Desde ayer hasta el 28 de agosto transcurrirán 48 días para que el fantasma que en un tiempo fue el del "caso abstracto" se corporeice frente a una ciudadanía cautiva.
La Corte Suprema y todo el sistema judicial ante el inicio de las demandas contra algunos artículos de la Constitución de 2006 vienen utilizando el tiempo como si fuese un bien ilimitado, frente a las demandas por inconstitucionalidad del artículo que permite sólo a los actuales reelectos volver a ser elegidos. Sólo a ellos, a nadie más.
Será tan tarde la reacción jurisdiccional que sobrevendrá la oprobiosa salida de la "cuestión abstracta". La doble reelección es una discriminación que va contra la Ley 23.592, que prohibe cualquier clase de acción discriminatoria. La insostenible paciencia del ciudadano frente al Poder Judicial (el menos poderoso de los tres poderes) hace que advierta una cuasi sumisión, con respeto a los magistrados. Un respeto que el propio Poder Judicial no tuvo para sí cuando en la Constitución consintió que para la destitución por juicio político (artículo 42) se requiriese los dos tercios del Tribunal juzgador para los miembros de la Corte Suprema y el Ministro Fiscal y de una más agravada, tres cuartos, (un nuevo privilegio) para el gobernador y su vice.
Si el gobernador quisiese privilegiar el valor justicia y atendiera tantos reclamos de inconstitucionalidad en curso podría -en un gesto ético de buena política- prorrogar las elecciones al 23 de octubre, con las nacionales. Se lo permite el artículo 100 de la Constitución. Así, la justicia tendría tiempo para pronunciarse, si quisiese.