BUENOS AIRES.- Mañana y luego de seis meses de investigación, la Justicia presentará las pruebas formales con las cuales imputará al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender por el manejo irregular de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales. El fiscal Jorge Di Lello ya tiene casi listo el requerimiento con el cual le pedirá al juez federal Norberto Oyarbide que cite a indagatoria a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, entre una lista de más de una veintena personas.
Di Lello y un equipo de la fiscalía vienen trabajando desde hace semanas y están ultimando detalles del requerimiento, sobre todo de la reconstrucción de la ruta que tuvieron los fondos del Plan Federal de Viviendas que recibía la entidad que dirige Hebe de Bonafini con operaciones bajo sospecha que alcanzarían los $ 50 millones.
Según indicaron fuentes judiciales, Di Lello estudia imputar, además de los Schoklender; a los empresarios Alejandro Gotkin y Daniel Laurenti; al financista Fernando Caparrós Gómez; al piloto Gustavo Serventich; a la mano derecha de Sergio, Patricia Alonso; y a su ex esposa, Viviana Sala, entre otros.
También evalúa imputar a Alejandra Bonafini -renunció a la Fundación en septiembre tras una discusión con su madre-, de quien consta en la causa dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) bancarias: uno es por una suma de U$S 50.000 y otra por $ 100.000, movimientos de dinero que corresponden a la compra de un automóvil y a la contratación de una póliza de seguros.
Di Lello también hará referencia a un "complejo" entramado de empresas que intervinieron en la maniobra delictiva, mediante la cual se cometió defraudación y lavado de dinero, aunque no descarta imputar a los Schoklender por asociación ilícita en razón de "la cantidad de imputados".
Esas empresas bajo sospecha son Meldorek SA -de la que es dueño Sergio Schoklender y Serventich- y a la cual las Madres le confiaron la construcción de las viviendas sociales; y Antártica Argentina, de Alejandro Gotkin, esta última a donde fue desviado dinero de la Fundación por al menos $ 4 millones en cheques.
Si bien en la primera tanda de indagatorias que requerirá el fiscal se descarta que esté el nombre de Hebe de Bonafini; sí se incluirá en el dictamen duros conceptos hacia su persona.
En el borrador del requerimiento, aún no está definido si el fiscal pedirá las indagatorias con detención o no, aunque suena poco probable que lo haga no sólo porque ya pasaron seis meses con los imputados en libertad, sino también porque estaría asegurada la sujeción de los mismos a la Justicia.
El requerimiento será presentado a días del inicio de la feria judicial de enero, y en la cual el juez Oyarbide tiene previsto irse de vacaciones, por lo que las citaciones recién se empezarán a definir luego del receso. (NA)