A criterio del abogado Pedro Pujol, la definición de la banca número 18 del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dejó tres mensajes claros: que la Justicia dio una muestra valiosa de independencia y de calidad institucional; que se ha sentado un antecedente significativo para casos en los que haya sospechas sobre posibles irregularidades electorales y que es necesario que se implemente cuanto antes el voto electrónico en la provincia.

Pujol es apoderado del partido Demócrata Cristiano (DC) y miembro de la junta de gobierno partidaria. Fue el encargado de presentar el recurso de amparo que derivó en la orden judicial de apertura de 20 urnas de la capital y en el cambio del ocupante del último escaño (Sandra Manzone, de la opositora Coalición Cívica, en vez de Claudio Morata, por el acople oficialista Militancia Popular).

"El recuento provisorio había indicado a Manzone como vencedora. Pero, conforme avanzaba el escrutinio definitivo se buscaba tergiversar el voto. Cuando se termina el escrutinio en la urna, la planilla era llevada por un empleado de la JEP hasta donde se computaba. Pero en el camino había gente que intervenía. Estimamos que eso ocurrió", explicó Pujol. Para el letrado no hay dudas de que los fiscales del oficialismo tuvieron injerencia en la presunta alteración de los números en los cómputos finales.

"Había inconsistencias en las 20 urnas que pedimos resguardar. En el 70% de ellas quedaron demostradas. Tengo el convencimiento de que Sandra (Manzone) ganó por más de 11 votos", afirmó.

Pujol consideró que no es viable que se llame a elecciones complementarias, como pretende Morata. "Sería darle una posibilidad extrema para que pueda entrar al Concejo. No creo que ocurra", afirmó.

Según el escrutinio del día de la votación, el provisorio, Manzone le ganó a Morata por 121 votos. Pero cinco días después el resultado se revirtió a favor de este por 34.