A una semana del inicio de las protestas, el futuro de más de una docena de trabajadores del Ente de Infraestructura Comunitaria sigue siendo incierto. Este conflicto laboral corre en paralelo a la polémica por las denuncias de los trabajadores sobre el supuesto uso político y particular de los recursos (materiales y humanos) del organismo por parte del ex administrador, el actual legislador Rolando "Tano" Alfaro (PJ).

El nuevo titular del organismo, Juan Luis Pérez, que habló ayer por primera vez desde que asumió en el cargo, cuestionó el estado en que recibió el ente y anticipó que hará una profunda reestructuración administrativa y funcional.

En suspenso

Pérez prefirió no referirse a las denuncias de los obreros sobre las posibles irregularidades, dado que él asumió con el recambio de la gestión al frente del organismo. Hace una semana, empleados advirtieron que trabajaron en refacciones en viviendas relacionadas con Alfaro, con su esposa, la también legisladora Sara Noemí Correa, y con el concejal Luis Marcuzzi, primo del matrimonio.

Sí, en cambio, detalló que las personas que se encuentran en conflicto son 15, tras una serie de renuncias voluntarias (antes eran 19). El funcionario explicó que la decisión final depende del Poder Ejecutivo, dado que el conflicto pasó a esa instancia.

Además, aclaró que los obreros no fueron despedidos, ya que sólo contaban con un contrato transitorio que venció. "Se los designa y se les da de baja mediante decretos. Nosotros no podemos dar altas nuevas. El decreto (de desvinculación) aún no está firmado. Estoy esperando instrucciones", consignó el ex gerente de Empleo.

Pérez argumentó que en el caso de algunos de los obreros hubo errores administrativos pero que, en otros, se habría constatado que que no estaban cumpliendo correctamente con sus obligaciones. "Cuando hicimos una evaluación, notamos una gran cantidad de inasistencias y salidas antes de tiempo del horario laboral", afirmó.

El funcionario, que depende jerárquicamente del ministro de Coordinación, Jorge Gassenbauer, manifestó que pretende darle un estilo diferente a su gestión en el Ente de Infraestructura, que cuenta con 146 empleados, según precisó. "Para hacer la reestructuración, notamos que hay una carencia de personal administrativo y técnico. Eso tuve en cuenta a la hora de reemplazar personal. Tenemos la tarea de realizas obras y dar respuestas rápidas a la gente y para eso tenemos que estar ordenados en cuanto a lo administrativo", justificó Pérez.

No obstante el anuncio de reestructuración del Ente de Infraestructura, referentes gremiales volvieron a reclamar soluciones para los trabajadores en conflicto.

Planteos gremiales

Luis Albornoz, secretario adjunto de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), afirmó que están esperando una respuesta a un pedido de audiencia con el ministro de Coordinación. El dirigente se mostró optimista respecto de una posible resolución del conflicto.

"Los compañeros están en actividad dado que acordamos para que firmen comisión, que es como marcar la tarjeta. Sólo que no se les asignan tareas por ahora, ellos se quedan en el galpón. Para nosotros, la cuestión política es la cabeza del Ente, pero los trabajadores son del Estado. Por ahora, todo fue de palabra así que estamos esperando", manifestó.

Albornoz advirtió, por otro lado, que el sindicato denuncia desde hace semanas el uso político de empleados públicos en las comunas rurales. La misma observación fue realizada por el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Raúl Rodríguez. "Hay comunas rurales en donde no les están pagando a quienes trabajaron con candidatos contrarios a los comisionados electos. Todos los fines de año son iguales, esta vez se adelantó un poco por las elecciones", concluyó.

Una tras otra

El 25 de noviembre de 2007 nació el Ente, mediante la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia del gobernador, José Alperovich.

El organismo, facultado para realizar pequeñas obras, generó internas con el municipio. En la Intendencia lo tomaron como una intromisión.

En 2008, el intendente Amaya envió una circular en la que fijó que el municipio debía ser informado antes del inicio de cualquier obra.

En 2010, un video sembró sospechas sobre el uso de un camión del Ente para trabajos en la casa de un familiar del subadministrador.

Tres días después de la publicación del video en LAGACETA.com, el gobernador decidió echar a Ramiro Véliz, segundo del "Tano" Alfaro. 

Hace una semana, obreros denunciaron despidos y haber sido obligados a ser punteros y a hacer mejoras en casas particulares.