Dudas sobre las tareas que desempeñó. Cuestionamientos sobre sus funciones, similares a las del municipio capitalino en materia de obras públicas. Sospechas de que se utilizó para fines políticos y personales. Esos son algunos de los reparos que la legisladora radical Silvia ElíasdePérez expresó ayer en una nota al Poder Ejecutivo, en la que pidió la intervención del Ente de Infraestructura Comunitaria.

La parlamentaria opositora también reclamó que se efectúe una exhaustiva auditoría administrativa y contable que abarque desde la creación del Ente (en 2007) hasta la fecha.

En el documento presentado pasado el mediodía en la Casa de Gobierno, Elías cuestionó, en primera instancia, que el Ente haya sido creado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), estando en funcionamiento el Poder Legislativo. También remarcó que las incumbencias del organismo son difusas dado que se superpondrían con las que prevé la Carta Magna provincial para los municipios.

Luego, la legisladora se manifestó preocupada por las denuncias realizadas por los trabajadores respecto de que habrían sido obligados por el ex administrador, Rolando "Tano" Alfaro, a desempeñarse como punteros políticos y a realizar mejoras en sus propiedades particulares y en las de sus familiares. "Los procedimientos denunciados colisionan con los principios republicanos de transparencia y ética pública. En caso de comprobarse, corresponde la inmediata intervención de la Justicia, a los fines de delimitar responsabilidades y sus consecuencias", argumentó.