Diciembre es el mejor mes para el comercio y el peor para Tribunales. Se supone que en esta época del año todas las energías judiciales están destinadas a sacar sentencias y acomodar los expedientes para el "sueño" de la feria de enero. En medio de esta afiebrada dinámica, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) ha formalizado el proyecto de reorganizar la primera instancia del fuero en lo Civil de Familia y Sucesiones del centro judicial Capital, que a partir de 2012 funcionará con tres unidades judiciales dedicadas exclusivamente a Sucesiones, y seis consagradas a la atención de los procesos de Familia.
La reforma surge de una acordada del 13 de diciembre pasado, que el alto tribunal ha publicado en el Boletín Oficial provincial y en la portada del sitio web de la Justicia de Tucumán (www.justucuman.gov.ar). Los considerandos del decreto informan que la Corte, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, puede asignar competencia a los juzgados para conocer en materias determinadas dentro de la competencia general atribuida por la ley y conforme a las necesidades de especialización.
"Se considera oportuno y conveniente efectuar la división del fuero mencionado, dividiendo la competencia material en Familia y Sucesiones. Ello, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos en aras de la eficiencia en la prestación del servicio de justicia", manifiesta el documento del alto tribunal.
En función de esta remodelación, los asuntos de Sucesiones recaerán sobre los juzgados de la III, VIII y IX Nominación respectivamente a cargo de los magistrados Carlos Torino, María del Carmen Negro y Alberto Martín Acosta (los dos últimos fueron designados en noviembre). Los juicios de Familia, en tanto, serán sustanciados en las unidades judiciales de la I, II, IV, V, VI y VII Nominación, que encabezan los jueces Silvia Karina Lescano de Francesco, Sylvia Josefina García Zavalía, Isas Orlando Stoyanoff, Valeria Judith Brand, Claudia López y Ángela Rossana Martínez. Nada dice la acordada sobre la competencia del despacho de la X Nominación -creado junto a los de la VIII y IX por la Ley 8.360 de septiembre del año pasado-, que aún no ha sido puesto en marcha, y que, en principio, tendría competencia en Familia y Sucesiones, y estaría emplazado en la ciudad de Banda del Río Salí.
El cambio surtirá efectos plenos a partir del año próximo y se espera que, después de las vacaciones de julio, el fuero reduzca considerablemente los atrasos que arrastra como consecuencia de dos fenómenos combinados: el ostensible incremento de la litigiosidad y las acefalías de los juzgados (superadas en virtud de los concursos sustanciados en el Consejo Asesor de la Magistratura -CAM-).
Por lo pronto, la Corte ha dispuesto el cierre de ingreso de juicios de Familia en los juzgados de Sucesiones y viceversa desde el 14 de diciembre pasado. "Atento a la época del año, a la proximidad de la feria judicial de enero y a fin de evitar perjuicios a los justiciables, resulta razonable la postergación para el año próximo del traspaso físico de los respectivos expedientes y demás cuestiones operativas atinentes al caso", expresa la acordada de la Corte.
Tres contra dos
La reforma del fuero en lo Civil de Familia y Sucesiones ha sido adoptada con los votos de los vocales Antonio Estofán -presidente de la CSJT-, René Mario Goane y Daniel Posse; en tanto que Claudia Sbdar y Antonio Gandur se unieron en la disidencia. Es decir que en la decisión volvió a prevalecer el esquema de mayorías y minorías que este año concedió la reelección a Estofán en el cargo de titular de la Corte, y desplazó a Gandur y a Sbdar del Consejo Asesor de la Magistratura (en sus lugares, asumieron respectivamente Posse y Goane).
Los disidentes han argumentado que falta información para proceder a la división del fuero. "Dicha información debe incluir: a) datos cuantitativos que indiquen, además de causas ingresadas y en trámite referidas a cada materia, las tasas de resolución y tiempos procesales de cada tipo de causa porque brindarán información para analizar si la división propuesta resulta adecuada. La Dirección de Estadísticas podría proporcionar datos útiles en este sentido que fundamenten estadísticamente la decisión de la Corte y b) formación, vocación y experiencia de cada juez o jueza en la materia en la que se especializará su juzgado a fin de que el mayor aprovechamiento de recursos y, en consecuencia, la mejora del servicio de justicia, se realice efectivamente", han opinado Gandur y Sbdar.
La necesidad de separar las materias fue planteada -y, de algún modo, anticipada- por la magistrada Ester Valderrábano de Casas, que el año pasado -y en vísperas de asumir como camarista en Familia y Sucesiones- sugirió la especialización de los juzgados de primera instancia, en una entrevista con LA GACETA. Esa reestructuración supone distinguir la materia sensible (régimen de alimentos, divorcios y juicios conectados con la problemática de la violencia doméstica) de procesos sucesorios cuya naturaleza es, sobre todo, patrimonial. Según los cálculos de Valderrábano, estos juicios comprenden el 30% de los expedientes radicados en el fuero en cuestión.
La reforma surge de una acordada del 13 de diciembre pasado, que el alto tribunal ha publicado en el Boletín Oficial provincial y en la portada del sitio web de la Justicia de Tucumán (www.justucuman.gov.ar). Los considerandos del decreto informan que la Corte, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, puede asignar competencia a los juzgados para conocer en materias determinadas dentro de la competencia general atribuida por la ley y conforme a las necesidades de especialización.
"Se considera oportuno y conveniente efectuar la división del fuero mencionado, dividiendo la competencia material en Familia y Sucesiones. Ello, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos en aras de la eficiencia en la prestación del servicio de justicia", manifiesta el documento del alto tribunal.
En función de esta remodelación, los asuntos de Sucesiones recaerán sobre los juzgados de la III, VIII y IX Nominación respectivamente a cargo de los magistrados Carlos Torino, María del Carmen Negro y Alberto Martín Acosta (los dos últimos fueron designados en noviembre). Los juicios de Familia, en tanto, serán sustanciados en las unidades judiciales de la I, II, IV, V, VI y VII Nominación, que encabezan los jueces Silvia Karina Lescano de Francesco, Sylvia Josefina García Zavalía, Isas Orlando Stoyanoff, Valeria Judith Brand, Claudia López y Ángela Rossana Martínez. Nada dice la acordada sobre la competencia del despacho de la X Nominación -creado junto a los de la VIII y IX por la Ley 8.360 de septiembre del año pasado-, que aún no ha sido puesto en marcha, y que, en principio, tendría competencia en Familia y Sucesiones, y estaría emplazado en la ciudad de Banda del Río Salí.
El cambio surtirá efectos plenos a partir del año próximo y se espera que, después de las vacaciones de julio, el fuero reduzca considerablemente los atrasos que arrastra como consecuencia de dos fenómenos combinados: el ostensible incremento de la litigiosidad y las acefalías de los juzgados (superadas en virtud de los concursos sustanciados en el Consejo Asesor de la Magistratura -CAM-).
Por lo pronto, la Corte ha dispuesto el cierre de ingreso de juicios de Familia en los juzgados de Sucesiones y viceversa desde el 14 de diciembre pasado. "Atento a la época del año, a la proximidad de la feria judicial de enero y a fin de evitar perjuicios a los justiciables, resulta razonable la postergación para el año próximo del traspaso físico de los respectivos expedientes y demás cuestiones operativas atinentes al caso", expresa la acordada de la Corte.
Tres contra dos
La reforma del fuero en lo Civil de Familia y Sucesiones ha sido adoptada con los votos de los vocales Antonio Estofán -presidente de la CSJT-, René Mario Goane y Daniel Posse; en tanto que Claudia Sbdar y Antonio Gandur se unieron en la disidencia. Es decir que en la decisión volvió a prevalecer el esquema de mayorías y minorías que este año concedió la reelección a Estofán en el cargo de titular de la Corte, y desplazó a Gandur y a Sbdar del Consejo Asesor de la Magistratura (en sus lugares, asumieron respectivamente Posse y Goane).
Los disidentes han argumentado que falta información para proceder a la división del fuero. "Dicha información debe incluir: a) datos cuantitativos que indiquen, además de causas ingresadas y en trámite referidas a cada materia, las tasas de resolución y tiempos procesales de cada tipo de causa porque brindarán información para analizar si la división propuesta resulta adecuada. La Dirección de Estadísticas podría proporcionar datos útiles en este sentido que fundamenten estadísticamente la decisión de la Corte y b) formación, vocación y experiencia de cada juez o jueza en la materia en la que se especializará su juzgado a fin de que el mayor aprovechamiento de recursos y, en consecuencia, la mejora del servicio de justicia, se realice efectivamente", han opinado Gandur y Sbdar.
La necesidad de separar las materias fue planteada -y, de algún modo, anticipada- por la magistrada Ester Valderrábano de Casas, que el año pasado -y en vísperas de asumir como camarista en Familia y Sucesiones- sugirió la especialización de los juzgados de primera instancia, en una entrevista con LA GACETA. Esa reestructuración supone distinguir la materia sensible (régimen de alimentos, divorcios y juicios conectados con la problemática de la violencia doméstica) de procesos sucesorios cuya naturaleza es, sobre todo, patrimonial. Según los cálculos de Valderrábano, estos juicios comprenden el 30% de los expedientes radicados en el fuero en cuestión.