SANTIAGO DE CHILE.- Unos 60.000 estudiantes marcharon en Chile pidiendo educación pública gratuita al gobierno de Sebastián Piñera, enfrentado hace cinco meses a las manifestaciones de los jóvenes en medio del derrumbe de su popularidad.
"Todos comparten nuestras demandas, el gobierno debe asumir que sólo tiene un respaldo de 22 %", afirmó el líder universitario Francisco Figueroa.
Los jóvenes, que realizaron protestas en diferentes ciudades del país, efectuaron dos marchas simultáneas en la capital, las que convergieron a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en un barrio de clase media baja. La jornada, que derivó en enfrentamientos con la policía, resumió el malestar y violencia presente en las manifestaciones, como dijeron los propios dirigentes estudiantiles. Desconocidos quemaron neumáticos frente a la Universidad de Santiago, en la céntrica avenida Alameda, así como en otros nueve puntos de la capital, siendo reprimidos por la Policía con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas. Durante la madrugada de ayer se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en algunos barrios periféricos, como la población La Pincoya, y el intento de quema de un cajero automático en la comuna de La Reina.
La gran mayoría de los jóvenes, con pancartas y sus cuerpos pintados, desfiló en paz y se opuso incluso al accionar de los grupos más violentos que el martes quemaron un bus, en una jornada que concluyó en 263 detenidos. La intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, interpuso una querella criminal por la quema, del ómnibus por parte de un grupo de encapuchados. La acción judicial invoca la Ley de Seguridad del Estado, cuya aplicación es atribución del ministerio del Interior. Esta legislación eleva las penas para quienes tras un proceso judicial resulten responsables del delito de incendio.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Camilo Ballesteros, aseguró que "la violencia no nos beneficia para nada, nos perjudica", y criticó que el gobierno no sea "capaz de identificar a un grupo minoritario", al que responsabilizan de los incidentes. La líder del movimiento, la alumna de Geografía de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, fustigó que el modelo educacional sea uno de los más discriminatorios del mundo, según la OCDE. "La educación es un derecho y no un bien de consumo", sostuvo en oposición a la postura del presidente Piñera, quien rechaza otorgar gratuidad en la educación universitaria pública.
De hecho, los jóvenes y sus familias deben desembolsar miles de dólares anuales para pagar los costos de estudiar en universidades públicas.
Como la mitad de los hogares en Chile vive con menos de U$S 900 dólares, las familias deben endeudarse con la banca a 20 años de plazo. Los jóvenes egresan de la educación superior con deudas de U$S 40.000 o más.
El gobierno, tras el quiebre del diálogo con los estudiantes, optó por endurecer su discurso, en especial frente a los destrozos que deja en las movilizaciones la actuación de grupos violentos menores. El portavoz oficial, Andrés Chadwick, recalcó que la policía no está superada, pese a que en cada jornada de protesta hay cientos de detenidos, con más de 2.000 ya en el año.
"Aquí estamos en presencia de extremistas, de gente que actúa a cara encubierta, encapuchados, con armas, con violencia, con premeditación", afirmó el ministro Chadwick.
La crisis, cuyo telón de fondo son las elecciones municipales de 2012 y presidenciales de 2013, esta cruzada por la desigual distribución de la riqueza en Chile. A ello se suma la falta de apoyo ciudadano a oposición y oficialismo, con menos de un 15 % de respaldo en encuestas cada uno.
En ese marco, importantes empresarios como el líder de los exportadores Roberto Fatuzzi, instaron a hacer una reforma tributaria y financiar mejoras sociales. "La estabilidad social se paga", aseguró.
El gobierno de Piñera, que discute en el Congreso de mayoría opositora la ley de presupuesto 2012, rechaza hasta ahora abrir ese debate, como reiteró ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. (AFP-DPA-Reuter)
"Todos comparten nuestras demandas, el gobierno debe asumir que sólo tiene un respaldo de 22 %", afirmó el líder universitario Francisco Figueroa.
Los jóvenes, que realizaron protestas en diferentes ciudades del país, efectuaron dos marchas simultáneas en la capital, las que convergieron a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en un barrio de clase media baja. La jornada, que derivó en enfrentamientos con la policía, resumió el malestar y violencia presente en las manifestaciones, como dijeron los propios dirigentes estudiantiles. Desconocidos quemaron neumáticos frente a la Universidad de Santiago, en la céntrica avenida Alameda, así como en otros nueve puntos de la capital, siendo reprimidos por la Policía con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas. Durante la madrugada de ayer se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en algunos barrios periféricos, como la población La Pincoya, y el intento de quema de un cajero automático en la comuna de La Reina.
La gran mayoría de los jóvenes, con pancartas y sus cuerpos pintados, desfiló en paz y se opuso incluso al accionar de los grupos más violentos que el martes quemaron un bus, en una jornada que concluyó en 263 detenidos. La intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, interpuso una querella criminal por la quema, del ómnibus por parte de un grupo de encapuchados. La acción judicial invoca la Ley de Seguridad del Estado, cuya aplicación es atribución del ministerio del Interior. Esta legislación eleva las penas para quienes tras un proceso judicial resulten responsables del delito de incendio.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Camilo Ballesteros, aseguró que "la violencia no nos beneficia para nada, nos perjudica", y criticó que el gobierno no sea "capaz de identificar a un grupo minoritario", al que responsabilizan de los incidentes. La líder del movimiento, la alumna de Geografía de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, fustigó que el modelo educacional sea uno de los más discriminatorios del mundo, según la OCDE. "La educación es un derecho y no un bien de consumo", sostuvo en oposición a la postura del presidente Piñera, quien rechaza otorgar gratuidad en la educación universitaria pública.
De hecho, los jóvenes y sus familias deben desembolsar miles de dólares anuales para pagar los costos de estudiar en universidades públicas.
Como la mitad de los hogares en Chile vive con menos de U$S 900 dólares, las familias deben endeudarse con la banca a 20 años de plazo. Los jóvenes egresan de la educación superior con deudas de U$S 40.000 o más.
El gobierno, tras el quiebre del diálogo con los estudiantes, optó por endurecer su discurso, en especial frente a los destrozos que deja en las movilizaciones la actuación de grupos violentos menores. El portavoz oficial, Andrés Chadwick, recalcó que la policía no está superada, pese a que en cada jornada de protesta hay cientos de detenidos, con más de 2.000 ya en el año.
"Aquí estamos en presencia de extremistas, de gente que actúa a cara encubierta, encapuchados, con armas, con violencia, con premeditación", afirmó el ministro Chadwick.
La crisis, cuyo telón de fondo son las elecciones municipales de 2012 y presidenciales de 2013, esta cruzada por la desigual distribución de la riqueza en Chile. A ello se suma la falta de apoyo ciudadano a oposición y oficialismo, con menos de un 15 % de respaldo en encuestas cada uno.
En ese marco, importantes empresarios como el líder de los exportadores Roberto Fatuzzi, instaron a hacer una reforma tributaria y financiar mejoras sociales. "La estabilidad social se paga", aseguró.
El gobierno de Piñera, que discute en el Congreso de mayoría opositora la ley de presupuesto 2012, rechaza hasta ahora abrir ese debate, como reiteró ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. (AFP-DPA-Reuter)