Investigación administrativa.- El comisionado rural de Colombres, Daniel Hernández, y la secretaria de la repartición, Marta Isabel Casaballe, están siendo sometidos a un juicio de cuentas, por el Tribunal de Cuentas, debido a que se detectó una irregularidad. Según el informe oficial, se designó personal por un monto de $ 368.910 en dos meses, sin notificar al Poder Ejecutivo, como dispone la norma vigente.

Un control habitual.- Cada dos meses, desde las comunas se envía un balance en el que se deben justificar los gastos a la Dirección General de Comunas Rurales, que depende del Ministerio del Interior (a cargo del ministro Osvaldo Jaldo). Esta oficina realiza un primer control interno. Cuando aprueba el informe, se remite el balance al Tribunal de Cuentas de la Provincia, que realiza la auditoría externa y el cruce de datos. Todo esto está consignado en la Ley Orgánica de Comunas Rurales.

Irregularidad.- En el primer bimestre de 2008, cuando el dirigente oficialista Daniel Hernández estaba a cargo por segunda vez de la comuna de Colombres, se elevó un balance que el Tribunal de Cuentas comenzó a analizar con detenimiento. Según el informe del ente de contralor, desde la administración comunal no se rindió como era debido la suma de $ 368.910, correspondiente al pago de personal.

El sumario de cuentas.- Debido a la irregularidad detectada, el Tribunal de Cuentas dispuso que se iniciara un sumario de cuentas. En esta etapa, el organismo le da la chance a los administradores de que regularicen los datos discordantes. Hernández realizó una presentación, pero los argumentos no convencieron a los auditores. Según el informe oficial, se había violado el artículo 19, inciso 2, de la Ley Orgánica de Comunas Rurales, en la que se enumeran las facultades y deberes del delegado comunal. Entre ellas está la designación del personal, pero, para que sea efectiva, debe contar con la aprobación del Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio del Interior. Al parecer, Hernández salteó esta etapa, y abonó en dos meses $ 368.910 a empleados que habían sido nombrados de forma irregular.

El argumento.- El TC le inició el 1 de noviembre un juicio de cuentas a Hernández y a su secretaria. En este proceso, ambos tienen la oportunidad de justificar otra vez los gastos. Pero, de no conseguirlo, deberán responder con su patrimonio por el dinero que no cuente con respaldo administrativo. Además, si los auditores consideran que hubo alguna irregularidad, pueden resolver que se envíe una copia de las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de turno en lo Penal, a fin de que se determine la posible comisión de algún delito. "Estos fondos surgen por liquidación fuera de cómputo; es un trámite que estoy realizando ante el Gobierno para la convalidación de los gastos. Esto no viene desde mi gestión, sino de gestiones anteriores", dijo Hernández.