Cristina Kirchner dio esta semana señales de un cambio de paradigma en la relación de su gobierno con los gremios, así como con el empresariado, y terminó de convencer al titular de la CGT, Hugo Moyano, de iniciar una etapa de repliegue y resistencia. Fueron dos discursos significativos: el del martes en la conferencia industrial y el del jueves en el Aeroparque Metropolitano, donde vetó reclamos de la CGT y amonestó a gremios rebeldes como los de los pilotos y técnicos de Aerolíneas. En ambos casos lo hizo recostada sobre su caudal electoral y su condición de peronista -lo cual le asigna mayor legitimidad en la discusión- y con el objetivo de que la bajada de línea llegara a tiempo antes de las pulseadas previstas para 2012.
El nivel de los aumentos salariales, el reintegro de los fondos de las obras sociales, el impuesto a las ganancias, el reparto de utilidades empresariales y una eventual reforma integral al sistema de salud son algunas de las decisiones que el Gobierno tiene apuntadas y que podrían rebelar a los gremios.
La Casa Rosada habría sondeado la legalidad de decretar a los servicios de transporte "esenciales", de manera de contrarrestar las siempre complejas huelgas del sector. Ya decidió avanzar sobre APTA, el sindicato del personal técnico de Aerolíneas con el pedido a la Justicia para que suspenda su personería gremial y ahora prepara a través del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, una denuncia penal contra su jefe, Ricardo Cirielli. "Tiene prácticas extorsivas y eso tiene que salir a la luz", dijo una fuente del Ministerio de Planificación Federal, al deslizar cuál será el cariz de la denuncia. El round se da en la antesala de la puja por la conducción de la CGT, en julio de 2012. Los distintos sectores, a excepción de los "gordos", acordaron esperar a que el líder camionero cumpla su mandato, pero aguardan un guiño oficial para ver quién será el nuevo mandamás. Antonio Caló, de la UOM, es el favorito.
El Gobierno ya envió sobradas muestras de que el ciclo de Moyano está cumplido y prevé promover su remoción de la cúspide del PJ bonaerense, a finales de 2012.
Todo indica que la etapa de acumulación de poder moyanista entró en declive. Moyano apoyó a Adolfo Rodríguez Saá en los comicios de 2003 pero comenzó su acercamiento al Gobierno, tras una charla con Néstor Kirchner, junto al fallecido titular de la UTA, Juan Manuel Palacios. Tras encumbrarse en la CGT, dio prioridad a su gremio, que pasó de ser un sindicato de 20.000 afiliados a orillar los 200.000, avanzando incluso sobre otros gremios y ganándose muchos enemigos. Pero, fiel a la máxima vandorista de "golpear para negociar" que lo guía, no va a abandonar la pelea.
Estaría buscando armar federaciones que aglutinen a los distintos sectores dentro de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte para unificar el poder de fuego de los transportistas. Ya avanzó en el sector ferroviario que tendrán su federación a fin de año, con el titular de La Fraternidad, Omar Maturano a la cabeza y prevé hacerlo con los aeronáuticos. También tuvo acercamientos con sectores antikirchneristas como el que lidera el duhalista, Gerónimo Venegas, representante de los peones rurales y de las 62 organizaciones sindicales peronistas. Y prevé volver a fortalecer al Movimiento de Trabajadores Argentinos con el que se mantuvo como disidente de la CGT durante el menemismo. Un primer encuentro del sector transportista será el 6 de diciembre. Luego, volverá a mostrar su fortaleza el 15 de diciembre, Día del Camionero, cuando encabece un acto en Huracán. A diferencia de otros años, cuando Néstor y Cristina eran los invitados especiales, es improbable que esta vez haya presencia oficial. Quizá asista Julio De Vido a quien Moyano espera ver encumbrado en el Gabinete, ya que es su principal nexo.
Hasta ahora, el Gobierno usó las paritarias de Camioneros como referencia para los acuerdos salariales. El año pasado fue de 24 %, en tres etapas que concluirán en marzo, más un plus de vacaciones.
Pese a que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que las negociaciones que comenzarán en febrero o marzo "no tendrán ni piso ni techo", lo cierto es que el Gobierno buscará fijar el aumento promedio en 18 %. La idea es dar en ese ámbito una de las peleas pendientes contra la inflación, y dentro de ese cuadro, se da la sintonía entre la Presidenta y el empresariado, corporizada en el titular de la UIA, José Ignacio De Mendiguren. Un caso testigo es el del gremio de Venegas, que acordó una suba del 35,7 %.
Moyano anticipó que buscará que los incrementos superen el 25 %, acorde con "la inflación de los supermercados". La pelea se dará en el marco del recorte de subsidios para sectores medios, y aumentos impositivos que deberán afrontar porteños y bonaerenses. Además, de la negativa del Gobierno a subir el piso del mínimo no imponible a las ganancias y a darle aire a una ley de reparto de utilidades, junto con la posibilidad de que avance en una reforma del sistema de salud. Trascendió, les podría quitar a las obras sociales la atribución de comprar productos y luego reclamar el reintegro, una caja de $ 30.000 millones y eje de la causa por la "mafia" de los medicamentos. Se sospecha que la obra social de Camioneros presentó troqueles truchos para cobrar fondos de la Administración de Programas Especiales. Esa es la causa que más inquieta a Moyano de las que tiene abiertas en la Justicia.