La capacitación de los trabajadores es un instrumento con altas potencialidades para elevar los niveles de productividad y competitividad de las empresas. Sin embargo, hay diversos estudios que sugieren que tiene un impacto muy limitado en mejorar las perspectivas de empleo e ingresos de la población con limitaciones estructurales. En este sentido, ella no sustituye a la necesidad de mejorar la calidad de la educación básica. Para asegurar la pertinencia y calidad de la capacitación es fundamental que exista una estrecha articulación entre las empresas y el Estado, señala un informe elaborado por la Escuela de Economía "Francisco Valsecchi" de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Además hay que establecer mecanismos efectivos para que los capacitados se inserten en el mercado laboral formal, para lo cual es necesario dar incentivos apropiados a las empresas y promover la incorporación a la formalidad de las pequeñas empresas. La capacitación para el trabajo sin mecanismos eficaces para la inserción laboral muestra muy baja efectividad.

En la Argentina el sistema no formal de formación y capacitación para el trabajo está poco sistematizado y documentado. No se han desarrollado, como en los países de la OCDE, sistemas de información que capten datos apropiados sobre las instituciones públicas y privadas que imparten los cursos y no se realizan encuestas periódicas que indaguen sobre la cantidad de empresas y la cobertura de trabajadores que acceden a estas modalidades. Mucho menos hay evaluaciones de impactos que midan con objetividad los resultados derivados de las acciones de capacitación no formal que se promueven, advierte el informe.

Los datos disponibles se limitan a los programas que ofrece el Ministerio de Trabajo de la Nación que incluyen acciones de capacitación de trabajadores ocupados y desocupados. El último disponible es de 2009 que señala que hubo casi 157.000 beneficiarios que asistieron a cursos de terminalidad educativa y 92.000 beneficiarios para cursos de capacitación que, en general, se instrumentan a través de subsidios a entidades gremiales de trabajadores y a empleadores. No hay datos publicados sobre los resultados obtenidos, ni evaluaciones de calidad o pertinencia para medir su eficacia. Por sus dimensiones, se desprende que son intervenciones muy limitadas dado que los déficits de empleabilidad son de mucho mayor magnitud (el desempleo abierto alcanza a 1,1 millón de personas y la informalidad laboral a 6 millones de trabajadores con empleo), señala el trabajo de la UCA.

A nivel provincial y municipal, más allá de experiencias puntuales, las acciones de formación para el trabajo no se han diferenciado de la tónica nacional. Tienen un alcance limitado y, en general, no se documentan -o no se publican- datos sobre cobertura, recursos invertidos, detalle sobre los tipos de acciones emprendidas, resultados y evaluaciones de pertinencia y control de calidad.

Por el lado del sector privado, acota el diagnóstico, las empresas grandes en general abordan acciones individuales de capacitación. Toman la modalidad de entrenamiento para el trabajo en nuevos proceso o en adaptación de nuevas tecnologías para los niveles operativos y cursos de formación gerencial o contenidos generales de nivel superior para los planteles de profesionales y ejecutivos. Las acciones inducidas por la intervención estatal para la capacitación de los trabajadores con empleo tienen en Argentina un alcance reducido. El Ministerio de Trabajo de la Nación reporta que apenas 551 empresas accedieron al régimen de crédito fiscal para la formación y certificación de sus trabajadores cuando la cantidad total de empleadores registrados a nivel nacional asciende a 520.000. Es decir, que apenas una de cada 1.000 empresas accede a estos incentivos. No hay datos oficiales disponibles que den cuenta de la capacitación recibida, ni la cantidad de trabajadores beneficiados con la medida. En general, las empresas pequeñas, que son la gran mayoría, no acceden a estos mecanismos y no hay evidencias de que tengan desarrollada una cultura de la capacitación para su fuerza laboral.

Para todas las acciones de capacitación laboral es central enfatizar la importancia de una inteligente articulación entre el sector privado y el Estado. El eje es que el Estado se concentre en desarrollar regulaciones e incentivos económicos para que las empresas diseñen y ejecuten las acciones de capacitación. Las intervenciones públicas deben generar transparencia en el mercado de la capacitación y focalizar el financiamiento público en áreas donde las empresas tienden a subinvertir. Las empresas deberían tener el liderazgo en los diseños y los contenidos, en la mayor parte del financiamiento y en la ejecución, indica el reporte.