MADRID.- El primero de los juicios ante el Tribunal Supremo contra el juez español, Baltasar Garzón, quedó ayer listo para sentencia tras la presentación del alegato final del magistrado, acusado de prevaricato (disponer, a sabiendas, una medida o una resolución injusta) en una investigación de corrupción vinculada al gobernante Partido Popular (PP). De ser encontrado culpable, enfrenta una pena de hasta 17 años de inhabilitación.

Garzón fue imputado por violar las garantías constitucionales al ordenar intervenir las conversaciones entre los principales imputados en la trama Gürtel (un ilegal lavado de dinero y prebendas para dirigentes del PP de Madrid y de Valencia), y sus abogados. Precisamente, el letrado defensor Ignacio Peláez y los acusados Francisco Correa (considerado el cerebro de la operación) y Pablo Crespo, accionaron contra Garzón. La Fiscalía consideró que no hubo delito.

En su declaración ante el Tribunal, el juez suspendido desde 2010 repitió sin cesar que cuando autorizó las escuchas telefónicas "en ningún momento ordenó que intervinieran a los letrados, sino a los internos (detenidos) en sus comunicaciones con otras personas". Además, argumentó que su decisión se basó en información policial que indicaba que "los abogados jugaban un papel básico en la mecánica de blanqueo de dinero", y que su intención era "evitar la continuación de la acción delictiva".

De hecho, las escuchas permitieron la posterior imputación de tres abogados que "formaban parte del núcleo de la organización criminal". Pero las pruebas obtenidas de este modo fueron anuladas por la propia Justicia española.

Fin y medios

Por el contrario, el abogado acusador en este proceso, Pablo Rodríguez Mourullo, descalificó a Garzón al mencionarlo como "una suerte de Gran Hermano, que todo lo escucha y todo lo ve"; al tiempo que Peláez remarcó que "el fin no justifica los medios".

El tercer abogado acusador, José Luis Choclán, afirmó que la decisión del juez de autorizar las escuchas era "un cheque en blanco a la Policía para que investigara todo lo que quisiera".

Las pruebas sustanciadas y las declaraciones ante el tribunal de la mayoría de los testigos fueron claramente favorables al magistrado. Tres policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), que realizaron la operación antiblanqueo contra la trama Gürtel, corroboraron en sus declaraciones que Garzón ordenó "preservar el derecho de defensa" en las grabaciones que se obtuviesen.

Por aparte, un funcionario que trabajaba en su Juzgado y que estuvo a cargo del caso, también declaró que el juez y las fiscales anticorrupción estaban siempre "muy obsesionados" con quitar de las transcripciones todo lo que tuviese que ver con el derecho constitucional de defensa en juicio de los acusados.

El proceso generó estupor en el sector de la sociedad española más comprometido con la lucha por los derechos humanos y pusieron en entredicho la imparcialidad de la Sala de lo Penal del Supremo Español, algunos de cuyos miembros son abiertamente franquistas. Durante las audiencias, dirigentes sociales y políticos de izquierda manifiestan en las puertas de los tribunales, en apoyo a Garzón. (Télam-DPA)