BUENOS AIRES.- Con distintos matices, los candidatos presidenciales Ricardo Alfonsín (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Eduardo Duhalde (Unión Popular) y otros referentes de la oposición salieron ayer a meter presión sobre el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, por las acusaciones que lo vinculan con prostíbulos. Si bien algunos estuvieron de acuerdo en que debe dar explicaciones formales, otros reclamaron su renuncia y otros se inclinaron por el juicio político, al punto que hoy será convocado para que "explique" en el Congreso su situación.
Ayer, circuló con fuerza en internet la renuncia del juez, al punto que Alfonsín se hizo eco y lo afirmó, aunque tanto en el despacho del magistrado como en el área de prensa del Tribunal la desmintieron.
Pero fue Zaffaroni quien salió anoche a defenderse. Aseguró que le resulta "insólito estar en medio de un escándalo político" por una noticia de la "prensa amarilla" respecto del alquiler de unos departamentos a su nombre en los cuales, supuestamente, se ejercía la prostitución.
"Quieren provocar mi renuncia", enfatizó el magistrado, que agregó que la situación lo "supera totalmente". Luego apuntó que está dispuesto a dar todas las explicaciones que sean necesarias porque no tiene que "ocultar nada".
"No sé si hay delito. Hasta ahora lo que hay es una actividad ilícita de la cual yo soy víctima", sostuvo Zaffaroni en declaraciones a Radio Nacional.
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Antes de estas declaraciones, el titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados, Jorge Triaca, había anticipado que el ministro de la Corte será convocado hoy a ese cuerpo.
En tanto, la ONG antitrata La Alameda aportó ayer nuevos datos a la Procuración General sobre los departamentos de Zaffaroni, en los que se ejercería la prostitución. Se trata de documentación y testimonios que aseveran que los departamentos de Bacacay al 1300, Dellepiane al 600 y Santa Fe al 1200 son de Zaffaroni. Gustavo Vera, titular de la ONG, dijo que son recibos de expensas a nombre de Ricardo Montivero, apoderado del juez, y quejas de consorcistas, porque allí trabajan mujeres dominicanas, paraguayas y argentinas.
De confirmarse estas denuncias, serían seis las propiedades a nombre de Zaffaroni donde se ejercería la prostitución, cuestión que investiga la Justicia.
El propio Zaffaroni había admitido, a través de una carta pública, que en cuatro de esos departamentos "es posible que sea verdad que se ejercía la prostitución" y que instó a su apoderado a que verifique los contratos de sus 15 inmuebles y vea qué hay en cada uno. Como no puede ejercer actividad comercial ni administrarlos personalmente, precisó que tiene "un apoderado y una inmobiliaria que los alquila". Sin embargo, Vera rechazó esos dichos: "es un chiste; su apoderado Montivero, tiene domicilio legal en la casa de Zaffaroni, lo que significa que si el juez lo denuncia, cosa que todavía no hizo, y llama la atención, la carta le llega a su propia casa", dijo.
Carrió opinó diferente de Alfonsín, que pidió la dimisión del juez: "no es republicano el pedido de renuncia; lo que corresponde es el juicio político y no sólo por este tema, sino por las pruebas que existen de que el juez asesoró a miembros del Ejecutivo sin respetar la división de poderes".
Duhalde, en tanto, evaluó que el juez debe dar "una explicación convincente y más adecuada" sobre los hechos.
El abogado Ricardo Monner Sans, también salió al ruedo. Dijo que Zaffaroni "se tiene que ir ya, sin esperar que se le juzgue". "Si nada sabía (de los prostíbulos), su propia confesión le descalifica para seguir en la Corte". (NA-DyN)