En el moribundo 2011, los tucumanos renovaron la totalidad de sus autoridades provinciales. Así que pese al fárrago de las campañas, la selva de los acoples y el enjambre de chicanas, dos situaciones emergen del subtrópico con claridad.
La primera cuestión es el triunfo alperovichista. El gobernador acumuló poder con una cantidad de votos inédita. Siete de cada 10 tucumanos que concurrieron a las urnas respaldaron esta gestión.
Ahí se apreció el reconocimiento a una administración que le cambió el cariz al Tucumán que venía de padecer el mirandismo, a partir del relanzamiento de la obra pública de bajo impacto y la reactivación del consumo. A ello se sumó el mejoramiento de los indicadores sociales. Si bien fueron presentados por el Estado con estadísticas exageradas hasta el escándalo (el caso de la mortalidad infantil es emblemático), la recuperación resulta evidente.
La cifra de votos conseguida por el oficialismo, además, denunció la claudicación de la oposición. Si José Alperovich hubiese consechado el 50% de las voluntades, eso habría significado que era la mejor opción. Haber logrado el 70% equivale a que, en realidad, no había opciones.
Pero el 28 de agosto de la recontra-reelección, Tucumán también fue el desvergonzado escenario de las peores lacras clientelares. Y ese "pero" refiere a la segunda cuestión que surge del terminal 2011 en el Jardín de la Repavimentación. A eso "otro" que se observó antes, durante y después del triunfo oficialista.
La plata
Se vio temprano, el 4 de enero, que el segundo jet ejecutivo comprado por la Provincia (ese que a los tucumanos les cuesta ver como un segundo avión sanitario), no iba a costar sólo los $ 32,5 millones autorizados por la Legislatura. A través del decreto 4.280/3, el Ejecutivo dispuso erogar casi $ 6 millones más.
Se vio que los autoconvocados de la salud debieron protestar durante 139 días para conseguir mejoras salariales. Pusieron una carpa en la plaza. Allí los golpearon el 9 de julio. Y un fiscal hizo allanar hospitales. En cambio, los policías concretaron cuatro días de huelga y dejaron la Casa de Gobierno sin guardia. Entonces, la administración tan guapa para descontar 18 días de haberes de los médicos, les dio a los agentes armados un aumento del 54%.
Se vio que el Presupuesto provincial para 2012, pese a estar subestimado, es de casi $ 14.000 millones, un 40% más que los casi $ 10.000 millones aprobados para 2011. Igual, no les pagaron a los jubilados el 82% móvil que la Justicia ya ha dicho que corresponde que les paguen.
Se vio que prorrogaron la misma emergencia económica de los tiempos en que el Presupuesto provincial era 10 veces menor. De modo que no podrán ejecutar al Estado multimillonario los empleados públicos, los proveedores ni (otra vez) los jubilados que le ganaron larguísimos juicios a la Provincia. Tampoco podrán hacerlo sus viudas y sus huérfanos.
Los controles
Se vio que el alperovichismo profundizó su avanzada contra instituciones de control. Sentó un tercer vocal en la Corte de cinco miembros y también al defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas sigue sin controlar los fondos fiduciarios de donde proviene el 70% de los casi $ 1.400 millones de la deuda de los municipios, pese a que la Constitución lo habilita para fiscalizarlos.
Se vio que, para el funcionariado, el servicio de distribución de energía y el de agua y cloacas son lo mismo, así que fusionó los entes que controlan a la privada EDET y a la estatal SAT. Eso sí: unió al Epret y al Ersact sin normalizarlos, y no les dio lugar a los usuarios en el directorio, pese a lo dispuesto por otra sentencia incumplida. Siguen intervenidos el IPSS, el Ipvdu, la Caja Popular de Ahorros, el Ipacym...
La Justicia
Se vio que la "Causa Funsal", que debía investigar por qué se autorizaron pagos por $ 800.000 a una fundación fantasma por cursos de capacitación dudosos, se archivó sin remedio. Se adujo que como el Tribunal de Cuentas ya había sancionado al ministro de Salud de la Provincia, él (ni nadie) podía ser "investigado" dos veces por un mismo hecho. Benditas (y libertarias) las multas.
Se vio un inédito "per saltum" de la Corte para defender la potestad del gobernador (sólo de él, y de nadie más que él) a ser el único tucumano con derecho a gobernar Tucumán por 12 años seguidos. El fallo estaba mal: uno de los votos, además de confundir el artículo constitucional que citaba, sostuvo que en Tucumán los legisladores y los ediles gozan de reelección indefinida. No importó.
Se vio antes que un puñado de jueces independientes (el de siempre) había sentenciado que la Junta Electoral Provincial parida en la última reforma constitucional era inconstitucional y nula. Mantenía al titular de la Corte y al de la Legislatura, pero suplía al ministro fiscal de la Corte por el Fiscal de Estado: asesor del gobernador. Dijeron esos magistrados que el poder político no debía tener mayoría en el organismo de control comicial. El oficialismo pudo convertir esa institución en un órgano compuesto sólo por magistrados, como ocurre hoy en 18 provincias y la Capital Federal. Pero el alperovichismo decidió volver al esquema anterior a 2006 y así seguir teniendo mayoría allí.
Las elecciones
Se vio la votación provincial. Y el acarreo de electores en taxis y hasta en motos, lo cual es delito en Brasil y en México. Y la entrega de bolsones y hasta de dinero a cambio del sufragio, lo cual es criminal en la Argentina. Gracias al puñado de jueces independientes, no llegaron a hacerse realidad el voto boligoma y el voto clip, autorizados por la Junta Electoral. Es decir, el voto marcado.
Se vio en el escrutinio provisorio (lo realizan fiscales de los partidos, de noche, en un aula), resultó que Sandra Manzone era concejala de la capital. Pero después, en el escrutinio definitivo, el que se hace de día en la imparcial Junta Electoral, surgió que ella había perdido. Pidió la apertura de 20 urnas. La Junta dijo "no", la Justicia dijo "sí". Y se probó que Manzone era la ganadora. Que sus votos habían cambiado inexplicablemente en la institución que debía cuidarlos.
La tierra
Se vio el filón caníbal del populismo fuera de la provincia. Las industrias tucumanas, que el Estado tucumano debiera controlar, siguieron envenenando la cuenca Salí-Dulce. El dique Frontal es un cementerio de peces. ¿Y la promesa de hacer de este un mejor lugar donde vivir?
Se vio esa demagogia antropofágica también en Tucumán. En la Capital. En el violento desalojo, días antes de los comicios, de un predio en Villa 9 de Julio. Los usurpadores, según el acta policial, dijeron que respondían dos legisladoras y una diputada. El propio gobernador afirmó que los punteros se abusan. Pero no pasó de eso. ¿Y la promesa de un lugar donde vivir, aunque sea el peor?
Las leyes
Se vieron los amagues por una nueva reforma constitucional. Primero, que no se descarta. Después, que no a la reelección indefinida, pero que le gustaría otra oportunidad. Más tarde, que mejor no: no habrá otra enmienda. Por último, que tal vez más adelante, si la gente lo pide.
Se vio una reforma: la del Código Tributario. Impuestazo camuflado y mayor capacidad de castigo. Eso sí, de crear el Tribunal Fiscal que revise las decisiones de Rentas, ni hablar. A la par, el Pacto Social se revalidó como instrumento de redisciplinamiento para los intendentes. Les dieron, para obras públicas, la misma plata que este año, pese a la inflación. Y, para sueldos, se tomó igual pauta a la de 2011 y sólo se agregaron los aumentos salariales otorgados. Así que si hay nuevas subas de haberes, la opción será pagar sueldos o hacer obras. O arrodillarse en Casa de Gobierno, que seguirá acaparando hasta los recursos federales del Fondo Soja, para lograr un "extra".
Y se vio el festejo del Día del Sánguche de Milanesa, creado por ley. Y hasta la legalización (afortunadamente frustrada) de las picadas de motos y de autos.
La fiesta
Se vio, en definitiva, que la legalidad, la calidad democrática, la razonabilidad como fuente de las normas, el sistema republicano de poderes independientes y el Estado de Derecho son los daños colaterales del alperovichismo. Son perfectamente sacrificables para la democracia pavimentadora. En ese canje de asfalto por instituciones también caen los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos que se ven perjudicados por el incumplimiento de la ley por parte nada menos que del Estado. La anomia fusila a la ciudadanía contra el paredón de la impunidad.
"Calificar de colaterales a ciertos efectos destructivos (...) sugiere que esos efectos no fueron tomados en cuenta cuando se planeó la operación (...); o bien que se ponderó la posibilidad de que tuvieran lugar dichos efectos, pero, no obstante, se consideró que el riesgo valía la pena, dada la importancia del objetivo", esclarece el sociólogo Zigmunt Bauman en Daños colaterales. "Esta segunda opción es mucho más previsible (y mucho más probable) si se tiene en cuenta que quienes decidieron sobre las bondades del riesgo no eran los mismos que sufrirían las consecuencias".
Por supuesto, felices fiestas... para los que puedan.
La primera cuestión es el triunfo alperovichista. El gobernador acumuló poder con una cantidad de votos inédita. Siete de cada 10 tucumanos que concurrieron a las urnas respaldaron esta gestión.
Ahí se apreció el reconocimiento a una administración que le cambió el cariz al Tucumán que venía de padecer el mirandismo, a partir del relanzamiento de la obra pública de bajo impacto y la reactivación del consumo. A ello se sumó el mejoramiento de los indicadores sociales. Si bien fueron presentados por el Estado con estadísticas exageradas hasta el escándalo (el caso de la mortalidad infantil es emblemático), la recuperación resulta evidente.
La cifra de votos conseguida por el oficialismo, además, denunció la claudicación de la oposición. Si José Alperovich hubiese consechado el 50% de las voluntades, eso habría significado que era la mejor opción. Haber logrado el 70% equivale a que, en realidad, no había opciones.
Pero el 28 de agosto de la recontra-reelección, Tucumán también fue el desvergonzado escenario de las peores lacras clientelares. Y ese "pero" refiere a la segunda cuestión que surge del terminal 2011 en el Jardín de la Repavimentación. A eso "otro" que se observó antes, durante y después del triunfo oficialista.
La plata
Se vio temprano, el 4 de enero, que el segundo jet ejecutivo comprado por la Provincia (ese que a los tucumanos les cuesta ver como un segundo avión sanitario), no iba a costar sólo los $ 32,5 millones autorizados por la Legislatura. A través del decreto 4.280/3, el Ejecutivo dispuso erogar casi $ 6 millones más.
Se vio que los autoconvocados de la salud debieron protestar durante 139 días para conseguir mejoras salariales. Pusieron una carpa en la plaza. Allí los golpearon el 9 de julio. Y un fiscal hizo allanar hospitales. En cambio, los policías concretaron cuatro días de huelga y dejaron la Casa de Gobierno sin guardia. Entonces, la administración tan guapa para descontar 18 días de haberes de los médicos, les dio a los agentes armados un aumento del 54%.
Se vio que el Presupuesto provincial para 2012, pese a estar subestimado, es de casi $ 14.000 millones, un 40% más que los casi $ 10.000 millones aprobados para 2011. Igual, no les pagaron a los jubilados el 82% móvil que la Justicia ya ha dicho que corresponde que les paguen.
Se vio que prorrogaron la misma emergencia económica de los tiempos en que el Presupuesto provincial era 10 veces menor. De modo que no podrán ejecutar al Estado multimillonario los empleados públicos, los proveedores ni (otra vez) los jubilados que le ganaron larguísimos juicios a la Provincia. Tampoco podrán hacerlo sus viudas y sus huérfanos.
Los controles
Se vio que el alperovichismo profundizó su avanzada contra instituciones de control. Sentó un tercer vocal en la Corte de cinco miembros y también al defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas sigue sin controlar los fondos fiduciarios de donde proviene el 70% de los casi $ 1.400 millones de la deuda de los municipios, pese a que la Constitución lo habilita para fiscalizarlos.
Se vio que, para el funcionariado, el servicio de distribución de energía y el de agua y cloacas son lo mismo, así que fusionó los entes que controlan a la privada EDET y a la estatal SAT. Eso sí: unió al Epret y al Ersact sin normalizarlos, y no les dio lugar a los usuarios en el directorio, pese a lo dispuesto por otra sentencia incumplida. Siguen intervenidos el IPSS, el Ipvdu, la Caja Popular de Ahorros, el Ipacym...
La Justicia
Se vio que la "Causa Funsal", que debía investigar por qué se autorizaron pagos por $ 800.000 a una fundación fantasma por cursos de capacitación dudosos, se archivó sin remedio. Se adujo que como el Tribunal de Cuentas ya había sancionado al ministro de Salud de la Provincia, él (ni nadie) podía ser "investigado" dos veces por un mismo hecho. Benditas (y libertarias) las multas.
Se vio un inédito "per saltum" de la Corte para defender la potestad del gobernador (sólo de él, y de nadie más que él) a ser el único tucumano con derecho a gobernar Tucumán por 12 años seguidos. El fallo estaba mal: uno de los votos, además de confundir el artículo constitucional que citaba, sostuvo que en Tucumán los legisladores y los ediles gozan de reelección indefinida. No importó.
Se vio antes que un puñado de jueces independientes (el de siempre) había sentenciado que la Junta Electoral Provincial parida en la última reforma constitucional era inconstitucional y nula. Mantenía al titular de la Corte y al de la Legislatura, pero suplía al ministro fiscal de la Corte por el Fiscal de Estado: asesor del gobernador. Dijeron esos magistrados que el poder político no debía tener mayoría en el organismo de control comicial. El oficialismo pudo convertir esa institución en un órgano compuesto sólo por magistrados, como ocurre hoy en 18 provincias y la Capital Federal. Pero el alperovichismo decidió volver al esquema anterior a 2006 y así seguir teniendo mayoría allí.
Las elecciones
Se vio la votación provincial. Y el acarreo de electores en taxis y hasta en motos, lo cual es delito en Brasil y en México. Y la entrega de bolsones y hasta de dinero a cambio del sufragio, lo cual es criminal en la Argentina. Gracias al puñado de jueces independientes, no llegaron a hacerse realidad el voto boligoma y el voto clip, autorizados por la Junta Electoral. Es decir, el voto marcado.
Se vio en el escrutinio provisorio (lo realizan fiscales de los partidos, de noche, en un aula), resultó que Sandra Manzone era concejala de la capital. Pero después, en el escrutinio definitivo, el que se hace de día en la imparcial Junta Electoral, surgió que ella había perdido. Pidió la apertura de 20 urnas. La Junta dijo "no", la Justicia dijo "sí". Y se probó que Manzone era la ganadora. Que sus votos habían cambiado inexplicablemente en la institución que debía cuidarlos.
La tierra
Se vio el filón caníbal del populismo fuera de la provincia. Las industrias tucumanas, que el Estado tucumano debiera controlar, siguieron envenenando la cuenca Salí-Dulce. El dique Frontal es un cementerio de peces. ¿Y la promesa de hacer de este un mejor lugar donde vivir?
Se vio esa demagogia antropofágica también en Tucumán. En la Capital. En el violento desalojo, días antes de los comicios, de un predio en Villa 9 de Julio. Los usurpadores, según el acta policial, dijeron que respondían dos legisladoras y una diputada. El propio gobernador afirmó que los punteros se abusan. Pero no pasó de eso. ¿Y la promesa de un lugar donde vivir, aunque sea el peor?
Las leyes
Se vieron los amagues por una nueva reforma constitucional. Primero, que no se descarta. Después, que no a la reelección indefinida, pero que le gustaría otra oportunidad. Más tarde, que mejor no: no habrá otra enmienda. Por último, que tal vez más adelante, si la gente lo pide.
Se vio una reforma: la del Código Tributario. Impuestazo camuflado y mayor capacidad de castigo. Eso sí, de crear el Tribunal Fiscal que revise las decisiones de Rentas, ni hablar. A la par, el Pacto Social se revalidó como instrumento de redisciplinamiento para los intendentes. Les dieron, para obras públicas, la misma plata que este año, pese a la inflación. Y, para sueldos, se tomó igual pauta a la de 2011 y sólo se agregaron los aumentos salariales otorgados. Así que si hay nuevas subas de haberes, la opción será pagar sueldos o hacer obras. O arrodillarse en Casa de Gobierno, que seguirá acaparando hasta los recursos federales del Fondo Soja, para lograr un "extra".
Y se vio el festejo del Día del Sánguche de Milanesa, creado por ley. Y hasta la legalización (afortunadamente frustrada) de las picadas de motos y de autos.
La fiesta
Se vio, en definitiva, que la legalidad, la calidad democrática, la razonabilidad como fuente de las normas, el sistema republicano de poderes independientes y el Estado de Derecho son los daños colaterales del alperovichismo. Son perfectamente sacrificables para la democracia pavimentadora. En ese canje de asfalto por instituciones también caen los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos que se ven perjudicados por el incumplimiento de la ley por parte nada menos que del Estado. La anomia fusila a la ciudadanía contra el paredón de la impunidad.
"Calificar de colaterales a ciertos efectos destructivos (...) sugiere que esos efectos no fueron tomados en cuenta cuando se planeó la operación (...); o bien que se ponderó la posibilidad de que tuvieran lugar dichos efectos, pero, no obstante, se consideró que el riesgo valía la pena, dada la importancia del objetivo", esclarece el sociólogo Zigmunt Bauman en Daños colaterales. "Esta segunda opción es mucho más previsible (y mucho más probable) si se tiene en cuenta que quienes decidieron sobre las bondades del riesgo no eran los mismos que sufrirían las consecuencias".
Por supuesto, felices fiestas... para los que puedan.