Las pesquisas judiciales por supuesta contaminación del río Salí iniciadas a mediados de la década pasada han derivado en los procesamientos de 14 industriales tucumanos. En distintas causas penales y sucesivamente, el Juzgado Federal N°2 a cargo del magistrado subrogante Mario Racedo (hasta que asuma el nuevo juez, Fernando Poviña) ordenó procesar a propietarios y directivos de una concesionaria de servicios públicos, una papelera, ingenios, citrícolas y frigoríficos, a quienes la Justicia imputa la presunta alteración nociva -mediante la disposición de efluentes industriales- de cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce.
Las resoluciones alcanzan a Mario Delfor Criado, gerente de Construcciones y Servicios La Banda SRL -empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos Pacará Pintado-; Miguel Paz Posse y José Antonio Trujillo, directivos de la citrícola Cota; José Antonio Fernández, administrador del Ingenio Santa Rosa; Julio Colombres, propietario del Ingenio Nuñorco y presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán; Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, responsables del Ingenio La Trinidad; Jorge Velasco y Adrián Leopoldo Conde, representantes legales de Papelera Tucumán; Manuel Aarón Bliman, titular del Frigorífico La Barraca; Jorge Javier Rodríguez Arreyes y Héctor Eduardo Lavaguetti, directivos del Frigorífico Moderno; Leopoldo Domingo Uciardello, empresario vinculado al Ingenio Cruz Alta, y Eduardo Lucas Fornaciari, apoderado de la citrícola Citromax.
La decisión de procesar en todos los casos incluye embargos económicos de diferente magnitud, excluye la prisión preventiva y ha sido apelada por los imputados. Cada expediente del conjunto considerado presenta una coyuntura procesal particular. Las causas más avanzadas son las de Bliman, y Posse y Trujillo (el Juzgado Federal N°2 dispuso elevarlas a juicio oral en el primer semestre de este año). Por su parte, Velasco y Conde pidieron en 2009 -y obtuvieron- la "probation" ambiental (suspensión del juicio a prueba previsto en el artículo 76 ter. del Código Penal): cumplido el plazo de dos años, Racedo (o, en su defecto, Poviña) debe analizar si los representantes legales de Papelera del Tucumán cumplieron el programa de acciones propuesto oportunamente para evitar una eventual sentencia condenatoria. El resto de los procesos tienen planteos en trámite en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Desechos peligrosos
La intervención de la Justicia Federal en la compleja e histórica problemática de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce comenzó en 2005, a partir de la denuncia "madre" que presentó el Gobierno de Santiago del Estero, después de una serie de acciones, reclamos y gestiones infructuosas en los Tribunales locales, el Poder Ejecutivo tucumano y la Nación.
Como consecuencia del desglose dispuesto en 2006, cuando Racedo asumió como juez subrogante del Juzgado Federal N°2 (tras la suspensión y posterior destitución de Felipe Terán), los Tribunales se abocaron a investigar a una veintena de empresas tucumanas supuestamente incursas en la violación del artículo 55 de la Ley de Desechos Peligrosos (N°24.051). Dicha legislación reprime con reclusión o prisión de tres a diez años al que, utilizando los residuos a los que hace referencia la norma, envenenare, adulterare o contaminare -con riesgo para la salud- el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La situación de los cursos de agua afectados por el vertido de efluentes industriales no ha mejorado pese al progreso inédito de las pesquisas judiciales, los anuncios de inversiones, los programas de reconversión industrial (el último de ellos fue presentado el 7 de julio pasado), y los compromisos contraídos por empresarios y el Estado (a comienzos de este mes, el Gobierno de José Alperovich dio a conocer un nuevo acuerdo de producción limpia que debería beneficiar a 10 ingenios tucumanos). Por el contrario, a finales de mayo, un equipo del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, órgano creado en marzo de 2007 a instancias del presidente Néstor Kichner, constató que la contaminación era aún más grave que la observada en años anteriores.
El inveterado conflicto ambiental ha ocasionado serias tensiones políticas entre los Gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero. En agosto, el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achaval, advirtió públicamente que las autoridades tucumanas podrían perder el control sobre el río Salí si llegasen a prosperar los planteos judiciales que impulsa su provincia.
Las resoluciones alcanzan a Mario Delfor Criado, gerente de Construcciones y Servicios La Banda SRL -empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos Pacará Pintado-; Miguel Paz Posse y José Antonio Trujillo, directivos de la citrícola Cota; José Antonio Fernández, administrador del Ingenio Santa Rosa; Julio Colombres, propietario del Ingenio Nuñorco y presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán; Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, responsables del Ingenio La Trinidad; Jorge Velasco y Adrián Leopoldo Conde, representantes legales de Papelera Tucumán; Manuel Aarón Bliman, titular del Frigorífico La Barraca; Jorge Javier Rodríguez Arreyes y Héctor Eduardo Lavaguetti, directivos del Frigorífico Moderno; Leopoldo Domingo Uciardello, empresario vinculado al Ingenio Cruz Alta, y Eduardo Lucas Fornaciari, apoderado de la citrícola Citromax.
La decisión de procesar en todos los casos incluye embargos económicos de diferente magnitud, excluye la prisión preventiva y ha sido apelada por los imputados. Cada expediente del conjunto considerado presenta una coyuntura procesal particular. Las causas más avanzadas son las de Bliman, y Posse y Trujillo (el Juzgado Federal N°2 dispuso elevarlas a juicio oral en el primer semestre de este año). Por su parte, Velasco y Conde pidieron en 2009 -y obtuvieron- la "probation" ambiental (suspensión del juicio a prueba previsto en el artículo 76 ter. del Código Penal): cumplido el plazo de dos años, Racedo (o, en su defecto, Poviña) debe analizar si los representantes legales de Papelera del Tucumán cumplieron el programa de acciones propuesto oportunamente para evitar una eventual sentencia condenatoria. El resto de los procesos tienen planteos en trámite en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Desechos peligrosos
La intervención de la Justicia Federal en la compleja e histórica problemática de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce comenzó en 2005, a partir de la denuncia "madre" que presentó el Gobierno de Santiago del Estero, después de una serie de acciones, reclamos y gestiones infructuosas en los Tribunales locales, el Poder Ejecutivo tucumano y la Nación.
Como consecuencia del desglose dispuesto en 2006, cuando Racedo asumió como juez subrogante del Juzgado Federal N°2 (tras la suspensión y posterior destitución de Felipe Terán), los Tribunales se abocaron a investigar a una veintena de empresas tucumanas supuestamente incursas en la violación del artículo 55 de la Ley de Desechos Peligrosos (N°24.051). Dicha legislación reprime con reclusión o prisión de tres a diez años al que, utilizando los residuos a los que hace referencia la norma, envenenare, adulterare o contaminare -con riesgo para la salud- el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La situación de los cursos de agua afectados por el vertido de efluentes industriales no ha mejorado pese al progreso inédito de las pesquisas judiciales, los anuncios de inversiones, los programas de reconversión industrial (el último de ellos fue presentado el 7 de julio pasado), y los compromisos contraídos por empresarios y el Estado (a comienzos de este mes, el Gobierno de José Alperovich dio a conocer un nuevo acuerdo de producción limpia que debería beneficiar a 10 ingenios tucumanos). Por el contrario, a finales de mayo, un equipo del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, órgano creado en marzo de 2007 a instancias del presidente Néstor Kichner, constató que la contaminación era aún más grave que la observada en años anteriores.
El inveterado conflicto ambiental ha ocasionado serias tensiones políticas entre los Gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero. En agosto, el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achaval, advirtió públicamente que las autoridades tucumanas podrían perder el control sobre el río Salí si llegasen a prosperar los planteos judiciales que impulsa su provincia.