"Hay errores que no se pueden perdonar". La aseveración del secretario de la Junta Electoral Provincial (JEP), Darío Almaraz, apunta a justificar una idea que crece con fuerza entre los integrantes de órgano que fiscalizó los comicios: no pagar por la tarea a las autoridades de mesa que cometieron irregularidades durante la jornada del 28 de agosto.
El funcionario aclaró que aún no disponen de datos exactos para saber cuántas personas cometieron errores en la confección de las planillas, pero consideró que tales anomalías merecen un castigo. "La idea es que quien haya cometido errores muy gruesos tenga algún castigo. Pero todo saldrá del análisis que hagamos de cada acta de escrutinio, porque la verdad es que se vieron cosas como para pensar en dónde estuvo el presidente de mesa ese día. El acta es un documento electoral que debieron registrarla como corresponde; si no está legible o vacía se está atentando contra la voluntad del pueblo", añadió. Almaraz admitió que las autoridades de mesa necesitan una mayor capacitación. El 28 de agosto actuaron más de 6.000 personas como presidente o secretario, a quienes la JEP debe pagar $ 250 o $ 300, en caso de que hayan realizado el curso de capacitación previo.