El Colegio de Abogados de Tucumán no dará marcha atrás con el pedido que le elevaron al gobernador, José Alperovich, para que vete un proyecto de ley sancionado que, según los letrados, los perjudicará económicamente.
El jueves, la Legislatura aprobó una norma que establece que las cuentas judiciales inmovilizadas, que administraba la Caja de Previsión y Seguridad Social, serán manejadas a través de cuentas oficiales del Gobierno provincial.
Por este motivo, los abogados mantendrán una reunión el miércoles al mediodía en la sede del organismo previsional (pasaje 2 de Abril 380) para analizar la situación y avanzar en una estrategia que les permita continuar con el manejo de los fondos de Caja de Previsión y Seguridad Social. Los letrados insistirán en mantener un encuentro con el mandatario.
Antes de la modificación, la norma desglosaba los recursos que pertenecían a la Caja. Uno de ellos era el dinero existente en cuentas judiciales -excluido el de usuras pupilares- que estuvieren inmovilizados durante tres años. Hasta el jueves, la ley preveía que el banco oficial debía acreditar en cuenta de la Caja los fondos en el mes de enero de cada año, pasando una nómina de las causas a que pertenecen. Ahora, esos fondos serán asimilados al régimen de cuentas oficiales de la Provincia, por lo que los intereses que pudieran generar ya no tendrán por destino las arcas previsionales de los letrados.
El titular de la Caja, Pedro Yane Mana, afirmó que aún confía en que Alperovich vete el proyecto sancionado por la Legislatura, porque a su entender, les quita a los letrados "un aporte legítimo" para el funcionamiento del organismo. "Cuando fue creada, en 1952, el Poder Legislativo sancionó el instrumento legal para que ese aporte ingrese a la Caja, considerándolo esencial para su sostenimiento y el eficaz cumplimiento de su cometido. Ahora, esta Legislatura, que dice exhibir los mismos principios políticos de aquella, pretende despojárselos, lo que constituye un evidente error que afecta la estructura económica de la entidad, poniendo en riesgo el cumplimiento oportuno y efectivo de su cometido. Peor aún cuando el instrumento sancionado, cuyo veto solicitamos, sólo parece beneficiar al Banco Tucumán SA, perjudicando innecesariamente a esta institución previsional", se quejó el abogado.
"Pedimos al Poder Ejecutivo que atienda y considere los sólidos argumentos vertidos por los legisladores que se opusieron al proyecto, para que su pronunciamiento respecto al mismo no sea meramente formal. Esas opiniones, vertidas en el recinto legislativo, lo convencerán de que no beneficia en nada a la Provincia y que, en cambio, afecta gravemente a la entidad que atiende, mensualmente, las jubilaciones y pensiones de profesionales del derecho y sus familias", explicó el presidente de la Caja de Previsión de los letrados.