La carrera electoral hacia el 28 de agosto comenzó a correrse por los pasillos tribunalicios y por los despachos de la Junta Electoral Provincial (JEP). Al planteo formulado por la diputada nacional -y candidata a gobernadora por Proyecto Popular- Stella Maris Córdoba, por el que solicita a la Justicia que suspenda provisoriamente los comicios provinciales, se suman algunas presentaciones ante la JEP, por las que se impugnan varias candidaturas; en especial, la del gobernador, José Alperovich.
El candidato a gobernador por Nos une el Cambio, Carlos Francisco Ruiz Vargas, cargó contra las postulaciones del mandatario, y de intendentes y legisladores oficialistas. Basa su impugnación sobre dos ejes: por un lado, la cuestión de la re-reelección, por la que presentó un planteo en la Justicia en el que solicita que se declare nulo el artículo 159 de la Constitución de 2006 (expresa que para la reelección no vale el período 2003-2007). Por otro, cuestionó las postulaciones de los parlamentarios debido a que muchos de ellos contarían con causas judiciales.
El legislador Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro -candidato a gobernador por el Frente Para el Encuentro, Renovación y Unidad de Compañeros Argentinos (Peruca)- también impugnó la candidatura de Alperovich. Fundamentó el pedido en una serie de cuestiones, entre las que figura el polémico artículo 159. Sobre esa base, fustigó: "la candidatura de Alperovich es inconstitucional, arbitraria, incoherente, discriminatoria; forma parte de un plan para mantenerse en el poder indefinidamente, y afecta mis derechos". Precisó esto en una nota dirigida al presidente de la JEP, Antonio Estofán. Agregó que el mandatario es el único por el que se modificaron tres estatutos a fin de facilitar su postulación. "En 2003 el Partido Justicialista reformó su carta orgánica y eliminó la 'antigüedad de dos años en la afiliación'; luego, se enmendó la Constitución para que pueda asumir (el) cargo, ya que una cláusula le obligaba a jurar por los Santos Evangelios; y (se) reforma la Carta Magna para otorgarle la exclusiva chance de reelegirse por un tercer período consecutivo", aseveró.
A esto se suma el rechazo que había recibido el planteo judicial de Córdoba, por parte de dos dirigentes. En su presentación, la diputada había argüido que a partir de que los vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, habían declarado nula la integración con mayoría política de la JEP, todas sus resoluciones debían también considerarse nulas.
El legislador alperovichista Roberto Palina había considerado el planteo políticamente inaceptable, y advirtió que él mismo podía recurrir a la Justicia, en protesta del pedido de Córdoba. A Palina se le sumó Alberto Espinosa, que acusó a la parlamentaria kirchnerista de pretender ganar elecciones sobre la base de planteos judiciales.
"Nuevo cronograma"
El patrocinante de Córdoba, Bernardo Lobo Bugeau, salió a responderles a ambos. "No concebimos la política como una actividad 'resultadista' o aritmética, sino como una herramienta para transformar la realidad. Los actos dispuestos por la JEP forzaron la aplicación de un cronograma electoral sin dar certeza de la ratificación, rectificación, complementariedad o sustitución de actos emitidos por una junta disuelta. Ello no implica pretensión de suspensión sin fecha de los comicios provinciales, sino la fijación de un nuevo cronograma que pueda evitar suspicacia o desmedro sobre la legalidad o legitimidad de las elecciones", afirmó.
El candidato a gobernador por Nos une el Cambio, Carlos Francisco Ruiz Vargas, cargó contra las postulaciones del mandatario, y de intendentes y legisladores oficialistas. Basa su impugnación sobre dos ejes: por un lado, la cuestión de la re-reelección, por la que presentó un planteo en la Justicia en el que solicita que se declare nulo el artículo 159 de la Constitución de 2006 (expresa que para la reelección no vale el período 2003-2007). Por otro, cuestionó las postulaciones de los parlamentarios debido a que muchos de ellos contarían con causas judiciales.
El legislador Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro -candidato a gobernador por el Frente Para el Encuentro, Renovación y Unidad de Compañeros Argentinos (Peruca)- también impugnó la candidatura de Alperovich. Fundamentó el pedido en una serie de cuestiones, entre las que figura el polémico artículo 159. Sobre esa base, fustigó: "la candidatura de Alperovich es inconstitucional, arbitraria, incoherente, discriminatoria; forma parte de un plan para mantenerse en el poder indefinidamente, y afecta mis derechos". Precisó esto en una nota dirigida al presidente de la JEP, Antonio Estofán. Agregó que el mandatario es el único por el que se modificaron tres estatutos a fin de facilitar su postulación. "En 2003 el Partido Justicialista reformó su carta orgánica y eliminó la 'antigüedad de dos años en la afiliación'; luego, se enmendó la Constitución para que pueda asumir (el) cargo, ya que una cláusula le obligaba a jurar por los Santos Evangelios; y (se) reforma la Carta Magna para otorgarle la exclusiva chance de reelegirse por un tercer período consecutivo", aseveró.
A esto se suma el rechazo que había recibido el planteo judicial de Córdoba, por parte de dos dirigentes. En su presentación, la diputada había argüido que a partir de que los vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, habían declarado nula la integración con mayoría política de la JEP, todas sus resoluciones debían también considerarse nulas.
El legislador alperovichista Roberto Palina había considerado el planteo políticamente inaceptable, y advirtió que él mismo podía recurrir a la Justicia, en protesta del pedido de Córdoba. A Palina se le sumó Alberto Espinosa, que acusó a la parlamentaria kirchnerista de pretender ganar elecciones sobre la base de planteos judiciales.
"Nuevo cronograma"
El patrocinante de Córdoba, Bernardo Lobo Bugeau, salió a responderles a ambos. "No concebimos la política como una actividad 'resultadista' o aritmética, sino como una herramienta para transformar la realidad. Los actos dispuestos por la JEP forzaron la aplicación de un cronograma electoral sin dar certeza de la ratificación, rectificación, complementariedad o sustitución de actos emitidos por una junta disuelta. Ello no implica pretensión de suspensión sin fecha de los comicios provinciales, sino la fijación de un nuevo cronograma que pueda evitar suspicacia o desmedro sobre la legalidad o legitimidad de las elecciones", afirmó.