A casi cuatro meses del inicio de una nueva etapa del conflicto con el Gobierno, y en medio de denuncias por agresiones y por persecuciones, el sector de trabajadores autoconvocados de la salud acentúa las protestas en hospitales y en Centros de Atención Primarios de Salud (CAPS).

La amenaza de restringir la atención en las guardias y el cierre de las puertas de algunos centros durante la semana no sólo motivaron acciones judiciales por parte del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), para que se garantice el acceso y la atención de los pacientes; durante los últimos días, además, se notó que se reforzó la presencia de uniformados (de la Policía de la provincia y de agencias de seguridad privadas) en los hospitales.

En los pasillos del Centro de Salud el conflicto es claramente visible. Ingreso principal clausurado, pasillos con pegatinas, áreas con las luces apagadas y el quirófano central cerrado, desde hace más de 20 días.

En la espera

Unos se resignan y deciden esperar. Otros desesperan y claman por una solución. El quite de colaboración impacta de diversas maneras en los pacientes, sobre todo en aquellos que no padecen una dolencia de extrema urgencia. Los familiares de los enfermos internados en las salas de traumatología sienten que el concepto de urgencia (sólo las emergencias se atienden con normalidad) es arbitrario cuando se padece una situación en carne propia. Un grupo detalló a LA GACETA que algunas personas esperan ser operados desde hace más de tres meses. Unos piden reserva de sus nombres y otros delatan la situación con nombre y apellido. Silvia del Valle Soria rompe en llanto de impotencia. "Paradójicamente, mi hijo de 16 años se accidentó en moto cuando se dirigía al dispensario por un dolor de muela. Ahora está internado desde hace dos meses y lo atienden bien. Tiene quebrada la tibia y el peroné y deben operarlo y ponerle un clavo", relata angustiada. Dice no estar ni a favor ni en contra del Gobierno o de los autoconvocados pero exige una solución, y clama: "los que quedamos en el medio somos los pobres. Por favor, resuelvan esto".

Selva vive una situación similar. Su hijo fue asaltado hace tres meses. "A Sebastián lo balearon y le quebraron el fémur. El gobernador tiene que ponerse una mano en el corazón y ver por la salud de todos los enfermos. Que reciba a los médicos. Esto no da para más", protesta.

Claudia Luna duerme en el piso desde hace tres meses. La joven cuida a su madre, de 64 años, que se quebró el fémur. "Hay gente que está desde antes que mi mamá. Todos se culpan mutuamente, pero la única realidad es la gente que está tirada ahí dentro. Resolver el conflicto es urgente", afirma. Asevera que junto a parientes de otros internados están instalados en la institución sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares.

Un familiar que optó por mantenerse en el anonimato dijo estar harto de la espera y la incertidumbre. "Mi hermano se quebró la cadera y tiene que ser operado cuanto antes. Me parece bien que se proteste y que se reclame lo justo, pero por favor que vuelvan a operar. Por otro lado, el Gobierno no puede desentenderse y dejarnos a los ciudadanos con nuestros enfermos a la buena de Dios", reclamó.

Los trabajadores volvieron a protestar ayer en la calle. Cortaron la avenida Avellaneda, donde compartieron un desayuno comunitario. Desde las 20 de hoy marcharán hacia la plaza Independencia. "Le pedí al capellán del hospital que nos preste la imagen de la Virgen del Valle. Nos acompañará en la marcha. Pediremos diálogo y repudiaremos la violencia", afirmó la médica Norma Villafañe.

El enfermero jefe de la sala de quemados, Mario Macías, destacó que tras la nota del martes en LA GACETA -en la que denunció el mal estado del área- se inició el traslado hacia una dependencia mejor.