Los manifestantes que marchan desde hace 63 días en contra de la construcción de una ruta por la mitad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), están a sólo 15 kilómetros de La Paz, adonde arribarán hoy en medio de fuertes medidas de seguridad para evitar incidentes ni choques entre grupos que están a favor y en contra del presidente de Bolivia, Evo Morales.
La propuesta original de los organizadores es ocupar el atrio de la varias veces centenaria Iglesia de San Francisco, donde hay montadas carpas de vigilia desde hace semanas, y allí hacer un llamado especial al Gobierno nacional para que deje de lado el proyecto, que es financiado con capitales del Brasil
Sin embargo, no descartan avanzar hasta la plaza Murillo, enfrente de la Casa de Gobierno, para concentrar allí su protesta y exigir una respuesta inmediata de la primera línea de funcionarios. Hasta el momento, no tienen permiso para avanzar hacia allí, lo que podría generar fricciones entre movilizados y policías.
Desde el Poder Ejecutivo se mantiene la propuesta de realizar un plebiscito (con el compromiso de aceptar el resultado, sea cual sea), para que la ciudadanía de los departamentos alcanzados por la iniciativa, Beni y Cochabamba, decidan si sigue adelante o si se la archiva.
Los cerca de 3.000 movilizados están en Urujara, pasando las altas cumbres de más de 4.100 metros que rodean la capital boliviana por el Este.
El clima de lluvia y frío (la mayoría de los caminantes llegan desde el llano central) los ha diezmado, y ayer se confirmó que una tercera embarazada perdió su bebé por un aborto espontáneo, mientras que hay ocho menores de edad internados con neumonía, durante la marcha.
Evitar incidentes es una preocupación generalizada. Hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció al respecto, e instó al Gobierno a "garantizar la integridad física y la seguridad de manera urgente", en recuerdo de la represión que sufrió la marcha hace un mes.
En su pronunciamiento, el organismo internacional reclamó que el accionar policial se mantenga "dentrro de los límites razonables para asegurar que la marcha sea pacífica o para contener a los violentos".
Los organizadores y los grupos de respaldo al reclamo indigenista esperan que la movilización se engrose 10 veces más de los 3.000 indígenas que caminan hacia la capital del país, en su recta final, y que en la plaza lo esperen más de 50.000 personas.
De este modo, habrían logrado acumular una fuerza social tan importante como para doblarle el brazo a un Gobierno que se muestra inflexible en la ejecución de la ruta, más allá de mostrarse abierto a dialogar para definir el lugar por dónde pasará la construcción.
La propuesta original de los organizadores es ocupar el atrio de la varias veces centenaria Iglesia de San Francisco, donde hay montadas carpas de vigilia desde hace semanas, y allí hacer un llamado especial al Gobierno nacional para que deje de lado el proyecto, que es financiado con capitales del Brasil
Sin embargo, no descartan avanzar hasta la plaza Murillo, enfrente de la Casa de Gobierno, para concentrar allí su protesta y exigir una respuesta inmediata de la primera línea de funcionarios. Hasta el momento, no tienen permiso para avanzar hacia allí, lo que podría generar fricciones entre movilizados y policías.
Desde el Poder Ejecutivo se mantiene la propuesta de realizar un plebiscito (con el compromiso de aceptar el resultado, sea cual sea), para que la ciudadanía de los departamentos alcanzados por la iniciativa, Beni y Cochabamba, decidan si sigue adelante o si se la archiva.
Los cerca de 3.000 movilizados están en Urujara, pasando las altas cumbres de más de 4.100 metros que rodean la capital boliviana por el Este.
El clima de lluvia y frío (la mayoría de los caminantes llegan desde el llano central) los ha diezmado, y ayer se confirmó que una tercera embarazada perdió su bebé por un aborto espontáneo, mientras que hay ocho menores de edad internados con neumonía, durante la marcha.
Evitar incidentes es una preocupación generalizada. Hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció al respecto, e instó al Gobierno a "garantizar la integridad física y la seguridad de manera urgente", en recuerdo de la represión que sufrió la marcha hace un mes.
En su pronunciamiento, el organismo internacional reclamó que el accionar policial se mantenga "dentrro de los límites razonables para asegurar que la marcha sea pacífica o para contener a los violentos".
Los organizadores y los grupos de respaldo al reclamo indigenista esperan que la movilización se engrose 10 veces más de los 3.000 indígenas que caminan hacia la capital del país, en su recta final, y que en la plaza lo esperen más de 50.000 personas.
De este modo, habrían logrado acumular una fuerza social tan importante como para doblarle el brazo a un Gobierno que se muestra inflexible en la ejecución de la ruta, más allá de mostrarse abierto a dialogar para definir el lugar por dónde pasará la construcción.