Es casi un lugar común entre los analistas políticos (no oficialistas, desde luego) afirmar que el triunfo electoral del Gobierno no se debe tanto a sus aciertos como a los errores de la oposición.

La fragmentación y descoordinación de esta última, por oposición a la cohesión de aquél, estaría -según esa opinión- en la base de esos errores y en su consiguiente pérdida de relevancia social y política.

La cohesión del Gobierno tendría un sustento instrumental, subordinado a una decidida concepción política, en el manejo centralizado de los recursos públicos y (la contingencia de) unos términos de intercambio excepcionalmente favorables, señala un estudio de SEL Consultores al que accedió LA GACETA.

Con matices que no difieren en lo sustancial, para la oposición el voto de la mayoría es, en una medida significativa, el resultado de una combinación de populismo y asistencialismo. No habría, en esta interpretación, cambios sustantivos en los determinantes de la situación social; antes bien, habría una regresión con el regreso de la inflación.

Es cierto que el modelo económico iniciado en 2003 presenta límites difícilmente salvables para remover el núcleo duro de la privación y la inequidad. Es del todo probable que no menos de un quinto, y tal vez cerca de un cuarto de la población (entre 8 y 10 millones de personas) no mejoran de manera sostenida sus condiciones de vida, ni participan de una movilidad social ascendente. Esta situación ha cambiado poco desde 2007.

La -al menos aparente- contradicción entre el crecimiento elevado de la economía y la persistencia de un importante núcleo de pobreza, es el eje del diagnóstico y, a partir de allí, de la construcción del discurso político de la oposición.

Error de diagnóstico

Sin embargo, en esta visión hay una omisión que ha llevado a un error de diagnóstico con efecto negativo en ese discurso, y en su recepción en la sociedad.

Lo que se ha omitido es que, en simultáneo a estos límites que afectan entre un quinto y un cuarto de la población, ha habido un notable desempeño del mercado de trabajo, tanto en el aspecto cuantitativo (número de puestos generados) como en lo cualitativo (calidad de los nuevos puestos), con resultados positivos para una mayoría de la estructura social.

Desde el primer trimestre de 2003, se crearon 3,4 millones de empleos, de los cuales 3,1 millones son asalariados registrados. Esto permitió disminuir el desempleo de 20,4% a 7,3% y la informalidad en la población ocupada total de 39,7% a 30,9%. (Ver gráfico)

Efecto positivo

Un examen de la composición del empleo según condición de inserción laboral -agrega el informe- muestra que el empleo asalariado privado registrado creció 53% (vs. 28% del empleo total) aumentando su peso relativo en casi 9 puntos. Aunque una parte es recuperación de las pérdidas sufridas durante la crisis, el efecto neto es claramente positivo. Este desempeño del mercado laboral ha tenido, obviamente, un efecto en la estructura social. Ello se refiere no sólo al acceso a la seguridad social o a la protección legal, sino tan importante como ello, a la ganancia en términos de estabilidad laboral, a la reducción de la variabilidad salarial y a la posibilidad de acceso al crédito para unos tres millones de asalariados y sus familias.

Esto significa que, casi como un espejo de lo ocurrido con el núcleo duro de la pobreza, no menos de un quinto y posiblemente cerca de un cuarto de la población se ha incorporado a la clase media baja. Esto ha sido decisivo en los resultados electorales.

Pero el otro efecto, igualmente importante para comprender el comportamiento electoral, es la caída del desempleo en el sector formal a un nivel inferior al 3%. Además de mejorar la percepción de estabilidad laboral de los asalariados (algo no menor luego de un ciclo de alto desempleo) esto ha aumentado sensiblemente la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.

Aún impulsado por políticas expansivas, este efecto de mercado va más allá del sesgo político o de la intervención del Estado en la negociación.

Aumentos salariales

Lo significativo de este proceso -debe insistirse, con origen en el mercado- es que ha permitido que, aún en un contexto inflacionario, los salarios aumentaran en términos reales. Esto ha ocurrido incluso durante la recesión de 2008-2009.

Esa recesión produjo una pérdida de empleos registrados en el sector privado, pero por un período breve. Si bien a un ritmo significativamente menor que antes de esa caída, en el primer semestre de este año el empleo privado formal ha vuelto a crecer a una tasa interanual de más de 4,5%. El número de asalariados privados registrados es ahora 13% mayor que a comienzos de 2007.

La combinación de este crecimiento del empleo con el fuerte aumento de los salarios nominales, ha hecho que en el último año la masa salarial se expandiera más del 30% (38% en los primeros seis meses de 2011). Esto determinó que en términos reales hubiera un incremento sin precedentes: casi 15% interanual en el primer semestre de este año. La masa salarial neta (de bolsillo) real de los asalariados privados registrados es ahora un 27% más alta que en 2007.

Esto explica por qué, en el comportamiento electoral de la mayoría, la inflación no ha sido una cuestión prioritaria, concluye el informe de la consultora.