La primera noche lloró. De todos lados provenían las voces de otros internos (...) "Ahí está el violín", "violador, así te va a ir", eran algunas de las frases que lo atormentaban. El adolescente de 17 años estuvo alojado 36 días en el instituto de Menores Roca, acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 12 años en una escuela de Yerba Buena. (LA GACETA, 17/12)
La noticia pasó desapercibida. El chico estuvo 36 días encerrado, acusado de violación, y ni siquiera se habían hecho las pericias elementales. Hubo una condena social producto del espanto de la comunidad de Yerba Buena -hasta el intendente estuvo al frente de las protestas- y fiscales y jueces permitieron que fuera encerrado. Ahora están por sobreseerlo.
El mismo día que se publicó esta historia se informó del ladrón que, con un compañero de andanzas, robaron una cartera en la avenida Mate de Luna. En la huida chocaron con un auto en Crisóstomo Álvarez y Pasaje República y cayeron de la moto. Uno murió en el acto. El otro, golpeado y atontado, se sentó en el cordón de la vereda y la Policía, en vez de trasladarlo al hospital, lo llevó detenido. En la comisaría se sintió mal. Murió camino al hospital.
"Ahhh..." -se dirá- "pero este era delincuente y lo atraparon in fraganti". Sí, pero el problema es la tendencia a condenar de antemano. Como era ladrón, para el policía que lo detuvo, no merecía curaciones. Acaso se pensó lo mismo de Sergio Ismael Lucena, el joven asesinado de un culatazo policial en el barrio Gráfico el 10 de noviembre; o del enfermero Hugo Cisterna, que el 21 de octubre fue a la comisaría en Villa Angelina a denunciar un asalto y, como estaba ebrio, fue encerrado y apaleado. O los dos adolescentes que murieron en el incendio del Instituto Roca el 21 de noviembre. O la jovencita que el 15 de octubre denunció a un policía por abuso y fue secuestrada, según dijo, para retirar la denuncia. O la mujer policía que acusó a un compañero de la Escuela de Policía por intento de violación a fines de septiembre. O el agente que abusó de una menor que estaba con su novio en el parque un día antes de la primavera.
El comisario Jorge Racedo, jefe de la fuerza, dijo, ante el caso de la policía que denunció al compañero, que, como era un delito de instancia privada, dependía de ella. "Todo está en manos de la Justicia, que se encargará de determinar qué pasó y si sucedió lo que denunció la oficial", explicó. Con ello dio a entender que controles de comportamiento no iba a haber, sino que sólo se esperará que actúe la Justicia.
Son muchos casos en pocos meses. Un buen fiscal que sólo siguiera los casos publicados podría trazar un patrón y comenzar una investigación sobre conducta y sobre la reacción de una comunidad que parece amortiguada frente al maltrato, siempre que este ocurra en las áreas marginales de la sociedad.
Se entiende: la comunidad reacciona emocionalmente. ¿Pero qué pasa con los fiscales, el ministro fiscal, el secretario de Derechos Humanos, los legisladores (hay una comisión de seguridad) y el ministro de Seguridad Ciudadana? Hace seis meses se denunció que se había cumplido un año de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de Contravenciones (que permite que un policía sea juez y parte) y nada ocurrió.
Lo del arrebatador accidentado y detenido fue casi una pena de muerte en la calle; y la del adolescente de Yerba Buena, un castigo sin juicio. "Quiero resaltar la profunda tristeza que este hecho produjo en nuestra familia y el daño psicológico que le ocasionó a nuestro hijo -dijo el padre del adolescente-. La Justicia condena de antemano".
La noticia pasó desapercibida. El chico estuvo 36 días encerrado, acusado de violación, y ni siquiera se habían hecho las pericias elementales. Hubo una condena social producto del espanto de la comunidad de Yerba Buena -hasta el intendente estuvo al frente de las protestas- y fiscales y jueces permitieron que fuera encerrado. Ahora están por sobreseerlo.
El mismo día que se publicó esta historia se informó del ladrón que, con un compañero de andanzas, robaron una cartera en la avenida Mate de Luna. En la huida chocaron con un auto en Crisóstomo Álvarez y Pasaje República y cayeron de la moto. Uno murió en el acto. El otro, golpeado y atontado, se sentó en el cordón de la vereda y la Policía, en vez de trasladarlo al hospital, lo llevó detenido. En la comisaría se sintió mal. Murió camino al hospital.
"Ahhh..." -se dirá- "pero este era delincuente y lo atraparon in fraganti". Sí, pero el problema es la tendencia a condenar de antemano. Como era ladrón, para el policía que lo detuvo, no merecía curaciones. Acaso se pensó lo mismo de Sergio Ismael Lucena, el joven asesinado de un culatazo policial en el barrio Gráfico el 10 de noviembre; o del enfermero Hugo Cisterna, que el 21 de octubre fue a la comisaría en Villa Angelina a denunciar un asalto y, como estaba ebrio, fue encerrado y apaleado. O los dos adolescentes que murieron en el incendio del Instituto Roca el 21 de noviembre. O la jovencita que el 15 de octubre denunció a un policía por abuso y fue secuestrada, según dijo, para retirar la denuncia. O la mujer policía que acusó a un compañero de la Escuela de Policía por intento de violación a fines de septiembre. O el agente que abusó de una menor que estaba con su novio en el parque un día antes de la primavera.
El comisario Jorge Racedo, jefe de la fuerza, dijo, ante el caso de la policía que denunció al compañero, que, como era un delito de instancia privada, dependía de ella. "Todo está en manos de la Justicia, que se encargará de determinar qué pasó y si sucedió lo que denunció la oficial", explicó. Con ello dio a entender que controles de comportamiento no iba a haber, sino que sólo se esperará que actúe la Justicia.
Son muchos casos en pocos meses. Un buen fiscal que sólo siguiera los casos publicados podría trazar un patrón y comenzar una investigación sobre conducta y sobre la reacción de una comunidad que parece amortiguada frente al maltrato, siempre que este ocurra en las áreas marginales de la sociedad.
Se entiende: la comunidad reacciona emocionalmente. ¿Pero qué pasa con los fiscales, el ministro fiscal, el secretario de Derechos Humanos, los legisladores (hay una comisión de seguridad) y el ministro de Seguridad Ciudadana? Hace seis meses se denunció que se había cumplido un año de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de Contravenciones (que permite que un policía sea juez y parte) y nada ocurrió.
Lo del arrebatador accidentado y detenido fue casi una pena de muerte en la calle; y la del adolescente de Yerba Buena, un castigo sin juicio. "Quiero resaltar la profunda tristeza que este hecho produjo en nuestra familia y el daño psicológico que le ocasionó a nuestro hijo -dijo el padre del adolescente-. La Justicia condena de antemano".