La postura que adoptó la Federación Económica de Tucumán (FET), de alejarse del grupo de instituciones profesionales y de empresarios que armaron el crítico documento contra el Código Tributario, aparentemente no cayó bien entre algunas de las cámaras empresariales que forman parte de esa federación. Grupos importantes como el Centro de Empresarios de Famaillá, el Centro de Comercio de Aguilares, la cámara que nuclea a los propietarios de estaciones de servicios y el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), enviaron a sus presidentes para que firmen el escrito. De hecho, algunas de estas cámaras tienen a sus líderes dentro de la estructura de la mesa de conducción de la FET.

Si bien ninguno de ellos habló públicamente sobre la postura de la Federación ante la reforma del digesto impositivo, sus firmas en el documento dijeron más que las palabras. La presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Patricia Manso, ya había adelantado que cámaras afiliadas a la FET iban a sumarse a su reclamo. En cambio, la conducción de la institución, con Raúl Robín a la cabeza, decidió tomar otra vía y pedir una audiencia con el gobernador interino, Regino Amado, para plantearle sus objeciones a la reforma. Según trascendió ayer, el enojo de las cámaras empresarias afiliadas a la FET es porque Robín, con esa acción, legitimó las modificaciones que instrumentó el Poder Ejecutivo. Robín, en cambio, explicó que tomó esa postura porque considera que el diálogo servirá para que se instrumenten algunos cambios.