"Todas las porciones de libertad individual cedidas por cada uno de los miembros al ingresar en la sociedad se unifican y se transforman en poder, el cual es ejercido por los dirigentes". Miguel Ángel Ekmekdjian, Tratado de Derecho Constitucional.
Durante esta semana, el suelo argentino lanzó un alarido desde la Capital Federal. El edificio de Mitre 1.232 se derrumbó y, además de llevarse el patrimonio de unas 30 familias, se cobró la vida de un hombre. El gremio de la construcción (Uocra) marchó para decir que había denunciado dos veces que las obras de demolición en una propiedad lindera a la estructura colapsada se realizaban sin acatar las normas de seguridad.
El grito se hace claro: la falta de controles es un problema tan capital como argentino. Ante semejante déficit, ninguna construcción puede sostenerse.
Esa certeza es la metáfora política sobre la construcción del Estado de Derecho. Una que en el subtrópico se torna ensordecedora.
Los contradictores
El poder y la libertad, advierte Miguel Ángel Ekmekdjian, son fenómenos sociales contradictorios que tienden a anularse recíprocamente. La historia de la humanidad -arriesga- es la búsqueda de un punto equilibrio entre ambas magnitudes. "Pero el equilibrio se rompe permanentemente en beneficio del poder... El poder lleva en sí mismo el germen de su propia corrupción. Es el estigma del déspota. Todo hombre que ejerce poder tiene una tentación irrefrenable a ampliar ese poder, para conservarlo. El poder genera más necesidad de poder".
¿Qué hacer, entonces, para debilitar el poder? Dividirlo. "Montesquieu afirmaba que sólo el poder es capaz de frenar al poder", recuerda el tratadista. Esa doctrina consagra los principios republicanos. Y presenta los protagonistas en pugna. Como sintetiza el constitucionalista Rodolfo Burgos, en el duelo contra el poder, el control es padrino de la libertad. Pero en suelo tucumano, la pobre llega a la disputa totalmente desarmada.
Los desiguales
Los tipos de controles son múltiples y varían según el Estado. Pero demandan un principio común: la independencia del controlador.
La primera especie es el control político: es el que efectúan los poderes del Estado entre sí. En Tucumán, no hay. El Poder Legislativo es presidido por un miembro del Ejecutivo, el vicegobernador, a partir de la Carta Magna bussista de 1990. Luego vino la reforma de 2006, para empeorar las cosas: el vicegobernador fija las remuneraciones de los legisladores por resolución simple. Pero la Constitución alperovichista fue más a fondo: fijó que vale más el gobernador y el vice que cualquier vocal de la Corte. Para echar a los políticos hacen falta más votos legislativos que para remover un magistrado. Además, la Justicia es el único poder que no dicta su presupuesto.
Es decir, el des-control entre poderes no es coyuntural. No tiene que ver sólo con una mayoría legislativa nada dispuesta a hacer valer el peso de una bancada que, en lugar de imponer su agenda, es mera validadora de lo que la Casa de Gobierno manda. Ni tampoco con el progresivo desembarco de funcionarios en la Corte. El problema, en verdad, es estructural.
Los fiscalizadores (y no)
El segundo tipo de control es financiero. Lo ejerce el Tribunal de Cuentas. Y al respecto, el diagnóstico tiene claroscuros. Por un lado, la tarea de los contadores fiscales es idónea y valiente. Desde una perspectiva general, le dieron dictamen desfavorable nada menos que el Estado Patrimonial de la provincia. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 2010, el "saldo inicial" de la Tesorería registraba $ 30,5 millones menos que el "saldo final" del 31 de diciembre de 2009.
Desde lo particular, han dicho que no puede saberse si toda la plata que manda la Nación es toda la que debe enviar. Que las partidas que llegan no son expuestas individualmente sino de modo global: se ignora la naturaleza de infinidad de recursos y, con ello, también el objeto del gasto. Y que, para rematar, después de que el Gobierno gastó esos fondos nacionales más los provinciales, no se pudo saber cuánto quedó: los saldos presupuestarios de la Administración Central y los Poderes del Estado, en el nivel de la partida donde se imputa el gasto, "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con la normativa vigente".
Como si no bastara, los $ 957 millones que representan el 70% de la deuda de las municipalidades corresponden a fondos fiduciarios que están "fuera" del Presupuesto General de Provincia (pese a que se componen con recursos del Tesoro estatal). Los fiscalizadores advierten que, por tanto, están fuera de su alcance. Y aquí se enciende una alarma en el ente de contralor. ¿Por qué el Tribunal no toma la decisión de auditar esos fondos fiduciarios, que son figuras del derecho privado, si el artículo 78 de la Constitución de 2006 dice: Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.
Los subestimadores
Sigue el control legislativo a la administración. Consta, por un lado, de actividades para recabar información: léase, comisiones investigadoras. Pero la Legislatura jamás integró la comisión que debe estudiar la Cuenta de Inversión. Es decir, que debe analizar cómo usó el Gobierno la plata de los tucumanos. Todas las irregularidades consignadas por los contadores fiscales figuran, justamente, en el informe de Cuenta de Inversión de 2010. El radical Ariel García ya pidió que formen esa comisión, prevista en la Ley de Administración Financiera. Pero en Tucumán, las normas están para ser reformadas: no para ser cumplidas.
Por otro lado, este control legislativo refiere a la aprobación del Presupuesto de la Provincia. Eso que aquí es cálculo mendaz: prevé para todo 2012 una inflación del 9%. ¿Para qué subestimar el Presupuesto? Para que los centenares de millones no previstos sean incorporados en ampliaciones presupuestarias sin imputación específica. O sea, para goce de la discrecionalidad del gobernante.
El legislador Ricardo Bussi advierte el carácter decorativo del Presupuesto en despachos como el que emitió el martes la comisión de Hacienda: avala que se afecten $ 51 millones por mes de la coparticipación para cumplir con la Ley de Educación Nacional (26.206). Un fin loable. El problema es el artículo dos del dictamen local: "Facúltase al Ejecutivo a realizar los ajustes presupuestarios necesarios (?); y a establecer para los ejercicios subsiguientes el monto a afectarse". Primero: si el Presupuesto 2012 aún no se aprobó, ¿por qué no introduce la Legislatura el cambio correspondiente en el proyecto, en lugar de andar regalándole facultades al Gobierno? Segundo: ¿por qué se desentienden de las políticas de financiamiento educativo y aprueban que el Gobierno pueda hacer lo que quiera durante los ejercicios subsiguientes? Tercero: si renuncian a intervenir en asuntos como este, ¿para entender en qué clase de asuntos están?
Los poco oficiosos
Un último tipo de control es el del Ministerio Público: los fiscales judiciales. Sus funciones, entre otras, son ejercer la titularidad de las acciones penales y de las acciones judiciales para la defensa de los intereses difusos de la sociedad.
Pero aquí, lejos de las actuaciones de oficio por delitos contra el Estado (casi extintas después de que Esteban Jerez dejó la luego fulminada Fiscalía Anticorrupción), fiscales y jueces protagonizaron ruborizantes planteos para no entender en la Causa Funsal.
Los derrumbados
El control es esencial para la república y la democracia. "Significa que para los actos más importantes del Estado es necesaria la conjunción de distintas voluntades políticas (?), todo ello en beneficio del espacio de la libertad", enseña Ekmekdjian. Lo contrario es que todo se reduzca al decisionismo de una sola persona.
En los términos de Jorge Vanossi, en El Estado de derecho en el constitucionalismo social, a mayor poder, mayor control.
Pero aquí, la demolición de los mecanismos para controlar al poder han hecho colapsar el edificio del Estado de Derecho. Hay millones del patrimonio público -según los fiscalizadores- seriamente comprometidos. Y una república atrapada entre los escombros.
Durante esta semana, el suelo argentino lanzó un alarido desde la Capital Federal. El edificio de Mitre 1.232 se derrumbó y, además de llevarse el patrimonio de unas 30 familias, se cobró la vida de un hombre. El gremio de la construcción (Uocra) marchó para decir que había denunciado dos veces que las obras de demolición en una propiedad lindera a la estructura colapsada se realizaban sin acatar las normas de seguridad.
El grito se hace claro: la falta de controles es un problema tan capital como argentino. Ante semejante déficit, ninguna construcción puede sostenerse.
Esa certeza es la metáfora política sobre la construcción del Estado de Derecho. Una que en el subtrópico se torna ensordecedora.
Los contradictores
El poder y la libertad, advierte Miguel Ángel Ekmekdjian, son fenómenos sociales contradictorios que tienden a anularse recíprocamente. La historia de la humanidad -arriesga- es la búsqueda de un punto equilibrio entre ambas magnitudes. "Pero el equilibrio se rompe permanentemente en beneficio del poder... El poder lleva en sí mismo el germen de su propia corrupción. Es el estigma del déspota. Todo hombre que ejerce poder tiene una tentación irrefrenable a ampliar ese poder, para conservarlo. El poder genera más necesidad de poder".
¿Qué hacer, entonces, para debilitar el poder? Dividirlo. "Montesquieu afirmaba que sólo el poder es capaz de frenar al poder", recuerda el tratadista. Esa doctrina consagra los principios republicanos. Y presenta los protagonistas en pugna. Como sintetiza el constitucionalista Rodolfo Burgos, en el duelo contra el poder, el control es padrino de la libertad. Pero en suelo tucumano, la pobre llega a la disputa totalmente desarmada.
Los desiguales
Los tipos de controles son múltiples y varían según el Estado. Pero demandan un principio común: la independencia del controlador.
La primera especie es el control político: es el que efectúan los poderes del Estado entre sí. En Tucumán, no hay. El Poder Legislativo es presidido por un miembro del Ejecutivo, el vicegobernador, a partir de la Carta Magna bussista de 1990. Luego vino la reforma de 2006, para empeorar las cosas: el vicegobernador fija las remuneraciones de los legisladores por resolución simple. Pero la Constitución alperovichista fue más a fondo: fijó que vale más el gobernador y el vice que cualquier vocal de la Corte. Para echar a los políticos hacen falta más votos legislativos que para remover un magistrado. Además, la Justicia es el único poder que no dicta su presupuesto.
Es decir, el des-control entre poderes no es coyuntural. No tiene que ver sólo con una mayoría legislativa nada dispuesta a hacer valer el peso de una bancada que, en lugar de imponer su agenda, es mera validadora de lo que la Casa de Gobierno manda. Ni tampoco con el progresivo desembarco de funcionarios en la Corte. El problema, en verdad, es estructural.
Los fiscalizadores (y no)
El segundo tipo de control es financiero. Lo ejerce el Tribunal de Cuentas. Y al respecto, el diagnóstico tiene claroscuros. Por un lado, la tarea de los contadores fiscales es idónea y valiente. Desde una perspectiva general, le dieron dictamen desfavorable nada menos que el Estado Patrimonial de la provincia. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 2010, el "saldo inicial" de la Tesorería registraba $ 30,5 millones menos que el "saldo final" del 31 de diciembre de 2009.
Desde lo particular, han dicho que no puede saberse si toda la plata que manda la Nación es toda la que debe enviar. Que las partidas que llegan no son expuestas individualmente sino de modo global: se ignora la naturaleza de infinidad de recursos y, con ello, también el objeto del gasto. Y que, para rematar, después de que el Gobierno gastó esos fondos nacionales más los provinciales, no se pudo saber cuánto quedó: los saldos presupuestarios de la Administración Central y los Poderes del Estado, en el nivel de la partida donde se imputa el gasto, "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con la normativa vigente".
Como si no bastara, los $ 957 millones que representan el 70% de la deuda de las municipalidades corresponden a fondos fiduciarios que están "fuera" del Presupuesto General de Provincia (pese a que se componen con recursos del Tesoro estatal). Los fiscalizadores advierten que, por tanto, están fuera de su alcance. Y aquí se enciende una alarma en el ente de contralor. ¿Por qué el Tribunal no toma la decisión de auditar esos fondos fiduciarios, que son figuras del derecho privado, si el artículo 78 de la Constitución de 2006 dice: Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.
Los subestimadores
Sigue el control legislativo a la administración. Consta, por un lado, de actividades para recabar información: léase, comisiones investigadoras. Pero la Legislatura jamás integró la comisión que debe estudiar la Cuenta de Inversión. Es decir, que debe analizar cómo usó el Gobierno la plata de los tucumanos. Todas las irregularidades consignadas por los contadores fiscales figuran, justamente, en el informe de Cuenta de Inversión de 2010. El radical Ariel García ya pidió que formen esa comisión, prevista en la Ley de Administración Financiera. Pero en Tucumán, las normas están para ser reformadas: no para ser cumplidas.
Por otro lado, este control legislativo refiere a la aprobación del Presupuesto de la Provincia. Eso que aquí es cálculo mendaz: prevé para todo 2012 una inflación del 9%. ¿Para qué subestimar el Presupuesto? Para que los centenares de millones no previstos sean incorporados en ampliaciones presupuestarias sin imputación específica. O sea, para goce de la discrecionalidad del gobernante.
El legislador Ricardo Bussi advierte el carácter decorativo del Presupuesto en despachos como el que emitió el martes la comisión de Hacienda: avala que se afecten $ 51 millones por mes de la coparticipación para cumplir con la Ley de Educación Nacional (26.206). Un fin loable. El problema es el artículo dos del dictamen local: "Facúltase al Ejecutivo a realizar los ajustes presupuestarios necesarios (?); y a establecer para los ejercicios subsiguientes el monto a afectarse". Primero: si el Presupuesto 2012 aún no se aprobó, ¿por qué no introduce la Legislatura el cambio correspondiente en el proyecto, en lugar de andar regalándole facultades al Gobierno? Segundo: ¿por qué se desentienden de las políticas de financiamiento educativo y aprueban que el Gobierno pueda hacer lo que quiera durante los ejercicios subsiguientes? Tercero: si renuncian a intervenir en asuntos como este, ¿para entender en qué clase de asuntos están?
Los poco oficiosos
Un último tipo de control es el del Ministerio Público: los fiscales judiciales. Sus funciones, entre otras, son ejercer la titularidad de las acciones penales y de las acciones judiciales para la defensa de los intereses difusos de la sociedad.
Pero aquí, lejos de las actuaciones de oficio por delitos contra el Estado (casi extintas después de que Esteban Jerez dejó la luego fulminada Fiscalía Anticorrupción), fiscales y jueces protagonizaron ruborizantes planteos para no entender en la Causa Funsal.
Los derrumbados
El control es esencial para la república y la democracia. "Significa que para los actos más importantes del Estado es necesaria la conjunción de distintas voluntades políticas (?), todo ello en beneficio del espacio de la libertad", enseña Ekmekdjian. Lo contrario es que todo se reduzca al decisionismo de una sola persona.
En los términos de Jorge Vanossi, en El Estado de derecho en el constitucionalismo social, a mayor poder, mayor control.
Pero aquí, la demolición de los mecanismos para controlar al poder han hecho colapsar el edificio del Estado de Derecho. Hay millones del patrimonio público -según los fiscalizadores- seriamente comprometidos. Y una república atrapada entre los escombros.