Según los expedientes que obran en la Justicia Federal, hace 36 años, unas 900 personas fueron detenidas, torturadas y exterminadas durante el último gobierno de facto, en el predio de 350 hectáreas denominado Arsenal Miguel Azcuénaga.
Desde hace tres años, un grupo de 20 personas del Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja para reconstruir parte de la historia de los detenidos-desaparecidos que pasaron por el ex arsenal y que, según la evidencia encontrada, fueron ejecutados y luego incinerados en fosas comunes por las fuerzas militares de la época. Es la primera vez que la Justicia Federal permite que la prensa acceda al lugar para conocer el trabajo que desarrollan los profesionales. El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, encabezó la caminata junto a los jueces federales, Mario Racedo y Daniel Bejas.
Viaje al pasado
Los senderos de tierra se bifurcan en el predio a medida que el contingente avanza. La vegetación agreste se abre y la primera imagen que se ve es una vieja casona con techos de tejas, a dos aguas. A simple vista se asemeja a un establo. "Aquí funcionó uno de los centros de detención y una sala de tortura", le comenta Racedo al juez supremo de la Nación.
La caminata sigue y una enorme carpa blanca de unos 30 metros de largo sorprende a todos. Hay una retroexcavadora al costado. Debajo de la enorme lona hay una fosa del tamaño de una pileta de natación. Presenta varios niveles de excavación. La imagen habla por sí sola. Es el trabajo de los antropólogos. Selva Varela, una de las profesionales del grupo, hace las veces de vocera y explica: "lo que podemos ver acá es una estructura, una fosa, que se hizo en su momento para la quema de cuerpos. Encontramos muchos fragmentos óseos calcinados. También hallamos balas y vainas de la época, ganchos de biblioratos y restos de gomas. El color blanquecino del suelo nos dice que fue una fosa común de exterminio".
El grupo de visitantes regresa a la casona. Se observa desde afuera las marcas en la pared que dejaron los tabiques que separaban las celdas. "En este lugar se estima que alojaban a 40 personas", le explica Bejas al juez. El magistrado quiebra su silencio y afirma: "No hay duda alguna que este era un lugar de exterminio. Es lamentable que esto haya pasado en la Argentina. Estas investigaciones no sólo son importantes como materia probatoria para llevar adelante los juicios, sino también como modo de entender lo que nos pasó a los argentinos. Uno puede ser de derecha o de izquierda, pero el secuestro, la tortura y el exterminio son cosas que no se pueden hacer, cualquiera sea la ideología que uno tenga".
Al final, Lorenzetti se dirigió hacia el Pozo de Vargas. Allí, un grupo de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) lo esperó para saludarlo afectuosamente. El magistrado realizó una inspección ocular y se retiró.
Desde hace tres años, un grupo de 20 personas del Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja para reconstruir parte de la historia de los detenidos-desaparecidos que pasaron por el ex arsenal y que, según la evidencia encontrada, fueron ejecutados y luego incinerados en fosas comunes por las fuerzas militares de la época. Es la primera vez que la Justicia Federal permite que la prensa acceda al lugar para conocer el trabajo que desarrollan los profesionales. El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, encabezó la caminata junto a los jueces federales, Mario Racedo y Daniel Bejas.
Viaje al pasado
Los senderos de tierra se bifurcan en el predio a medida que el contingente avanza. La vegetación agreste se abre y la primera imagen que se ve es una vieja casona con techos de tejas, a dos aguas. A simple vista se asemeja a un establo. "Aquí funcionó uno de los centros de detención y una sala de tortura", le comenta Racedo al juez supremo de la Nación.
La caminata sigue y una enorme carpa blanca de unos 30 metros de largo sorprende a todos. Hay una retroexcavadora al costado. Debajo de la enorme lona hay una fosa del tamaño de una pileta de natación. Presenta varios niveles de excavación. La imagen habla por sí sola. Es el trabajo de los antropólogos. Selva Varela, una de las profesionales del grupo, hace las veces de vocera y explica: "lo que podemos ver acá es una estructura, una fosa, que se hizo en su momento para la quema de cuerpos. Encontramos muchos fragmentos óseos calcinados. También hallamos balas y vainas de la época, ganchos de biblioratos y restos de gomas. El color blanquecino del suelo nos dice que fue una fosa común de exterminio".
El grupo de visitantes regresa a la casona. Se observa desde afuera las marcas en la pared que dejaron los tabiques que separaban las celdas. "En este lugar se estima que alojaban a 40 personas", le explica Bejas al juez. El magistrado quiebra su silencio y afirma: "No hay duda alguna que este era un lugar de exterminio. Es lamentable que esto haya pasado en la Argentina. Estas investigaciones no sólo son importantes como materia probatoria para llevar adelante los juicios, sino también como modo de entender lo que nos pasó a los argentinos. Uno puede ser de derecha o de izquierda, pero el secuestro, la tortura y el exterminio son cosas que no se pueden hacer, cualquiera sea la ideología que uno tenga".
Al final, Lorenzetti se dirigió hacia el Pozo de Vargas. Allí, un grupo de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) lo esperó para saludarlo afectuosamente. El magistrado realizó una inspección ocular y se retiró.