Con la resolución del juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez, que dejó a Rubén Eduardo Ale y a Felipe Daniel Jorrat detenidos con prisión preventiva, la causa sobre la presunta banda de usurpadores que se apropió de una finca y de una cosecha de soja en Los Pereyra entró en una meseta. Los defensores, ahora, están trabajando para rebatir los argumentos del magistrado en la Cámara de Apelaciones.

Para ello, los letrados tendrán acceso a gran parte del expediente, y podrán conocer con detalle muchas de las 84 pruebas que el fiscal Guillermo Herrera utilizó para imputar al presidente de San Martín y las más de 60 evidencias que contempló para el caso del ex dirigente "decano".

Los argumentos

"Será importante para nosotros conocer los argumentos del juez, ya que no hemos tenido oportunidad hasta ahora. Tenemos que analizar en detalle las evidencias que valoró, y trabajaremos sobre esa base", adelantó el abogado Manuel Pedernera, defensor de Jorrat. Hace unos días, Cergio Morfil, defensor de Rubén Ale, también se mostró preocupado por la rigidez del secreto de sumario, ya que cuando el fiscal requirió la prisión preventiva de su cliente, no pudo acceder al escrito que recibió el juez.

Los letrados no pueden acceder al expediente desde el 11 de agosto, cuando Jorrat quedó detenido después de haber prestado declaración ante Herrera. Poco después, Rubén Ale quedó internado en un sanatorio, luego de pasar algunos días prófugo.

El fiscal sospecha que los imputados lideraban una banda de usurpadores que habría irrumpido el 1 de marzo en una finca de Los Pereyra, donde estaban trabajando empleados de la firma Servicios y Negocios S.A. Según la imputación, los hombres armados usurparon las tierras, se apropiaron de varias toneladas de soja y luego vendieron los granos en el mercado "negro".