BUENOS AIRES.- El empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería "San Javier" y uno de los principales acusados en la causa por la "mafia de los medicamentos", fue liberado el miércoles pasado tras pagar la fianza de $ 700.000.
Fuentes judiciales informaron que el empresario recuperó su libertad desde el penal de Marcos Paz, donde permanecía detenido desde hace dos años, y tras aportar como garantía de pago de la fianza la propiedad en donde funciona el estudio de su abogada Claudia Balbín.
La caución de Lorenzo fijada por el juez Norberto Oyarbide fue de igual monto que la del sindicalista Juan José Zanola. La propiedad dada en garantía por el empresario supera el monto de la caución -$ 1 millón) según los peritos tasadores de la Corte.
La excarcelación de Lorenzo había sido ordenada por la Sala II de la Cámara Federal, igual que la semana pasada lo había hecho con Zanola, con su pareja y ex directora administrativa del Policlínico Bancario, Paula Aballay; con la ex segunda de esta, Susana Fionna, y con el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi.
La Cámara consideró nulas por falta de argumentos las prórrogas de las prisiones preventivas que poco antes había resuelto Oyarbide, y le ordenó que los libere a todos luego de que pasaran más de dos años detenidos.
Imputaciones
Mientras tanto, la causa sigue su curso y prontamente -lo será luego de la feria judicial de enero- Oyarbide firmaría la elevación a juicio oral y público de la megacausa, que cuenta con una gran cantidad de imputados y hechos referidos a la comercialización de medicamentos truchos o adulterados, y también de defraudación al Estado por presentación de troqueles falsos para obtener reembolsos por supuestos tratamientos de salud complejos que la obra social brindó a sus afiliados.
Lorenzo está imputado como "jefe" de una asociación ilícita en la causa por la "mafia de los medicamentos", y la droguería "San Javier" de la cual es titular era la mayor proveedora de fármacos a la obra social de la Bancaria.
Además, el empresario fue vinculado directamente con aportes dudosos a la campaña kirchnerista de 2007 que consagró a Cristina Fernández como presidenta.
Lorenzo habría aportado a nombre de Gabriel Brito cuatro cheques por $ 310.000 para esa campaña, y ese recibo fue encontrado durante el allanamiento a una propiedad a su nombre.
Pero también Lorenzo aparece vinculado por escuchas telefónicas con Héctor Capaccioli (ex superintendente de Servicios de Salud) y con Sebastián Gramajo, ambos recaudadores de la campaña kirchnerista de 2007.
A Lorenzo también se lo vinculó con el "triple crimen de General Rodríguez". Declaró como testigo a raíz de sus vínculos comerciales con Sebastián Forza, una de las víctimas y quien había comenzado a incursionar en el negocio de la venta de efedrina en nuestro país. (NA-DyN)
Fuentes judiciales informaron que el empresario recuperó su libertad desde el penal de Marcos Paz, donde permanecía detenido desde hace dos años, y tras aportar como garantía de pago de la fianza la propiedad en donde funciona el estudio de su abogada Claudia Balbín.
La caución de Lorenzo fijada por el juez Norberto Oyarbide fue de igual monto que la del sindicalista Juan José Zanola. La propiedad dada en garantía por el empresario supera el monto de la caución -$ 1 millón) según los peritos tasadores de la Corte.
La excarcelación de Lorenzo había sido ordenada por la Sala II de la Cámara Federal, igual que la semana pasada lo había hecho con Zanola, con su pareja y ex directora administrativa del Policlínico Bancario, Paula Aballay; con la ex segunda de esta, Susana Fionna, y con el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi.
La Cámara consideró nulas por falta de argumentos las prórrogas de las prisiones preventivas que poco antes había resuelto Oyarbide, y le ordenó que los libere a todos luego de que pasaran más de dos años detenidos.
Imputaciones
Mientras tanto, la causa sigue su curso y prontamente -lo será luego de la feria judicial de enero- Oyarbide firmaría la elevación a juicio oral y público de la megacausa, que cuenta con una gran cantidad de imputados y hechos referidos a la comercialización de medicamentos truchos o adulterados, y también de defraudación al Estado por presentación de troqueles falsos para obtener reembolsos por supuestos tratamientos de salud complejos que la obra social brindó a sus afiliados.
Lorenzo está imputado como "jefe" de una asociación ilícita en la causa por la "mafia de los medicamentos", y la droguería "San Javier" de la cual es titular era la mayor proveedora de fármacos a la obra social de la Bancaria.
Además, el empresario fue vinculado directamente con aportes dudosos a la campaña kirchnerista de 2007 que consagró a Cristina Fernández como presidenta.
Lorenzo habría aportado a nombre de Gabriel Brito cuatro cheques por $ 310.000 para esa campaña, y ese recibo fue encontrado durante el allanamiento a una propiedad a su nombre.
Pero también Lorenzo aparece vinculado por escuchas telefónicas con Héctor Capaccioli (ex superintendente de Servicios de Salud) y con Sebastián Gramajo, ambos recaudadores de la campaña kirchnerista de 2007.
A Lorenzo también se lo vinculó con el "triple crimen de General Rodríguez". Declaró como testigo a raíz de sus vínculos comerciales con Sebastián Forza, una de las víctimas y quien había comenzado a incursionar en el negocio de la venta de efedrina en nuestro país. (NA-DyN)