ESTAMBUL/PARÍS.- Francia y Turquía están al borde de la ruptura total de las relaciones por la tensión generada con las denuncias cruzadas de genocidios ocurridos en la primera mitad del siglo pasado.

La crisis se desató el jueves, cuando los diputados franceses votaron una ley que castiga con un año de cárcel y U$S 58.000 de multa la negación de un genocidio reconocido por la legislación de ese país, entre los cuales figuran el de los judíos en la Segunda Guerra Mundial y el de los armenios entre 1915 y 1917, cuando murió 1,5 millón de personas en el ocaso del Imperio Otomano. Turquía reconoce que unos 500.000 armenios fallecieron en combates o durante su deportación, pero rechaza la acusación de que hubo una decisión de exterminarlos. La norma pasó ahora al Senado galo.

La media sanción de la ley indignó a Turquía, que suspendió las visitas bilaterales, anuló ejercicios militares conjuntos y llamó a su embajador en París, Tahsin Burcuoglu, a consultas en Estambul.

Ayer, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, aumentó la tensión al acusar a Francia de haber cometido actos de genocidio en Argelia durante su ocupación colonial (ver Perfil), que concluyó en 1962. Cargó directamente contra el presidente, Nicolas Sarkozy. "Si él desconoce este genocidio, le puede preguntar a su padre, Pal Sarkozy, que sirvió en la Legión Francesa en los años 40. Estoy seguro de que tiene muchas cosas que decir a su hijo sobre la masacre francesa en Argelia", dijo.

Hay documentación oficial que reconoce que Francia utilizó técnicas represivas, fusilamientos y torturas contra los independistas argelinos del Frente de Liberación Nacional (FLN).

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Alain Juppé, intentó calmar la situación pidiendo "moderación" y "sangre fría", aunque admitió que la votación del proyecto de ley "no era oportuna". "Intentemos ahora reanudar relaciones tranquilas. Será difícil, soy consciente de ello, pero el tiempo surtirá efecto", añadió Juppé. El propio Sarkozy pidió que se calme la situación, pero reivindicó el respeto a la memoria (ver Perfil).

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) criticó la iniciativa, por considerar que se presta a criminalizar los debates históricos y obstaculiza la libertad de expresión. (Télam-AFP-DPA)