Con los mismos argumentos que usaron en 2006 -año en que fue creado el Sutrappa- para criticar el funcionamiento del sistema de taxis, los concejales de la capital aprobaron ayer un nuevo incremento en la bajada de bandera y endurecieron las penas para los propietarios de autos de alquiler que no cumplan con las ordenanzas. Paralelamente, establecieron un incremento del canon mensual que los concesionarios abonan mensualmente a la Municipalidad, para prestar ese servicio público.
De esta manera, la nueva tarifa del taxi pasará a costar $ 3,50 y la ficha cada 100 metros, $ 0,26. Es por ello que, para viajar 25 cuadras, un usuario tendrá que gastar $ 10. Sólo resta que la ordenanza sea promulgada por el intendente, Domingo Amaya, para que entre en vigencia el nuevo valor. Si bien el jefe municipal no adelantó todavía cuál será su decisión, afirmó que dependerá de un "estudio de costos" que realicen los técnicos del municipio.
Únicamente los tres concejales de la oposición, José Costanzo (Partido Autónomo), Claudio Viña (FR), y José Luis Avignone (UCR) votaron en contra del tarifazo. El resto, los 14 ediles alperovichistas (la legisladora electa, Sara Noemí Correa, fue la única ausente), se pronunció en favor del incremento.
La sesión comenzó pasadas las 10 y el primer punto del orden del día aprobado por los ediles fue un proyecto de ordenanza que endurece las multas para los propietarios de vehículos que circulen sin licencia por la ciudad. Los que incurran en esta falta deberán abonar una pena económica de $ 10.000. Además, aquellos autos de otras jurisdicciones que levanten pasajeros en la capital deberán pagar $ 5.000 en concepto de multa. También, se castigará con una sanción de $ 2.000 a todo taxi habilitado que circule sin la ficha identificatoria del chofer. Este tema generó polémica entre los concejales, ya que algunos argumentaron que la rigurosidad de las multas no garantiza un mayor cumplimiento por parte de los propietarios de autos.
"Aquí hay un tema del que nadie habla y es lo que establece el artículo 46º del Código de Faltas. La norma fija que los autos secuestrados deberán permanecer seis meses en el corralón. Es obvio que esto no se cumple porque los vehículos son entregados al otro día, luego de pagar la multa, y siguen trabajando de manera irregular", se quejó Avignone. El argumento del radical fue relativizado por el peronista Esteban Dumit. "Con penas de $ 10.000, los autos van a permanecer más tiempo en el corralón municipal. Además, el aumento de las multas va dirigido a aquellos que quieren salir a hacer ?un currito? el fin de semana, sin habilitación", graficó.
El ex bussista Javier Morof también opinó en igual sentido que Dumit. "Los autos salían rápidamente del corralón porque antes la multa era solamente de $ 1.000. Ahora será distinto", justificó. Por su parte, Juan Carlos Mamaní (PJ) lanzó una frase sugestiva. "Sabemos lo que pasa en la calle con los inspectores cuando se aplican multas elevadas", disparó, en lo que se interpretó como una alusión al pago de coimas. En tanto, el amayista José Franco hizo una autocrítica. Sentenció que el sistema de taxis mejorará cuando el Concejo deje de dar prórrogas a los autos con 14 años de antigüedad. "Tenemos que hacer un mea culpa y dejar de otorgar prórrogas a vehículos vencidos", señaló el concejal.