En la última década, las demandas de empresas y de acreedores contra la Argentina han significado millonarias sumas que, si fueran todas las causas adversas para el país, le insumirían poco menos de la mitad de las reservas internacionales del Banco Central.
La advertencia norteamericana contra la gestión de la presidenta Cristina Fernández puede tener varias lecturas a la hora de analizar las cifras en danza. Por ejemplo, desde el mismo Gobierno admiten que, actualmente, sólo hay tres sentencias firmes que el Estado debe hacer frente y que se tramitan en el Centro de Arreglos de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial. Las indemnizaciones a pagar a esas empresas demandantes ascienden a unos U$S 500 millones.
Sin embargo, hay aún una veintena de causas pendientes en el tribunal arbitral que pueden significar para el Estado unos U$S 12.000 millones. Claro que la suma definitiva a pagar dependerá si el Ejecutivo, en las negociaciones, arregla con sus acreedores. La mayor parte se relaciona con compañías prestatarias de servicios públicos privatizados (entre ellas está la demanda de Aguas del Aconquija contra Tucumán).
Otra parte del reclamo estadounidense está relacionado con los casi U$S 8.900 millones que la Argentina aún le adeuda al Club de París, un grupo informal de acreedores oficiales. El propósito del Gobierno es cerrar un acuerdo cuanto antes, con el fin de retornar a los mercados internacionales de capitales en 2012, siempre y cuando las condiciones externas sigan empeorando. También está pendiente de pago la situación con los fondos buitres, que demandan el pago de unos U$S 4.000 millones.