La Comisión Europea perdió la paciencia con las agencias de calificación: después de que la semana pasada Standard & Poor?s rebajara "por un error técnico" la nota de Francia, quitándole la triple A, símbolo de estabilidad, Bruselas les ha declarado oficialmente la guerra. El Ejecutivo comunitario quiere prohibir que estos organismos puedan emitir evaluaciones sobre los tres socios de la UE rescatados -Grecia, Irlanda y Portugal- o sobre aquellos que negocien planes de ayuda: se trata de evitar más sobresaltos en la Eurozona, exigiéndoles que trabajen de manera más transparente.
El detonante de la iniciativa, dirigida por el comisario de la UE para Servicios Financieros, Michel Barnier, fue el correo electrónico enviado por Standard & Poor?s el jueves de la semana pasada, en el cual anunciaba que degradaba la máxima calificación de la deuda francesa, la "AAA".
Según se filtró de círculos próximos a la Comisión de los 27, Barnier montó en cólera por este hecho, que calificó de "incidente grave", y decidió apretar el acelerador en esta cruzada contra las principales agencias: la "troika del ráting" mundial, integrada por Standard & Poor?s, Moody?s y Fitch.
En realidad, desde que estalló la crisis de deuda soberana en Grecia, hace ya casi año y medio, las agencias de calificación no han dejado de estar en el foco de la atención pública ni un momento.
Mientras los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios se reunían una y otra vez en cumbres europeas, o sus ministros de Economía y Finanzas hacían lo propio en numerosos eurogrupos o consejos del ramo (Ecofin) para intentar recomponer las piezas del complejo "puzzle" de la Eurozona, sus constantes ataques y rebajas de nota contra Atenas, Dublín o Lisboa, incluso contra España, volvían a poner contra las cuerdas el liderazgo europeo, incluido el del debilitado eje franco-alemán.
"Me parece legítimo que exista un tratamiento específico cuando un país está negociando o se encuentra bajo un programa de solidaridad internacional (de la UE y del FMI)", apuntó Barnier. Pero Bruselas va mucho más allá en sus esfuerzos por frenar la "dictadura de las agencias", como las califica la radio flamenca VRT, y que según la CE gozan de un poder excesivo e ilimitado para poner en jaque cualquier decisión política. A falta de una agencia de calificación de riesgos paneuropea, Bruselas quiere obligar a las que operan a que avisen con antelación (al menos 48 horas) a determinado socio comunitario antes de rebajar la nota de su deuda pública.