A los legisladores de la oposición les preocupa el uso político que el Gobierno ha dado al Ente de Infraestructura Comunitaria, organismo con amplias facultades para la realización de obras de pequeña magnitud y al que muchos denominan una "municipalidad paralela".

Precisamente, las denuncias de ex empleados sobre el supuesto uso discrecional de los recursos (humanos y materiales) del organismo por parte del ex administrador, el legislador Rolando "Tano" Alfaro, no pasaron inadvertidas. Tras la publicación de LA GACETA, durante la mañana de ayer se presentó en Mesa de Entradas de la Cámara un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del ente.

Por otro lado, los siete parlamentarios disidentes coincidieron que la situación es grave si se comprueba que Alfaro obligó a los trabajadores a desempeñarse como punteros políticos y a efectuar trabajos en sus propiedades particulares. Además, instaron a la Justicia a actuar de oficio para investigar las posibles irregularidades.

La legisladora Silvia Elíasde Pérez (UCR)impulsó el proyecto de resolución para que el Gobierno envíe al Poder Legislativo cuanto antes toda la documentación relacionada con la institución. En el escrito, se requiere el detalle del personal permanente y transitorio; los montos del presupuesto anual asignado y una descripción exhaustiva de las obras ejecutadas, entre otros aspectos. "El oficialismo debe ser el más interesado en el esclarecimiento, (...) para dar señales a la sociedad de que los actos de gobierno que estén alejados de la transparencia deben ser sancionados con todo el peso de la ley si así se lo comprueba", argumentó.

Preocupada, calificó como "gravísimas" las denuncias de los trabajadores. "De probarse, es denigrante que cualquier funcionario pueda hacer algo así con los empleados", manifestó. Ariel García, presidente de la bancada radical que integra Elías, consideró que la transparencia en el manejo de los fondos públicos es una de las asignaturas pendientes del alperovichismo. El parlamentario aseveró que, desde sus bancas, promoverán iniciativas que subsanen esa situación.

Por su parte, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) no se mostró sorprendido por la situación. "Esto sería un vaso en medio del mar. El uso del sector público es la costumbre permanente del alperovichismo. La confusión entre lo público y lo privado es constante. Lo vimos también en las elecciones, cuando los empleados estatales tuvieron que ser fiscales", expresó. Luego, requirió a los fiscales de la Justicia provincial que investiguen de oficio.

José Páez (Democracia Cristiana) aseveró que, de comprobarse, las irregularidades deberían ser sancionadas. "Siempre hay que ser cuidadosos con los límites entre el cumplimiento de las tareas de los empleados para el Estado y las actividades político-partidarias. La tarea electoral debe ser voluntaria y al margen de las horas de trabajo", consideró. Por su parte, el representante del PRO en la Cámara, Alberto Colombres Garmendia, afirmó que ante la denuncia correspondería que algún fiscal interviniera. "Es una cuestión que pareciera ser habitual en varios estamentos políticos", opinó.

"Si ocurrió como dicen los empleados, desde el punto de vista ético y legal es reprochable. No se puede permitir el uso de bienes públicos en beneficio personal. Aunque esto no es nuevo, se ve sobre todo en el interior", repudió el radical Federico Romano Norri, presidente del otro bloque radical. "Si se confirma es repudiable, no puede haber otro calificativo", concluyó Roberto Sánchez (UCR), compañero de bancada de Romano Norri.