La polémica por la ley que traslada los beneficios de las cuentas judiciales inmovilizadas de las arcas de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores a las cuentas de la Provincia llegó a oídos de letrados de todo el país. Preocupados por la posibilidad de que la medida trascienda las fronteras tucumanas, representantes de varios Colegios decidieron recorrer cientos de kilómetros. "En Santa Fe hubo una iniciativa similar, pero el Gobierno dialogó con las entidades afectadas y alcanzó un entendimiento. Eso es lo que parece estar faltando en esta Provincia", dijo Ricardo De Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
La norma fue sancionada hace una semana por la Legislatura, y todo parece indicar que el gobernador, José Alperovich, no va a vetarla. Sin embargo, los letrados no se dan por vencidos. Además de una audiencia con el propio mandatario, convocaron ayer a una asamblea, de la que formaron parte representantes de abogados de diferentes provincias y unos 50 profesionales. "Pensamos que iba a primar el diálogo entre las instituciones. Pero, lamentablemente, no fue así. Esperemos que en Salta y en Jujuy no se tome el mismo camino", dijo, durante el encuentro, Dago Pubzolu, presidente de la Caja de Previsión Social jujeña.
De Felipe también participó de la asamblea. "Vinimos en representación de los 80 Colegios de Abogados que integran la Federación para brindar nuestro apoyo", indicó. Y añadió que la modificación generará perjuicios. "Se va a desfinanciar un sistema de jubilación, y esto va a impedir que los jubilados puedan percibir sus haberes. Se había generado esta situación en otros Colegios; pero no se llegó a este extremo", afirmó el letrado.
Cálculos
César Antonio Grau, presidente del Consejo Coordinador de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, opinó que la medida repercutirá negativamente. "Las Cajas se manejan con estudios actuariales, de cálculos de recursos y cálculos de gastos; se tienen estipuladas determinadas erogaciones para pagar jubilaciones, que son obligaciones inherentes al Estado provincial, delegadas en este caso a la Caja de Abogados para que brinde seguridad social a sus afiliados", detalló.
Además, Grau señaló que en Tucumán hay casi 7.000 abogados afiliados al sistema previsional y unos 500 beneficiarios que cobran todos los meses su jubilación. "Si la Caja cerrara sus puertas, debería seguir cumpliendo obligaciones por 60 años", aclaró el letrado.
Pedro Yane Mana, titular de la Caja de Previsión local, le dijo a LA GACETA que no se conoce la cifra certera que dejará de percibir el organismo. "Sabemos que son unas 70.000 cuentas judiciales, pero no tenemos el monto exacto porque el Banco del Tucumán S.A. no brinda esa información", afirmó. Además, dijo que aún confía en el veto de la ley. "Hoy (por ayer) vimos que se ha nacionalizado el interés por esta situación, que pone en riesgo el pago de haberes. Debemos tener en cuenta que la Caja no le cuesta un peso al Estado, y que cada día se suman más abogados", expresó preocupado Yane Mana.
La norma fue sancionada hace una semana por la Legislatura, y todo parece indicar que el gobernador, José Alperovich, no va a vetarla. Sin embargo, los letrados no se dan por vencidos. Además de una audiencia con el propio mandatario, convocaron ayer a una asamblea, de la que formaron parte representantes de abogados de diferentes provincias y unos 50 profesionales. "Pensamos que iba a primar el diálogo entre las instituciones. Pero, lamentablemente, no fue así. Esperemos que en Salta y en Jujuy no se tome el mismo camino", dijo, durante el encuentro, Dago Pubzolu, presidente de la Caja de Previsión Social jujeña.
De Felipe también participó de la asamblea. "Vinimos en representación de los 80 Colegios de Abogados que integran la Federación para brindar nuestro apoyo", indicó. Y añadió que la modificación generará perjuicios. "Se va a desfinanciar un sistema de jubilación, y esto va a impedir que los jubilados puedan percibir sus haberes. Se había generado esta situación en otros Colegios; pero no se llegó a este extremo", afirmó el letrado.
Cálculos
César Antonio Grau, presidente del Consejo Coordinador de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, opinó que la medida repercutirá negativamente. "Las Cajas se manejan con estudios actuariales, de cálculos de recursos y cálculos de gastos; se tienen estipuladas determinadas erogaciones para pagar jubilaciones, que son obligaciones inherentes al Estado provincial, delegadas en este caso a la Caja de Abogados para que brinde seguridad social a sus afiliados", detalló.
Además, Grau señaló que en Tucumán hay casi 7.000 abogados afiliados al sistema previsional y unos 500 beneficiarios que cobran todos los meses su jubilación. "Si la Caja cerrara sus puertas, debería seguir cumpliendo obligaciones por 60 años", aclaró el letrado.
Pedro Yane Mana, titular de la Caja de Previsión local, le dijo a LA GACETA que no se conoce la cifra certera que dejará de percibir el organismo. "Sabemos que son unas 70.000 cuentas judiciales, pero no tenemos el monto exacto porque el Banco del Tucumán S.A. no brinda esa información", afirmó. Además, dijo que aún confía en el veto de la ley. "Hoy (por ayer) vimos que se ha nacionalizado el interés por esta situación, que pone en riesgo el pago de haberes. Debemos tener en cuenta que la Caja no le cuesta un peso al Estado, y que cada día se suman más abogados", expresó preocupado Yane Mana.