MONTEVIDEO.- El Estado uruguayo quedó habilitado para asociarse con capitales privados en proyectos de infraestructura, luego de que la Cámara de Diputados aprobara finalmente la ley de Participación Público Privada. A partir de su promulgación, se podrán encarar varias actividades, principalmente la reparación y construcción de rutas; la recuperación del ferrocarril y la producción de energía. La polémica norma fue resistida hasta último momento por el Partido Comunista de Uruguay (PCU), que exigía que en el texto figure el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la garantía de que no se va a enajenar el patrimonio nacional.
La oposición acompañó el proyecto junto a la mayoría de los legisladores del oficialista Frente Amplio (FA), pero dejó constancia del cambio de posición de la izquierda que, históricamente, se opuso a las privatizaciones (en 1992, frustró una iniciativa similar del entonces gobernante Partido Nacional, conocido como Blanco). Esas contradicciones también quedaron en evidencia en la interna de la coalición en el Gobierno, donde el PCU se queja de que el presidente, José Mujica, no consulta antes sus iniciativas. (DPA)