estatal.
El Gobierno, entonces, reforma el Código Tributario porque no quiere controles cuando cobra. Y eso se debe a que gasta de manera incontrolable. Pese a la prometida "alfombra roja" para inversores, fue incapaz de radicar capitales privados generadores de empleo y riqueza legítima. Sobre todo en el interior. Entonces, decidió paliar la inutilidad propia y el desempleo ajeno con más gasto público: más empleos estatales y más planes sociales. Por cierto, todo beneficiario de un plan social es un empleado público, sólo que con otro estatuto.
Cuando el alperovichismo asumió, había 44.000 estatales, según el Presupuesto 2003. Según el Presupuesto 2012, ahora hay 69.387. O sea, casi un 57% más. Y se pone peor. El Presupuesto 2011 fijó el número de trabajadores del Estado en 60.235. O sea, después de las últimas tres elecciones, a la Provincia le aparecieron 9.152 sueldos más. Huelga decir que el Gobierno ha decidido que a eso lo paguen los contribuyentes. Una prueba: en sus subestimados presupuestos provinciales, el alperovichismo siempre estableció que, al año siguiente, iba a recaudar menos que durante el año en ejercicio. Esta vez no fue así. Para este año en que hay un 15% más de estatales que en 2011, el oficialismo prevé obtener de los tucumanos $ 3.431 millones. Casi $ 280 millones por mes. Mucho más, por ejemplo, que los $ 214 millones recaudados durante septiembre pasado.
En términos absolutos: los gastos del Estado, entre el año pasado y este, crecerán un 40%. Presupuestariamente, pasarán de $ 10.000 millones a $ 14.000 millones. Pero no redundarán en bienes para los tucumanos: salvo pavimento de calles, la Nación paga las viviendas, las escuelas, los hospitales y las rutas. Los tucumanos, luego, no tienen un Estado más rico, sino uno más caro.
Evasores de coherencia
"El predominio de las ideas populistas hizo que los servicios estatales excedan las posibilidades reales de la economía... Se han buscado métodos extorsivos indirectos y ocultos para costear esos servicios que crecen sin cesar por consenso demagógico, sin respeto por los costos que suponen. Los políticos tratan de mantenerse en el poder halagando a las bases electorales y obteniendo recursos por coacción impositiva. Así costean los gastos sociales", describía Margariti, ya en 2004.
De modo que el nuevo y violento Código Tributario no se reduce a un problema de impuestos: se amplía a un problema de todos. Así lo entienden la docena de entidades que suscribieron un documento que reclama al Gobierno que dé marcha atrás con su último atropello fiscal.
Ponerlo por escrito resulta indispensable luego del desconcertante pronunciamiento del gobernador respecto de la reforma fiscal que consensuó con nadie. Esa de la que entregaron copias a los legisladores opositores durante la tarde del martes 20 de diciembre (fue cuando lo dictaminó la comisión de Hacienda sólo integrada por alperovichistas), y que votaron en recinto durante la mañana del jueves 22. "Si hay algo que se votó y está mal, lo corregiremos", le dijo el mandatario a la prensa el martes 27. Es curioso: el viernes 23, es decir al otro día de la aprobación legislativa (o sea, cuatro días antes de su compromiso revisionista), el jefe del Ejecutivo ya había firmado la promulgación de la norma. Así consta en el Boletín Oficial del 30 de diciembre.
Con ese Gobierno, que en materia tributaria dice una cosa luego de haber hecho otra, propone dialogar sobre materia tributaria la Federación Económica de Tucumán. Pero de firmar un documento contra la reforma del Código Tributario, ni hablar. Aunque las normas cuestionadas vayan a caer sobre los comerciantes a los que la FET proclama representar. Aunque lo firmen entidades que están dentro de la FET (Centro de Comercio, Industria y Producción de Aguilares; Centro de Empresarios de Famaillá; Asociación Tucumana de Productores Asesores de Seguros; Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines; Centro Azucarero Regional de Tucumán). Aunque lo suscriban entidades no tan directamente afectadas, como los colegios de Egresados en Ciencias Económicas, de Abogados y de Corredores Inmobiliarios. Aunque representantes de la FET hayan participado de la elaboración del planteo.
Decir una cosa en las reuniones y actuar de otro modo en público se parece mucho a hacer alperovichismo. Negarse a firmar un planteo contra normas que perjudican a los asociados porque "no hay nada más que decir", y luego reunirse con el Gobierno a decirse cosas, también. Y ser la FET y agachar la cabeza ante los reformadores del Código Tributario...
Los redistribuidores
El Gobierno (que festejó el resultado de las pasadas elecciones de la FET como si fuera una victoria propia), agradece que no haya un monolítico repudio a su pretoriana política recaudatoria. Pero no en nombre de los impuestos, sino de su sistema asistencialista. En el que siempre hay mucha pobreza porque terminan siendo los pobres quienes más pagan. Explica Margariti: "cuando el aumento del gasto social del Estado se financia mayoritariamente con impuestos, se hace necesario aumentar las alícuotas que afectan a los grupos de ingresos medios y bajos".
Eso -agrega- se padeció en la Argentina de los 80 y los 90. El IVA arrancó con una tasa básica del 14%, luego subió al 18%, después al 21%, y finalmente fue extendida a todos los productos de consumo popular. De esta manera -demuestra-, el crecimiento del sector público terminó siendo financiado por los más pobres. Porque cuando va a comprar un alimento al supermercado, al mismo IVA lo pagan por igual los presidentes que compran departamentos millonarios en Puerto Madero, los gobernadores que tienen aviones privados declarados como públicos (y con gastos a cargo del pueblo), y los jubilados a los que, de manera canalla, les siguen negando el 82% móvil.
En Tucumán, salvando escalas, ocurre otro tanto con el distorsivo impuesto a los Ingresos Brutos, que paga todo tucumano (pobre o rico) que compra algo en un comercio. Y también los demás argentinos que visiten la provincia, aunque no vayan a recibir una contraprestación posterior.
Es que Tucumán ha fulminado la libertad de aduanas con su política tributaria. Si alguien compra un auto en otra provincia, debe pagar Impuesto a los Sellos para radicarlo aquí. El mismo impuesto que no pagan ya las concesionarias locales de autos.
Así es como la labor del Gobierno, que lleva décadas en estado de emergencia para pagar lo que debe (pero no para cobrar lo que quiere ni para gastar en lo que sea ni para nombrar al que le plazca), queda debidamente resignificada. Porque no redistribuye la riqueza, sino el tiempo. Con su asistencialismo, los populistas dan al pobre lo que le cobrarán en breve. O lo que ya le quitaron.