"Nadie es dueño de la verdad, si algo está mal lo cambiaremos porque no hay que actuar con capricho. Si hay algo que se votó y está mal, lo corregiremos". Las palabras que el gobernador, José Alperovich, pronunció el 27 de diciembre al ser consultado por LA GACETA sobre las críticas a la reforma del Código Tributario Provincial (CTP) fueron tomadas como una invitación tácita para los detractores de las modificaciones.
"Nuestro convencimiento, de buena fe, es que mucho de lo que se votó (en la Legislatura) está efectivamente mal", respondieron en la introducción de un documento agrupaciones empresarias, comerciales y profesionales. El escrito, con cuestionamientos de carácter técnico, fue dejado ayer en el despacho del Gobernador y lleva las firmas del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán (Cgcet), de la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán (Feput), de los colegios Médicos y de Abogados, de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) y de cámaras que representan a comerciantes del interior. Como el mandatario aún no retornó de las vacaciones y el vice|gobernador Regino Amado se encontraba en un acto en El Mollar, empleados recibieron la presentación. Mientras que otra copia fue llevada por el grupo a la Legislatura, dado que, de definirse cambios, estos deberán ser debatidos y aprobados en la Cámara.
Además de consignar los artículos que, según consideran, son inconstitucionales, las entidades requirieron que se suspenda la vigencia de los cambios en la normativa fiscal y que el Ejecutivo abra una instancia de diálogo e interconsulta para subsanar los ítems conflictivos.
Inconstitucional
"Creemos que habrá una audiencia, pienso que el Gobernador tendrá apertura", se esperanzó Patricia Manso, titular del Cgcet, tras evitar hablar de una posible presentación en la Justicia.
La contadora puntualizó que el CTP nuevo contiene errores y avasalla los derechos de los contribuyentes. Mientras que evitó polemizar con la Federación Económica de Tucumán (FET), entidad que en un primer momento participó de las reuniones para elaborar el documento y que luego, abruptamente, decidió distanciarse al considerar que la estrategia no era la más adecuada para promover el diálogo con las autoridades. De hecho, el miércoles, la organización fue recibida por el Gobierno. "No juzgamos a la FET; es loable también su actitud de plantear los inconvenientes. Nosotros queremos lograr que este documento que tiene algunos errores sea modificado. Las vías pueden ser diferentes", opinó.
Manso asistió en compañía de José Manuel Avellaneda (Sociedad Rural), Felipe Salas (Unión Industrial) y Miguel Carletti (secretario de la Cgcet). "Todos perdemos garantías con respecto a las nuevas facultades de la Dirección General de Rentas. Además, si no hay una condena, no se puede publicar una nómina de morosos, como se pretende. Nos sentimos afectados por no tener derecho a defensa", espetó Avellaneda. Salas, por su parte, advirtió que las nuevas reglas de juego desalientan las inversiones de los empresarios locales y pone en peligro el clima de negocios que se pretende propiciar desde otros sectores del Estado. Indignado, explicó: "no se puede estar promoviendo una provincia como económicamente atractiva y por otro lado, modificar el Código y condenar al contribuyente a tal extremo que el sólo dictamen del director de Rentas hacia un embargo hace posible que la medida se efectivice sin pasar por un derecho a defensa".
Los puntos más críticos
El documento plantea desde el inicio que la aplicación de la ley 8.468 (introdujo las reformas) afecta de manera directa e inmediata garantías de rango constitucional. "Por su gravedad, se destaca la modificación que regula el embargo preventivo. Básicamente, la reforma consiste en haber establecido que la medida debe ser concedida en forma mecánica por el juez, a quien le está vedado evaluar si en el caso concurren o no los requisitos propios de toda medida cautelar, como son la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora", detalla. Al respecto, cuestiona las amplias facultades otorgadas al Director de Rentas (Pablo Clavarino). Además, critica la no prescripción de las deudas del impuesto a los sellos.
Durante la última sesión del año, el 22 de diciembre, la Legislatura aprobó con el voto del alperovichismo los proyectos del Poder Ejecutivo para introducir cambios en la ley impositiva (5.636), que determina los impuestos para las distintas actividades, y 72 modificaciones al CTP, que establece los procedimientos.
El repudio fue inmediato tanto desde la oposición como desde los sectores empresariales y comerciales de la provincia.