SALTA - El Estado provincial salteño fue condenado a indemnizar con más de $ 1 millón a una joven de 18 años que, en 2004, fue atacada a cuchillazos por su propio padre. La Justicia determinó que el Estado no escuchó las advertencias que había realizado la víctima sobre las agresiones a las que había sido sometida.

En un feroz ataque de celos, el hombre mató a su esposa y otros dos hermanitos menores de la chica, que en aquel momento tenía 12 años y salvó su vida por milagro.

La mujer había denunciado reiteradamente ante la Policía las amenazas que recibía del agresor, de quien estaba separada, sin que se escucharan sus reclamos.

La Justicia entendió que el Estado no cumplió con su rol de protegerla y falló favorablemente a favor de la demanda civil entablada por la familia de la joven.

El fallo fue emitido por la jueza correccional numero 8, Mónica Faber. En su sentencia, la magistrada absolvió por el beneficio de la duda al policía Juan Martínez, quien había sido acusado de no cumplir con el oficio librado a la Policía para ocuparse del caso.

El trágico ataque

El trágico episodio ocurrió en la madrugada del 28 de agosto de 2004, cuando el remisero Alberto Yapura atacó a cuchillazos a su esposa, Roxana Alderete, de quien se encontraba separado desde hacía varios meses.

El hombre entró en la vivienda del barrio Castañares y sorprendió a su mujer mientras dormía. En un ataque de locura, el hombre degolló a dos de sus pequeños hijos de 6 y 9 años. En el mismo hecho hirió gravemente a su hija de 12 años, quien había intentado socorrer a su madre. En el forcejeo, la menor logró escapar y dar aviso a los vecinos.

Yapura, el agresor enfurecido, fue detenido horas más tarde y, meses después, al final de un juicio oral y público, fue condenado a prisión perpetua.

Luego, la familia Alderete inició una causa penal contra el oficial de policía Juan Martínez por no haber cumplido con su obligación de atender las denuncias que Roxana Alderete había formulado reiteradamente en la comisaría de Castañares.

Del mismo modo, la familia Alderete presentó una demanda civil contra el Estado provincial por daño moral y demandó un resarcimiento de $ 1,2 millón.

Durante el proceso, los representantes legales del Gobierno deslindaron la responsabilidad del Poder Ejecutivo en este caso. En tanto que el letrado patrocinante de la querella, Rubén Juarez, aludió a la contradicción oficial, ya que luego del hecho, las autoridades policiales habían removido a todo el personal de la comisaría por no haber atendido los reclamos de la mujer.

Vanina Alderete, la joven que sobrevivió a la tragedia, dijo ayer sentirse conforme con la sentencia. "Más allá de la indemnización económica, se reconoció la responsabilidad que tiene el Estado por no haber escuchado y atendido las denuncias de mi mamá", afirmó.

La chica, que tiene visibles cicatrices del ataque recibido de su padre, dijo que está aprendiendo a convivir con esos terribles recuerdos de aquella noche. (DyN)