Es más conocida la sentencia final que la trama que la precede. Lo cierto es que las historia ha conservado (a partir de libros como Vidas paralelas, de Plutarco) el fin del matrimonio entre Julio César y Pompeya como una suerte de enseñanza ejemplar acerca del comportamiento de las personas públicas.

Pompeya Sila, como esposa de César, además de ser una de las mujeres más importantes de Roma, era responsable de la organización de los ritos de la Bona Dea (la Buena Diosa) en diciembre, una liturgia exclusivamente femenina, de la cual no se permitía participar a los hombres.

Sin embargo Publio Clodio Pulcro, a quienes algunos consideran un joven que ardía en amor por Pompeya y a quien otros denostan como un demagogo peligroso, consiguió entrar en esa celebración vestal disfrazado de mujer. Tras ser descubierto, fue apresado y condenado, convicto de engaño y sacrilegio. Pero no fue el único castigado: ella recibió lo que sería una orden de divorcio. A pesar de estar seguro de que Pompeya no había cometido ningún hecho indecoroso (admitió en público que no la consideraba responsable), su esposo lapidó el asunto con una máxima ya célebre: la mujer de César no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo.

Un par de miles de años después, la península itálica es el centro de otro escándalo, aunque esta vez no se trata de la esposa de nadie, sino del gobernante mismo. El primer ministro, Silvio Berlusconi, enfrenta un escándalo descomunal, en el cual a las escuchas telefónicas de decenas de jovencitas que relatan las orgías de las que participaron en su residencia se le suman más y más apariciones de novias que son veinteañeras, con suerte. Y si bien hay un proceso legal en marcha, el "Rubygate", en el cual se intenta determinar si él incurrió en prostitución de menores por su relación con la marroquí Karima El Mahroug (tal el nombre de "Ruby"), la Iglesia Católica, que hasta ahora se había mostrado muy tolerante respecto de la situación, acaba de formular una advertencia sustancial. Salió a denunciar, según consigna ayer la agencia AFP, "conductas difícilmente compatibles con la dignidad institucional" por parte de Il Cavaliere.

Es difícil determinar si Berlusconi conoce de la existencia específica de Tucumán. Lo que no resulta complicado de intuir es que, si conociera las últimas novedades legales y constitucionales, le parecería un lugar estupendo, cuanto menos, para hacer política. Porque en esta provincia, incurrir en desórdenes de conducta ya no representa ningún inconveniente para los gobernantes.

Lo uno y no lo otro
La eliminación de los "desórdenes de conducta" como causal para el enjuiciamiento y destitución de los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia actualizó la situación. LA GACETA reveló el domingo pasado que durante el proceso de compilación del derecho positivo tucumano encarado por Digesto Jurídico Provincial, esa figura había sido eliminada de la Ley de Administración Financiera. (Ver "Una buena nueva...")

Este nuevo capítulo en la desaparición de las sanciones a las malas conductas privadas de los hombres públicos genera, prima facie, una situación tan confusa como desigual en el Estado. Por un lado, los políticos podrán incurrir en "desórdenes de conducta" sin que ello haga peligrar objetivamente la continuidad en sus cargos. Por otro, la Carta Magna provincial consigna que los miembros del Poder Judicial permanecen en funciones mientras dura -nada menos- su buena conducta. Y en cuanto al Tribunal de Cuentas, cuyos vocales son equiparados en remuneraciones e inamovilidad a los magistrados de la Corte Suprema, se presenta una suerte de dualidad. "Los vocales son inamovibles y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta", fija el artículo 79. En contraste, la ley madre que organiza el ente técnico de control estatal, la 6.970, ya no prevé la mala conducta en su capítulo de Remoción de los miembros del Tribunal.

"La figura del ?desorden de conducta? desaparece de la Ley de Administración Financiera porque daba pie al abuso de denunciantes o del mismo juzgador", explicó el legislador José Alberto Cúneo Vergés, presidente de la comisión del Digesto. En sentido opuesto, para los constitucionalistas Luis Iriarte y Gilda Pedicone de Valls, la situación se presenta como una cuestión de verdadera gravedad institucional.

Pero lo que "parece" cada vez importa menos en Tucumán. Con sólo "serlo" basta y sobra.